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23.10.2017
Desarrollo Rural y Sostenibilidad

Lobera asegura que “no habrá ningún tipo de afección a la salud pública en la zona” por la instalación de la planta de biomasa en la localidad oscense de Monzón

El director del INAGA ha comparecido esta mañana en la Comisión de Desarrollo Rural, a petición Podemos y Grupo Mixto, donde ha confirmado que los niveles de emisión de esta planta industrial “se controlan”, que “no habrá afecciones para la salud” y que, también, “no hubo trato de favor” a este promotor por parte de este organismo público


Zaragoza, 10/10/17.- “No hemos hecho trato de favor a este promotor, ni a ningún otro, desde 2015 hasta aquí, ni tampoco con anterioridad”, ha afirmado el director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), Jesús Lobera, quien ha protagonizado la Comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad celebrada esta mañana en las Cortes de Aragón. De esta forma, en su comparecencia, solicitada por Podemos y Grupo Mixto, el director ha explicado la situación de la planta de generación de energía eléctrica mediante biomasa de 170 megavatios en Monzón (Huesca), sobre la cual, Lobera ha confirmado que “si los niveles de emisión se controlan, fehacientemente, no habrá ningún tipo de afección a la salud publica en esta zona”.

Sobre los procesos, Lobera ha manifestado que “no son raros, son transparentes, pero sí son complejos y hasta que no se finaliza un proceso no podemos completarlo”. Además, ha comentado que tienen vigentes “dos procesos contenciosos que no inhabilitan los procesos que puede seguir el promotor”. También ha comentado que, tras las solicitudes, en octubre de 2015, del Ayuntamiento de Monzón y de Ecologistas en Acción en Huesca, “se produjo una revisión de oficio de la autorización medioambiental integrada” que “no afectaba a la totalidad de la autorización, solo al plan y al control de emisiones”.

De esta forma, Lobera ha confirmado que el resto de cuestiones como la distancia “no eran analizadas”. “No hay nada en la legislación medioambiental que señale distancias mínimas” y, en este sentido, ha añadido que “legalmente debemos comprobar que nuestras mediciones no van a superar el máximo permitido por la Organización Mundial de la Salud o la jurisprudencia nacional o internacional”. “Le hemos exigido a la empresa un plan de control de emisiones y un sistema de medidas para constatar legalmente que la sanidad ambiental en la zona es suficiente”, ha concluido Lobera.

Desde Podemos, Marta de Santos ha destacado la “elevada preocupación que ha levantado el proyecto entre los ciudadanos” por “sus posibles afecciones al medio ambiente, al paisaje, a los cultivos y a la economía ya asentada”. En su opinión, “hay emisiones muy peligrosas que deberían preocuparnos a todos” y “los procedimientos tasados se hicieron mal y, por eso, tuvo lugar una revisión de oficio de la autorización”.

Por parte del Grupo Mixto, Patricia Luquin ha recordado que “es un proyecto con respuesta social que genera más incertidumbres que certezas”. “El principio de precaución, lo sabe usted mejor que yo, debe estar presente y demostrar que no debe haber afección. Entendemos que es el que debe de primar”, ha explicado. Para ella, “hacen falta respuestas con sinceridad y rigor” porque “no todo vale por el empleo”.

Miguel Ángel Navarro, que ha representado al PP en esta comparecencia, “la legitimidad de los técnicos, con criterios amparados en la Ley, está por encima de todo”. “Debemos dar ejemplo”, ha añadido en forma de crítica a los grupos proponentes. “Qué clase de políticos seríamos si cuestionáramos los informes. Podemos e IU lo hacen en forma de acusaciones de prevaricación. Algunos no tienen claro lo que es Ley y lo que no”, ha defendido este portavoz.

El socialista Enrique Pueyo ha agradecido “todo el detalle sobre el procedimiento administrativo seguido”. “Ahora son otras instituciones o los juzgados los que tendrán que dirimir el futuro de esta planta”, ha añadido sobre el trabajo ya realizado por el INAGA en sus competencias. En opinión del portavoz del PSOE, “está claro dónde está la situación estos momentos y qué queda por hacer”. “Agradecemos su diligencia con este y todos los temas que llegan al Instituto”, ha añadido.

La voz del PAR en esta comparecencia la ha expresado Lucía Guillén. “No sé si a base de insistir Podemos e IU se piensan que van a cambiar algo. Solo buscan remover a la gente”, ha manifestado esta portavoz. Por eso, ha asegurado que “ya la primera evaluación estableció unas medidas que se ampliaron en la segunda”. “Lo que hacen es poner en entredicho la profesionalidad de los funcionarios”, ha criticado Guillén.

El diputado de Ciudadanos Jesús Sansó ha valorado la comparecencia porque “los aspectos técnicos han quedado claramente explicados”. “Han aplicado procedimientos tasados, han revisado de oficio y la autorización está en vigor. En definitiva, se ha aplicado la normativa, incompleta o no incompleta”, ha explicado este portavoz. Para él, con esta petición de comparecencia, “se ha jugado a tergiversar porque la biomasa es una energía renovable”.




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