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Los tres últimos informes de la Cámara de Cuentas constatan “las debilidades” de los presupuestos del Salud antes de la irrupción de la pandemia

Los tres últimos informes de la Cámara de Cuentas constatan “las debilidades” de los presupuestos del Salud antes de la irrupción de la pandemia
El presidente del órgano fiscalizador, Alfonso Peña, ha considerado “muy significativo” el crecimiento que en este apartado contemplan los Presupuestos de 2021, pero ha advertido sobre los “problemas de tensión presupuestaria” que arrastra el sistema desde la transferencia de las competencias en materia sanitaria

El Sistema Aragonés de Salud en 2017, como sucedió luego en 2018 y en 2019, “no estaba en sus mejores condiciones” para hacer frente a un desafío como el de la crisis sanitaria provocada por la pandemia. Así lo ha asegurado el presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, durante su comparecencia en la Ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas de las Cortes de Aragón para la presentación, junto a su vicepresidente, Luis Rufas, del informe de fiscalización de las cuentas anuales del Servicio Aragonés de Salud del ejercicio 2017, que arroja una opinión de auditoría “favorable”, pero que “no es limpia completamente” debido a “bastantes limitaciones, salvedades e incumplimientos  en materia tanto financiera como legal que modifican la opinión emitida”.  

Una de esas irregularidades es la que se refiere a las compras de farmacia hospitalaria e implantes sanitarios, sobre las que Peña ha reconocido “avances” en 2019 con la adjudicación del contrato marco, aunque ha apuntado que un reciente informe de la AIReF, que evalúa las compras de farmacia y tecnología de todos los servicios autonómicos de Salud, detecta que en 2016 menos del diez por ciento de las compras en Aragón fueron normalizadas, esto es ajustadas a la Ley de Contratos, frente al 98 por ciento de Cataluña o el 60 por ciento de Andalucía o Murcia. Una deficiencia para la que la Autoridad Independiente recomienda proporcionar al sistema “recursos humanos con formación y profesionalización”, a lo que Rufas ha añadido la conveniencia de que Aragón regule dentro de sus competencias “la formalización por escrito de los contratos en el acuerdo marco centralizado”. 

Rufas también ha aludido a “la infradotación” de varias partidas y de recursos para hacer frente a todo el gasto y el “nivel de saciedad” de consumo del gasto sanitario. “El gasto, como dice algún responsable económico, es tozudo, pero también hay otro tipo de cosas alrededor del gasto sobre las que deberían reflexionar”, ha apuntado el vicepresidente de la Cámara de Cuentas. Además, ha mencionado irregularidades y problemas como “el reconocimiento de obligaciones cuando ya se ha ejecutado el gasto, el gasto financiero derivado de los intereses de demora de presupuestos anteriores, el fraccionamiento de contratos menores, la falta de coordinación de la estructura organizativa, “las disonancias retributivas”. 

Por último, sobre los contratos programa, Rufas ha llamado la atención a los grupos por el hecho de que el informe no ha podido obtener la valoración de ejecución de cada uno de los ocho sectores de los distintos contratos programa. Además, ha detectado que el reparto de los objetivos de gasto se realiza con las mismas cifras que el presupuesto que entró en vigor tres o cuatro meses después, “en el que se determinaba una desviación de unos cien millones de euros de gasto” y superado éste, obligaciones por algo más setenta millones de euros. Señales a su juicio de “una deficiencia” derivada de la implantación en el territorio  de la atención a la salud y “disonancias no propias de una gestión más normalizada del siglo XXI”. 

Por parte de los grupos, Óscar Galeano (PSOE) ha achacado “el agujero en Sanidad” a “un problema estructural” que, como muestran las conclusiones “de copia y pega” de los diversos organismos  fiscalizadores regionales, afecta al conjunto de las comunidades autónomas a raíz de la transferencia de competencias sin la financiación suficiente.  

Desde el PP, Ana Cristina Sainz ha hablado de “irregularidades recurrentes” que, a su juicio, se han convertido “en la normalidad” de la gestión presupuestaria y la contratación, y entre ellas ha mencionado la falta de publicidad y transparencia, la no discriminación en la igualdad de trato y ha preguntado a Peña si estima “suficiente” la partida de los Presupuestos de 2021 dedicada a personal.  

José Luis Saz, en nombre de Ciudadanos, ha lamentado el “paisaje poco idílico” que deja el informe, en el que “hay que rascar poco” para ver “los pliegues”. Ha considerado “descorazonador” detectar los mismos defectos “una y otra vez” que hablan de la “desidia” de los gestores, pese a que “la mejor forma de defender lo público es que se cumpla la normativa”. 

Erika Sanz (Podemos EQUO Aragón) ha resaltado cuestiones como la insuficiencia financiera, el gasto farmacéutico y el efecto de establecer un acuerdo marco, la muestra por unidad monetaria, la gran cantidad de contratos menores, la ausencia de RPT en la plantilla y los conceptos de la nómina que quedan por aclarar. 

Mientras tanto, Isabel Lasobras (CHA) ha destacado la posibilidad de contar con un organismo propio como la Cámara de Cuentas y, sobre el informe, se ha quedado con “los avances” realizados por el Gobierno en 2017 en el ajuste del presupuesto al gasto real y ha hecho “autocrítica” por la descoordinación entre sectores sanitarios y la falta de transparencia. 

Por otro lado, Marta Fernández (Vox en Aragón) se ha fijado en asuntos del informe como “la insuficiencia del presupuesto” y los intereses de demora que hubo que asumir, la “falta de legalidad, publicidad y transparencia en la contratación de bienes y servicios por 182 millones de euros, y la falta de publicidad y transparencia en la contratación, entre otros. 

Por el PAR, Jesús Guerrero le ha dado la razón al informe en la necesidad de elaborar “un presupuesto acorde a las necesidades reales del gasto”, de mejorar la coordinación entre los servicios centrales del Salud y la estructura territorial y la promoción de la compra centralizada de productos farmacéuticos. 

Por último, Álvaro Sanz, de IU, ha hecho un repaso a los diversos incumplimientos de legalidad detectados, como “los presupuestos a la baja”, “la recurrente “ necesidad de mejorar los gastos de farmacia o la escasez de personal y ha preguntado si se ha mejorado algo.

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