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20.11.2017
Economía, Industria y Empleo

Las Cortes instan a la rescisión del contrato con Marsegur de seguridad privada en instalaciones del Ministerio de Defensa por la situación de los trabajadores

La Comisión de Economía ha aprobado, con el voto a favor de PSOE y Grupo Mixto y la abstención de PP, Ciudadanos y PAR, un texto de impulso de Podemos en una reunión que, además, ha servido para estudiar otra propuesta del PP sobre empresas familiares


Zaragoza, 12/09/2017.-  La Comisión de Economía, Industria y Empleo ha aprobado, con los votos a favor de PSOE, Podemos y Grupo Mixto y las abstenciones de PP, PAR y Ciudadanos, una iniciativa de impulso de Podemos para “instar a denunciar de manera inmediata la concesión a Marsegur”, quienes realizan los servicios de seguridad privada en instalaciones del Ministerio de Defensa, debido a, según explica el texto, la anulación del convenio de empresa.

Así, a través de esta proposición no de ley las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que se dirija al Gobierno de España para a denunciar la situación de los trabajadores de esta concesionaria. Sobre ello, el diputado de Podemos Román Sierra ha asegurado que el personal de la empresa Marsegur “no ha cobrado la nómina de agosto” y “sus salarios han bajado un 40%”. Igualmente, Sierra ha afirmado que su “convenio colectivo de empresa no está vigente”.

Durante el turno de los grupos, Ricardo Olivan ha sostenido que “el Ministerio de Empleo ha denunciado el convenio de esta empresa” y, a su vez, ha trasladado que “el proceso de privatización de los servicios de seguridad en centros militares fue desarrollado desde 2009 por el PSOE”. La socialista Leticia Soria ha comentado que “se debe preservar los derechos laborales” y, por ello, “insta al Gobierno para defender a los trabajadores y se tomen las medidas frente a esta empresa incumplidora”.

Por su parte, Jesús Guerrero, del PAR, ha cuestionado la privatización de la seguridad en los espacios de defensa y ha mostrado su postura de abstenerse en esta iniciativa de impulso. Según Javier Martínez (Ciudadanos) “cuando habla de empresa no se aceptan situaciones que son propias del mayor de los sinvergüenzas pero el problema es más amplio de lo que aquí se está tratando, por ello hay que buscar soluciones”. Por último, desde el Grupo Parlamentario Mixto (IU), Patricia Luquin ha lamentado que “se permita que una empresa que se dedica a la vigilancia de las instalaciones de defensa lo haga por salarios de auténtica miseria”.

EMPRESAS FAMILIARES

La Comisión también ha debatido esta tarde un texto del PP que reclamaba, entre otras cuestiones, “desarrollar un programa específico de apoyo a la exportación para la empresa familiar” o “adoptar bonificaciones fiscales en la trasmisión de las empresas para evitar su cierre o su deslocalización”. La popular Dolores Serrat ha defendido el “reconocimiento a las empresas” de este tipo. “El crecimiento de un país está vinculado a la capacidad de sus empresas y todos sabemos que el paso de las familiares en Aragón es muy importante”, ha añadido en este sentido.

Sin embargo, el texto no ha salido adelante al recibir el voto en contra de PSOE, Podemos y Grupo Mixto. La socialista Leticia Soria ha reivindicado el trabajo del Ejecutivo en estas líneas, “apoyando el trabajo de estas empresas y su relevo generacional”, mientras que, para Erika Sanz (Podemos), “hay que estar encima de los que más lo pueden necesitar, como los autónomos y las microempresas familiares”. “Ya existen programas en este sentido”, ha asegurado. Desde el Grupo Mixto, la diputada de IU Patricia Luquin ha explicado que “no tenemos la misma posición que el PP en materia fiscal”.

Sí que han votado a favor PAR y Ciudadanos. Desde la primera de estas formaciones, Jesús Guerrero ha pedido “que no se pierdan este tipo de empresas porque después crear estos puestos de trabajo tiene dificultad”. “El Gobierno tiene que crear condiciones para reactivar la economía”, ha añadido. El parlamentario de Ciudadanos Javier Martínez ha asegurado que “la realidad el tejido productivo son las empresas familiares”. “Tiene ventajas como aferrarse al territorio y problemáticas en las que el Gobierno tiene que echar una mano”, ha explicado.




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