El director general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Esteban del Ruste, ha expuesto a la Cámara a instancia del consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, las novedades introducidas en el decreto 80/97 de provisión de puestos de trabajo, promoción profesional y carrera administrativa
La Administración Pública aragonesa da un paso en la implantación del modelo electrónico de gestión de méritos y adjudicación de plazas con la puesta en marcha a partir del próximo lunes de un nuevo sistema de baremos de reconocimiento de méritos de los empleados públicos “totalmente automatizado” en el que, además de apartados corrientes como el grado personal, la formación o la antigüedad, entre otros, puntuará de forma adicional “el fomento de la corresponsabilidad de la vida laboral, familiar y personal” de aquellas personas que hayan reducido su jornada o hayan solicitado una excedencia. Así lo ha avanzado el director general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, Esteban del Ruste, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda a propuesta del consejero Carlos Pérez Anadón.
El nuevo procedimiento para evaluar los méritos de los aspirantes, según ha destacado Del Ruste, garantiza su objetividad porque interviene sólo una máquina y acaba con las “interminables” comisiones de valoración y la diferencia de criterios a la hora de considerar un mismo mérito que, por ejemplo, han llevado a destinar dos años y ciento veinte empleados públicos repartidos en veinticuatro comisiones de valoración para resolver el procedimiento para las jefaturas de negociado. De esta forma, los empleados públicos consignarán sus méritos mediante documentación electrónica que será reconocida por evaluadores de manera independiente a las posteriores convocatorias en las que deseen participar. En paralelo, Del Ruste ha destacado el “enorme esfuerzo” que viene realizando la Administración para “depurar” e incorporar al sistema los méritos de servicios prestados y formación recibida de sus empleados públicos.
Este sistema, abierto a cualquier proceso en el que se mida la puntuación del personal público, se complementa con convocatorias trimestrales de procedimientos de traslados en las que el sistema ofrecerá a cada solicitante su puntuación de forma automática, lo que permitirá a la Administración la adjudicación provisional de cada plaza. “Esto reducirá enormemente los plazos, garantizará un sistema muchísimo más objetivo, porque no intervendrá la mano de nadie, y se traducirá en la desaparición absoluta del papel”, ha destacado el director general.
Del Ruste también ha explicado las tres modificaciones introducidas en el decreto 80/97 de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional y carrera administrativa de los empleados públicos, que, a su juicio, afectan a aspectos “que estaban sin desarrollar o de forma no conveniente” y se impulsan al margen del compromiso adquirido y pendiente de elaborar un nuevo decreto. Estas novedades son, en primer lugar, una nueva regulación de las comisiones de servicio como un modelo “objetivo, con convocatorias públicas en todo caso y con la asignación de plazas por un sistema absolutamente reglado”. También se procede a la instauración de un procedimiento de promoción interna temporal mediante “puntuación automática” para empleados públicos que pertenecen a un grupo inferior, pero que tengan la titulación que exige una plaza que no ha sido cubierta ni por los procedimientos de traslados ordinarios, ni por comisión de servicios de otros empleados públicos. Y, en último lugar, un nuevo modelo de listas de espera de personal interino que, según ha destacado el director general, permitirá convocar nuevas listas cuando estas se agoten mediante una prueba selectiva.
Además, Del Ruste ha recordado la aprobación de unas bases comunes para todos los procesos selectivos, los de estabilización interna y los de acceso a personas con discapacidad “para que todos los candidatos sepan desde el primer instante cuáles son los requisitos y los procedimientos de examen”. Y ha avanzado que la DGA está negociando con las fuerzas sindicales una propuesta de decreto de relación de puestos de trabajo (RPT) para “identificar, homogeneizar y simplificar” los puestos de empleados públicos del Gobierno de Aragón.
Óscar Galeano (PSOE) ha señalado que la pandemia ha demostrado la necesidad de contar con una Administración “potente y dotada de recursos bien formados y remunerados” y ha considerado que las novedades presentadas la harán “más ágil, transparente y sostenible”.
Ana Cristina Sainz (PP) ha reprochado al Departamento la tardanza en la presentación de una reforma “que debería haberse hecho hace tiempo” para dejar de tener una Administración “inoperante” y, en ese sentido, ha preguntado por la cifra de funcionarios en teletrabajo y por los equipos de protección individual.
José Luis Saz (Ciudadanos) ha pedido reducir la temporalidad de la Administración y “tener cuidado” a la hora de introducir los criterios valorativos, así como que los aspirantes tengan más alternativa que debatir sólo con una máquina por lo “irritante” que puede resultar.
Marta Prades (Podemos EQUO Aragón) ha estimado “muy útil” que el proceso sea electrónico y objetivo y ha puesto su atención en la adjudicación de las comisiones de servicio, sobre las que ha reclamado el uso del artículo que obliga a cubrir de manera forzosa aquellas plazas de difícil cobertura.
El punto de vista de CHA lo ha ofrecido la parlamentaria Carmen Martínez, quien ha destacado el “salto cualitativo” que supone mejorar la “objetividad” del proceso a la hora de valorar unos méritos cuya presentación en fotocopias resultaba un trámite “costosísimo”.
Y, por último, el diputado del PAR Jesús Guerrero ha deseado que la Administración siga siendo “ágil y eficiente” y se suba “al tren de las nuevas tecnologías y la digitalización”. En ese sentido, ha preguntado a Del Ruste por los plazos para la puesta en marcha de los nuevos procedimientos.
SUBIDAS DE IMPUESTOS
La Comisión de esta mañana también ha abordado un texto de impulso de Ciudadanos que reclamaba “mantener el actual régimen fiscal aplicado a las entregas a cuenta y prestación de los servicios sanitarios y educativos privados”. Para Javier Martínez, encargado de exponer el texto de su formación, “no es momento de subidas de impuestos ni de aventuras”. “El modelo de servicios educativos y sanitarios necesita ahora, imperiosamente, de la prestación de los mismos por la parte privada”, ha considerado.
La propuesta no ha salido adelante al recibir el voto en contra de las cuatro formaciones que sustentan al Gobierno de Aragón, PSOE, Podemos, CHA y PAR. El socialista Óscar Galeano ha criticado la “falta de oportunidad de la propuesta”, mientras que, en opinión de Marta Prades (Podemos), “la iniciativa tiene más de ruido que de conseguir medidas efectivas”. Por su parte, la diputada de CHA Carmen Martínez ha considerado que “estamos perdiendo el tiempo” y ha pedido “política útil” y Jesús Guerrero (PAR) ha recordado que “no hay constancia oficial ni comunicación sobre la eliminación de la exención del IVA”. Sí que ha votado a favor el PP, formación desde la que Carmen Susín ha considerado, en relación a las subidas de impuestos del Gobierno, que “no es una cuestión recaudatoria sino ideológica”.