Jesús Arnau, director general de la Confederación de Empresarios de Aragón, ha reclamado una “mayor implicación” de las administraciones locales, mientras que Aurelio López de Hita, presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, ha pedido que la futura ley se acompañe de una actuación en la estructura funcionarial ante la existencia de una parte de funcionarios que, según ha defendido, “no están por la labor de ayudar”
La Cámara autonómica ha celebrado esta mañana la primera de las tres sesiones de trabajo previstas para el trámite parlamentario de las Audiencias Legislativas en relación con el proyecto de ley sobre simplificación administrativa impulsado por el Gobierno de Aragón en la que han intervenido Jesús Arnau, director general de la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE Aragón, y Aurelio López de Hita, presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME Aragón).
Ambos representantes empresariales han coincidido en celebrar la iniciativa legislativa y han señalado “la trascendencia” de sus efectos en la economía aragonesa. Desde la CEOE, Arnau ha estimado “fundamentales” algunas de sus novedades, como el silencio positivo, la declaración responsable, así como la cooperación con entidades acreditadas y colegios profesionales para reducir la carga administrativa que, según uno de sus estudios, señala que la creación de una empresa en España obliga a cuarenta trámites administrativos de media frente a los diez en Europa. Aun así, ha echado en falta “una mayor implicación” de las administraciones locales, una comisión de simplificación administrativa y una mayor agilidad en la gestión medioambiental.
Por su parte, López de Hita (CEPYME) ha pedido “generosidad” a los grupos para que sus concreciones políticas “no obstruyan” el desarrollo de una norma muy necesaria para acabar con “la angustia” del administrado cada vez que tiene que afrontar un trámite administrativo. Además, ha advertido que, en todo caso, la nueva ley no servirá de nada si no se actúa sobre la estructura funcionarial, para la que ha propuesto incorporar los conceptos “de premio y sanción” de la empresa privada ante la existencia a su juicio de una parte de funcionarios “que no están por la labor de ayudar”. Por último, ha recordado que el proyecto de ley contempla tener en cuenta a las “entidades colaboradoras”, entre las que ha incluido a los colegios profesionales, las cámaras de comercio, las organizaciones empresariales y los sindicatos porque “sería lamentable que quienes representan al mundo del trabajo y la empresa quedasen excluidos”, ha advertido.
Los grupos parlamentarios han estado representados en esta primera sesión por el socialista Darío Villagrasa y la popular Carmen Susín, las diputadas de Ciudadanos Beatriz García y de Podemos EQUO Aragón Itxaso Cabrera, la parlamentaria de CHA, Carmen Martínez, así como David Arranz (Vox en Aragón) y Álvaro Sanz (IU). Los trabajos está previsto que se reanuden la próxima semana para completar el cauce de participación antes de que se abra el plazo para la presentación de enmiendas a un proyecto de ley que está previsto que llegue a principios del mes de febrero a la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario antes de su presentación para su aprobación definitiva en el Pleno de las Cortes.