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21.09.2017
Comparecencias y Peticiones Ciudadanas

Portavoces del sector educativo en CGT, STEA-i y MHUEL califican la política del Ejecutivo como “deliberada en favor de la concertada y en detrimento de la pública”

Tres representantes de la Confederación General del Trabajo, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Aragón y el Movimiento hacia un Estado Laico han criticado esta mañana al Gobierno por, según sus palabras, decisiones “sectarias y de capitalismo de amiguetes que desmantelan lo que es de todos” y “privilegio y favoritismo a los centros concertados”

Los representantes de estos colectivos han sido los segundos protagonistas esta mañana.


Zaragoza, 23/09/14.- Representantes del Sindicato de Enseñanza de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Aragón, del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA-i) y del Movimiento hacia un Estado Laico (MHUEL) han criticado esta mañana en las Cortes la política del Ejecutivo, calificándola como “deliberada en favor de la concertada y detrimento de la pública”. Estos tres colectivos, a través, respectivamente, de Teresa Olalla, Manuel Fernández y Pedro García, han trasladado a los diputados de la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas sus impresiones sobre la situación de los centros en cada uno de los dos modelos.

Unas decisiones gubernamentales que García ha adjetivado como “sectarias” y “propias de un capitalismo de amiguetes que desmantela lo que es de todos”. En su opinión, “la educación pública aragonesa vive un trienio negro con diferencias injustificables” entre público y concertado. “A la gente se le conoce mejor revisando lo que gasta que escuchando lo que dice”, ha añadido, presentando una serie de cifras presupuestarias que, para él, demuestran “las preferencias políticas por la concertada”.

Desde CGT, Olalla ha hablado sobre el último proceso de admisión de alumnos, que para ella ha tenido “privilegios y favoritismo para los centros concertados”. Esta representante ha criticado lo que, según sus palabras, es “manipulación mediática” al “no respetar las plantillas jurídicas de los centros públicos”. “Pedimos la retirada de conciertos en las etapas no obligatorias y la bajada de ratios que evite el cierre de centros públicos”, ha expresado Olaya.

Por su parte, Fernández, representante de STEA-i, ha expuesto “el riesgo de crear dos redes desequilibradas” en torno a las necesidades especiales. Según las cifras que ha presentado, pertenecientes a un informe de Ebrópolis, “mientras que el ratio en alumnos españoles es equivalente entre pública y concertada, en extranjeros es del 70,7% frente al 29,2%”, algo que, en su opinión, supone “un riesgo evidente de transformar en guetos algunos centros”.

Desde el PP, Ramón Celma ha manifestado que “no entiendo esa necesidad de dividir cuando es necesario trabajar en la escuela pública como hasta el momento mejorando recursos y calidad”. Además, también ha incidido en que “si algo debemos proteger entre todos es a las familias con más dificultades”, que, según sus palabras, “si la concertada no existiese entraríamos en un perjuicio de discriminación entre ellos”.

Mª Victoria Broto (PSOE) ha deseado que “estos datos sean tenidos en cuenta” porque, para ella, “hacerlo supone tener en cuenta a la comunidad educativa”. En su opinión, “el desmantelamiento de lo público no solo se está produciendo en la educación, sino también en sanidad y en servicios sociales”. “Se trata de la conversión de los derechos de los ciudadanos en negocios”, ha criticado esta parlamentaria ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes.

La diputada del PAR María Herrero ha mostrado su defensa a la “igualdad entre alumnos”.Ya está bien de una confrontación absurda que no va a ningún sitio. Yo defiendo la buena escuela pública, la concertada e incluso la no concertada para quien pueda pagarla”, ha añadido en este sentido. Herrero, además, ha expresado que “no habla de clases” y que siempre lo hace “con seriedad”, dirigiéndose a los comparecientes porque “igual son ustedes los que están más próximos a los que hablan de castas”.

Por parte de CHA, Gregorio Briz ha recordado que la posición de su Grupo es “una escuela concertada subsidiaria mientras no haya una red pública suficiente”. “No hay que desmantelarla de repente, sino hacer una política hacia la creación de esa red”, ha añadido. Para este parlamentario, la política del Ejecutivo es “un modelo económico, educativo y social ya implantado, el neoliberal o neocon”, lo que incluye, según sus palabras, “una jerarquización clara entre las clases altas y las clases bajas que el Gobierno usa en el lenguaje interno”.

Desde IU, Adolfo Barrena también ha apostado por “tender cuanto antes hacia la eliminación de los conciertos”, algo que, según ha vaticinado, se impulsará la próxima legislatura porque “van a cambiar las relaciones de fuerzas”. “Es denunciable la política de cerrar posibilidades en la escuela pública para impulsar la privada y es inaceptable que los centros concertados tengan todos los apoyos que es capaz de suministrar el Gobierno”, ha criticado este parlamentario.




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