El director del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Joaquín Santos, ha comparecido en la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales a petición de la consejera María Victoria Broto para hacer balance de la gestión en materia de dependencia
En Aragón hay 5.101 personas que siguen a la espera de recibir una prestación por dependencia, 1.135 menos que hace un año, y 2.717 expedientes pendientes de valorar, quince menos que en 2019, unos datos que mantienen la tendencia impulsada por el plan de choque puesto en marcha a finales de 2018 para reducir la lista de espera pese a la incidencia en 2020 de la pandemia, según ha valorado el director del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Joaquín Santos, durante la comparecencia de esta mañana en la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales a petición de la consejera María Victoria Broto.
El responsable del IASS ha destacado el “esfuerzo” realizado por su personal desde el año pasado para revertir la abultada lista de espera de valoración de la dependencia, que situó a la Comunidad como la tercera del país en incremento porcentual de personas atendidas y que este año, pese a la incidencia de la pandemia, ha hecho que Aragón haya abandonado el farolillo rojo hasta convertirse en la sexta autonomía en porcentaje de personas atendidas reconocidas de los grados dos y tres. “Se ha trabajado muchísimo, sin descanso, en pos del objetivo de resolver los expedientes en plazo y en ese esfuerzo continuamos”, ha remarcado.
Un empeño que, según ha reconocido Santos, se vio paralizado por el estado de alarma y la suspensión de los trámites administrativos que obligaron a la reorganización del personal del Instituto, especialmente afectado en el caso de los valoradores de la dependencia que deben desplazarse a los domicilios de los demandantes y que, en el caso de la dirección provincial de Zaragoza, también ha debido afrontar “en tiempo récord” la puesta en marcha del nuevo espacio de atención del CADE.
Además, Santos ha destacado la implantación el pasado verano de una nueva aplicación informática para la gestión de la nueva orden de procedimiento, que, según ha asegurado, no paralizó la gestión de los expedientes, aunque sí obligó a la sobrecarga de realizarlos en papel, un avance que “simplificará los trámites administrativos, permitirá la relación electrónica con el conjunto de las administraciones y favorecerá el teletrabajo en caso de nuevo confinamiento”.
En la paulatina vuelta a la normalidad, el director del IASS ha señalado las dificultades que se encuentran para adjudicar las plazas residenciales por no poder enviar a nuevos residentes a centros donde se detectan brotes de covid y por el hecho de que muchas personas a las que se les ofrece una plaza prefieren esperar a más adelante para su ingreso. A estas circunstancias, Santos ha sumado el incremento en el número de personas fallecidas que contaban con un expediente de dependencia abierto, un 9,6 por ciento más entre enero y octubre que respecto a los años anteriores.
Por último, Santos ha destacado “el avance” en materia de financiación estatal con la decisión del Gobierno de España de destinar el exceso del fondo de contingencia, unos 83 millones de euros, a recuperar financiación en materia de dependencia. Ello, unido a los seiscientos millones que para las comunidades autónomas en materia de dependencia ha calculado que conllevarán los próximos Presupuestos Generales del Estado y al plan de choque estatal en fase de negociación. “Sin renunciar al objetivo de alcanzar el compromiso del cincuenta por ciento”, Santos se ha felicitado tras constatar que “por fin algo se mueve en el Gobierno de España”.
En el turno de los distintos grupos, Pilimar Zamora (PSOE) ha agradecido la labor tanto del personal del IASS como de las residencias, que, según ha destacado, ha permitido reducir las listas de espera y ha hecho que las personas “vuelvan a confiar” en el sistema tras los recortes de 2012.
Marián Orós (PP) ha expresado su preocupación por la financiación estatal comprometida que falta por llegar y ha denunciado “un tapón” en la cita previa para la valoración en Zaragoza. Además, ha mostrado su sorpresa porque el presupuesto no potencie la ayuda a domicilio ni desarrolle el asistente personal.
Mientras tanto, Loreto Camañes (Ciudadanos) ha considerado que “pese al gran esfuerzo, queda mucho por hacer”, como el refuerzo de los cuidados de larga duración y la obligación de que la financiación estatal llegue al cincuenta por ciento. Además, ha preguntado por el refuerzo de los servicios de valoración.
Por su parte, Erika Sanz (Podemos EQUO Aragón) ha resaltado “el hito” que para la dependencia supone la financiación estatal hasta 2023, y ha reivindicado la tarea de aquellas mujeres sobre las que siguen recayendo los cuidados “de manera gratuita, invisible y muy precaria”.
Para Carmen Martínez (CHA), el cambio de gobierno en Aragón supuso “duplicar el número de personas atendidas”, lo que, a su juicio, “no fue fácil” por el marco jurídico del decreto de 2012 y la financiación estatal, “que no ha respondido nunca a lo que marca la ley”.
“Que 47 mil dependientes fallezcan en las listas de la dependencia esperando la atención que merecen es un verdadero fracaso del sistema”, ha lamentado David Arranz (Vox en Aragón), quien ha abogado por “mejorar las prestaciones y simplificar la gestión”.
Esther Peirat (PAR) ha destacado la “buena gestión” del IASS hasta situar a Aragón “a la cabeza” de las regiones que más ha avanzado en la reducción del número de personas pendientes de valorar y ha deseado una financiación estatal “estable”.
Álvaro Sanz (IU) ha reconocido “el esfuerzo” para reducir listas de espera y ha celebrado el aumento de la financiación estatal, pero ha pedido no caer en la complacencia y aumentar la cobertura a los grandes dependientes y mejorar la profesionalización.
ENTIDADES SOCIALES DE DISCAPACIDAD
La Comisión de esta mañana también ha debatido un texto del PP que reclamaba el cumplimiento de los puntos de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica que afectan a las entidades sociales que atienden a las personas con discapacidad, especialmente a la discapacidad intelectual, y, “de manera urgente, poner en marcha el plan especial de ayudas para las entidades sociales de la discapacidad en todos los ámbitos, así como para los talleres ocupacionales”. Desde el grupo proponente, Orós ha considerado que “la discapacidad intelectual se encuentra en una situación muy delicada” porque, trayendo al debate un informe del propio sector, “se está al borde del colapso” y “solo han tenido órdenes y protocolos”.
El texto no ha salido adelante al recibir el voto en contra de PSOE, Podemos, CHA, PAR e IU, formaciones desde las que la socialista Lorena Canales ha criticado que “las entidades no van a encontrar en esta propuesta nada nuevo que mejore sus condiciones”, Sanz, en nombre de Podemos, ha destacado que “llama la atención que se inste a cumplir unos puntos que firmamos todas las formaciones excepto Vox” y Martínez (CHA) ha recordado la negativa del PP a los presupuestos porque “hacer eficaz la Estrategia requiere la aprobación y poner disposición de dinero público”. Además, Peirat (PAR) ha asegurado que “se va a cumplir la Estrategia” y Sanz (IU) ha manifestado que “si el objetivo es impulsar la faceta social de la estrategia, podemos estar de acuerdo, pero deberían coordinarse con sus compañeros que parecen tener otras prioridades”. Sí que han apoyado la propuesta Ciudadanos y Vox, expresando desde estas formaciones, respectivamente, Loreto Camañes que “el esfuerzo económico y organizativo de estas entidades ha sido importante y están en una situación de real asfixia” y Arranz que “son circunstancias excepciones y la Administración deben apoyar la labor imprescindible y encomiable de estas entidades”.