El documento de trabajo aprobado el pasado mes de abril por el Gobierno de Aragón se ajusta a los objetivos de la Agenda 2030 y apuesta por una cooperación “descentralizada”, la ampliación de las prioridades geográficas y la inclusión de prioridades transversales, así como “el refuerzo” de la evaluación de sus resultados
La Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales ha sometido a debate parlamentario el Plan de la Cooperación aragonesa para el Desarrollo (2020-2023), trámite previo a la presentación por parte de los diferentes grupos de sus propuestas de resolución que serán valoradas por la Mesa y posteriormente debatidas y votadas en el órgano sectorial, tal y como recoge el artículo 233 del Reglamento de las Cortes de Aragón.
La presentación del documento de trabajo aprobado por el Gobierno de Aragón el pasado 16 de abril ha corrido a cargo de la consejera del ramo María Victoria Broto, quien ha destacado la apuesta por una cooperación “descentralizada” y “ligada a la ciudadanía”, con la inclusión de las entidades locales bajo un marco de “unidad de acción” y “coherencia” con las políticas públicas, que tiene como “hoja de ruta” los objetivos que marca la Agenda 2030.
La responsable de Ciudadanía y Derechos Sociales ha explicado que el plan cuenta con más de cinco millones de euros de presupuesto (una partida que se ha duplicado desde 2015) y recoge ciento seis de las cerca de doscientas aportaciones presentadas en los talleres celebrados. “La no aprobación de las otras ochenta y seis propuestas se debió a que ya estaban incluidas en las restantes o que no contaron con el consenso suficiente”, ha aclarado.
El documento tiene en cuenta asuntos como la agenda feminista, la lucha contra el cambio climático y las migraciones, así como la necesidad de incorporar la ciencia y las políticas de cooperación al desarrollo. Broto ha detallado que el Plan contempla la ampliación de las prioridades geográficas con la inclusión de los países más desfavorecidos en el índice de desarrollo humano, así como la de Filipinas y Nepal, pero también tiene en cuenta una serie de prioridades transversales, como la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, la protección del medio ambiente y de la defensa de los derechos humanos. De todos ellos, la consejera ha resaltado el valor “fundamental” de la igualdad entre hombres y mujeres porque, a su juicio, “está demostrado que los derechos de las mujeres, además de ser realmente una cuestión de justicia, está relacionada con el desarrollo de un país”.
Por último, Broto se ha marcado como objetivos “reforzar la cultura de evaluación” de estos planes para conocer sus resultados, para lo que ha anunciado la incorporación de nuevos agentes a través de las entidades locales, así como “dar mayor visibilidad” a la labor realizada para la sociedad aragonesa la conozca en mayor profundidad y sea más consciente de su importancia. “Debemos conocer el lugar que ocupa Aragón en el mundo y sentirnos orgullosos de ello”, ha rematado.
Desde las filas socialistas, Pilimar Zamora ha asegurado que la pandemia “no nos puede hacer retroceder en el empeño de reducir las brechas de desigualdad” porque esta crisis, en su opinión, deja aprendizajes como la solidaridad, la vulnerabilidad de nuestro mundo interdependiente y que "el virus no entiende de fronteras".
Por el PP, Ana Marín ha valorado que en la cooperación al desarrollo “no se trata de poner parches sino evitar que se tengan que poner” y ha agradecido la petición de ampliar el listado de países donde colaborar. En el debe ha situado la “insuficiente” información y sensibilización a la población aragonesa del trabajo realizado.
Loreto Camañes (Ciudadanos) ha esgrimido el Estatuto de Autonomía para defender el papel de la Comunidad en materia de cooperación al desarrollo, materia sobre la que ha considerado que “se ha avanzado, pero todavía queda mucho para lograr un mundo más justo, especialmente en el periodo de la pospandemia”.
Para Marta Prades (Podemos EQUO Aragón), la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto “la solidaridad” de la gente, porque fue lo primero que se puso “en marcha” para beneficio de lo común y ha alabado la alta participación que ha suscitado este plan, lo que, a su juicio, demuestra la importancia y el interés de los colectivos.
En opinión de Carmen Martínez (CHA), se debe destacar la mejora que supone la inclusión en el plan de las de prioridades transversales, como la igualdad entre hombres y mujeres y la protección y defensa de los derechos humanos y ha defendido la participación social y el índice de propuestas aprobadas.
David Arranz (Vox en Aragón) ha pedido “humildad” ante un plan “grandilocuente y quimérico, un brindis al sol más propio de una lista de deseos de una miss” con el que desde Aragón se pretende, entre otras “abstracciones inalcanzables”, acabar con el hambre en el mundo “cuando apenas somos capaces de hacer frente a nuestras situaciones de pobreza”.
Esther Peirat (PAR) ha considerado “fundamental” impulsar este tipo de ayudas en un momento como el actual, en el que la pandemia ataca “y no entiende de fronteras” y ha destacado la condición de Aragón de “pueblo solidario” que lleva años colaborando en esta tarea.
Álvaro Sanz (IU) ha resaltado la importancia de contar con políticas públicas “fuertes” en materia de cooperación para contribuir a resolver problemas como la violación “intolerable” de los derechos humanos, la desigualdad “insufrible” entre hombres y mujeres y la “destrucción y depredación” del planeta.