La nueva jornada de diálogo organizada por la Fundación Giménez Abad en la sede de las Cortes de Aragón ha contado con las intervenciones del director general del Alto Comisionado para la Agenda 2030, Federico Buyolo, del director de la Fundación Ecología y Desarrollo, Víctor Viñuales, de la doctora y politóloga Cristina Monge y de la profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos Susana Galera
Zaragoza, 05/06/2019.- Los desafíos planteados por el cambio climático requieren de una respuesta decidida de las políticas públicas. Ése ha sido el punto de acuerdo sobre el que han pivotado las dos mesas de coloquio de que ha constado la sesión “Políticas públicas y Cambio Climático”, en una nueva jornada organizada por la Fundación Giménez Abad en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza que ha contado con la participación de diferentes expertos en medio ambiente y administración.
Coincidiendo con el Día Mundial del medio ambiente, el primer debate ha sido moderado por la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, María Dolores Pascual, y ha contado con la participación de la asesora jurídica de la Fundación de Ecología y Desarrollo, Cristina Monge, y del director general del Alto Comisionado para la Agenda 2030 del Gobierno de España, Federico Buyolo. En su exposición titulada “Gobernanza y transición ecológica”, Monge ha asegurado que el ser humano vive en un terreno “desconocido”. “Tenemos que dejar de referirnos al cambio climático como un problema de futuro porque ya estamos viendo los episodios de inundaciones y de sequías que provoca, las repercusiones económicas directas en las cosechas. Es un problema de presente y supone la primera causa de emigración”.
Por su parte, Buyolo ha abordado la transición ecológica desde la perspectiva del Estado autonómico en una exposición en la que ha destacado la importancia de los instrumentos de colaboración entre los diferentes entes que forman parte de la agenda que persigue diecisiete objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. “En una administración 'descentralizada' como la española y un mundo 'desagregado' como el existente, no debemos percibir esta transición como algo negativo, actuamos ya sobre valores y conocimiento”, ha afirmado. Un propósito para el que ha puesto como ejemplo el consenso existente en el mundo académico estadounidense sobre el cambio climático. “De los sesenta y nueve mil estudios por partes realizados, sólo cuatro lo niegan”, ha recordado.
El segundo coloquio, moderado por el investigador y coordinador de proyectos de la Giménez Abad Mario Kölling, ha contado con las intervenciones del director de la Fundación Ecología y Desarrollo, Víctor Viñuales, y de Susana Galera, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad Rey Juan Carlos. Viñuales ha defendido la necesidad de que la Administración se involucre de forma decidida en esta transformación sostenible. “Nosotros, que tanto hincapié hemos hecho en el mercado privado, reclamamos alto y claro el papel que debe desempeñar la política pública”, ha dicho. El responsable de Ecología y Desarrollo ha puesto ejemplos como el de Alemania, en 2017, “cuando invirtió en energía solar doce veces más que España”; el de Noruega, “donde el veintiún por ciento de las matriculaciones son de vehículos eléctricos frente a menos del uno por ciento de España”; o el del Dinamarca, “un país en el que se reutiliza el noventa y ocho por ciento de las botellas de vidrio, mientras que aquí, en el mejor de los casos, estamos rompiéndolas para volverlas a hacer”, ha criticado.
Ha cerrado el turno de intervenciones Susana Galera, quien ha aportado el punto de vista jurídico a la cuestión medioambiental. La docente de la Universidad Rey Juan Carlos ha puesto de manifiesto la “absoluta falta de coordinación” de los diferentes territorios autonómicos en materia de transición ecológica. “Sigue vigente la cultura administrativa de lo unilateral, esto es mío y yo lo regulo”, ha lamentado. También ha apuntado las carencias de la Carta Magna en esta materia. “En la Constitución no hay ni rastro de conceptos como el cambio climático, la eficiencia y la transición energéticas, la ecología, las renovables ni el paisaje, pero sí están en los estatutos de autonomía que sí se han reformado, lo que supone una altísima conflictividad competencial que se resuelve en el Tribunal Constitucional estirando mucho su función”. Además de “ese empeño” español en no tocar la norma fundamental, Galera ha apuntado también la “falta de coordinación” con la Unión Europea, que ha provocado muchos problemas para trasponer las Directivas de energía, “mayoritariamente impugnadas”.