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19.10.2017
Comparecencias y Peticiones Ciudadanas

El colectivo de bibliotecarios solicita más recursos económicos y personal para atender a los usuarios

María Jesús Juste, Ignacio Nicolau y Ana Isabel Arjol han intervenido esta mañana en la Comisión de Comparecencias exponiendo ante los parlamentarios la situación de estos espacios en los municipios aragoneses, así como sus deficiencias más importantes


Zaragoza, 02/05/2017.- María Jesús Juste, Ignacio Nicolau y Ana Isabel Arjol, representantes del colectivo de Bibliotecarios y Bibliotecarias de Aragón, han intervenido esta mañana en la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes para informar a los diputados sobre la situación de las bibliotecas municipales de la Comunidad así como de sus deficiencias más importantes.

Juste ha pedido “más recursos económicos y personal” para atender a sus usuarios, “pues en numerosos municipios somos las únicas plataformas culturales permanentes, mucho más que lugares llenos de libros, por eso les demandamos que nos prioricen en sus políticas y que se impliquen”. “Somos trabajadores de los respectivos ayuntamientos, de forma que nuestra situación depende de los presupuestos municipales, así que si un Consistorio no decide no tener biblioteca no la tiene”, ha indicado Juste, que ha expresado que considera necesario que las más de 250 bibliotecas municipales aragonesas “recuperen e incluso amplíen el peso que tenían antes en el Ejecutivo autonómico”.

Nicolau ha señalado que el proceso por el que la DGA impulsó la firma de convenios con diputaciones y comarcas para transferir las competencias de Cultura a este respecto ha sido un “rotundo fracaso”. “Aragón no ejerce cabalmente sus competencias en esta materia, pues destina una cantidad mínima (84.000 euros) dirigida solo al mantenimiento del programa informático de gestión bibliotecaria, las tasas fijadas por correos para el préstamo interbibliotecario y el libro digital”, ha apuntado el portavoz de la entidad, que ha revelado que de las 32 comarcas aragonesas, veintiuna “no destinan ni un euro a las bibliotecas públicas, lo que provoca la paradoja de que las administraciones con competencia, comarcas y Gobierno de Aragón, no intervienen o lo hacen escasamente, mientras que las que no la tienen sí lo hacen”.

Por su parte, Arjol ha alertado de que alrededor de un centenar de estos espacios municipales “podrían quedarse sin programa informático”. “Actualmente hay 87 bibliotecas aragonesas que están sin informatizar y que han tenido que optar por programas de software libre para seguir llevando a cabo sus actividades. Lo que aquí pedimos, por tanto, es para nuestros usuarios, para que podamos rentabilizar fondos y trabajar en condiciones propias del siglo XXI”, ha concluido la portavoz del colectivo.

El popular Fernando Galve ha destacado la función de estos espacios, que organizan “multitud de actividades y que están abriéndose hueco en las redes, difundiendo a través de éstas su labor”. “De todas formas, es cierto que existen problemas como los que se dan con los programas informáticos de gestión de fondos o el inadecuado y fracasado reparto de competencias, que hace que el Ejecutivo autonómico deba apoyar y dignificar las bibliotecas y cumplir las demandas que plantean”, ha señalado Galve.

La socialista Julia Vicente ha trasladado a los intervinientes las diferentes acciones que desde la DGA se llevan a cabo para conseguir “una mejor organización del sistema bibliotecario”, como el compromiso de “iniciar un plan estratégico de bibliotecas con un proceso participativo y abierto” o el de “instalar un nuevo software que permitirá adherirse a un mayor número de espacios”. “Creemos además que es necesario un adecuado reparto de competencias a través de acuerdos entre las diferentes administraciones para favorecer la igualdad de oportunidades”, ha señalado Vicente.

Desde Podemos, Marta Prades ha lamentado la situación que están atravesando estos profesionales. “Consideramos que la lectura es importante en la formación de las personas, por eso tenemos todos que trabajar para poner a la cultura en el lugar que le corresponde”, ha manifestado la diputada, que ha situado en origen de los problemas al respecto la ley 7/2015 del 25 de marzo del Ejecutivo autonómico, “que nació coja, porque dejó la participación olvidada en un cajón”.

Lucía Guillén (PAR) ha relatado que estos centros son “las mejores infraestructuras con las que pueden contar muchos municipios, pues son puntos de encuentro en los que niños y jóvenes hallan aquello que falta en numerosos pueblos pequeños, que es el acceso a la cultura”. “Las bibliotecas afrontan muchos retos hoy, el principal es el de adaptándose a los nuevos tiempos tecnológicos, para lo cual deben seguir teniendo relevancia”, ha concluido la diputada.

El portavoz de Ciudadanos en esta materia, Jesús Sansó, ha trasladado a los comparecientes el “apoyo” de su grupo, al tiempo que ha valorado estos espacios como “el primer contacto que tienen nuestros hijos con la cultura, pues cuentan también con material audiovisual y música”. “Es imposible entender la situación en la que está el país sin comprobar, por ejemplo, lo que se ha invertido en piscinas climatizadas o pistas de pádel en pueblos en comparación con lo que se ha hecho en las bibliotecas”, ha sentenciado.

Por el Grupo Mixto, Gregorio Briz (CHA) ha puesto en valor la labor “clave y fundamental” de estos profesionales, “porque en los tiempos que corren, donde la tecnología sustituye a no sé muy bien qué, el libro es lo más importante que hay”. “Existe un problema de competencias, porque hay poco dinero para todo, se ha recortado en Cultura y desde las comarcas no somos capaces de destinar dinero para las bibliotecas. De forma que es preciso mejorar la situación y dar soluciones, que están en los ayuntamientos y el Ejecutivo autonómico”, ha indicado el parlamentario. 




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