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El sistema dinámico de adquisición implantado en agosto por Hacienda supuso un ahorro del 65 por ciento del coste en el suministro del material de protección

El sistema dinámico de adquisición implantado en agosto por Hacienda supuso un ahorro del 65 por ciento del coste en el suministro del material de protección
La directora general de Contratación, María Josefa Aguado, ha resaltado en la Comisión de Hacienda las mejoras de la agilidad, la transparencia y el ahorro que ha traído esta nueva técnica de racionalización administrativa, a la que ya se han adherido veinticinco empresas, treinta y cuatro municipios y veinticinco comarcas

El Departamento de Hacienda y Administración Pública estima en 3,5 millones de euros el ahorro que ha supuesto la puesta en marcha el pasado mes de agosto del sistema dinámico de adquisición para la homologación del suministro de equipamiento de seguridad y protección frente a la Covid-19 para el personal de la Administración autonómica y los entes adheridos, en una compra valorada en un principio en 5,4 millones de euros. Así lo ha explicado la directora general de Contratación, María Josefa Aguado, durante la comparecencia a petición del consejero Carlos Pérez Anadón ante el órgano sectorial de las Cortes, donde ha avanzado que, ante “la sorpresa” que ha supuesto comprobar el ahorro que supone, ya estudian extender este modelo de trabajo a otros suministros para la Administración.  

 

La nueva técnica de racionalización administrativa, según ha explicado Aguado, seleccionó e invitó a una serie de empresas a unos contratos de suministro de material de protección durante un año mediante un procedimiento electrónico y flexible, que permite adecuar el precio al momento de la compra, así como modificar el presupuesto y los productos a adquirir. La directora general ha destacado las mejoras en agilidad y transparencia, además de la economía que ha supuesto esta técnica, a la que ya se han adherido veinticinco empresas, treinta y cuatro municipios y veinticinco comarcas, además de la DPZ y la Universidad de Zaragoza, entre otros.    

 

Además, Aguado ha informado de que el Gobierno de Aragón ha dado un paso más para la implantación de la licitación electrónica con la aprobación por parte de la Junta consultiva de contratación de los pliegos tipo de las cláusulas administrativas particulares para su adaptación en la plataforma de contratos del sector público. “Es el momento adecuado para la digitalización y debemos hacer esfuerzos para que se generalice en todas las fases, no solo en la presentación de anuncios”, ha considerado la directora general. Por ello, ha avanzado que el Departamento cuenta entre sus planes con iniciar las gestiones para la licitación de un gestor de expedientes de contratación que abarcará todas las fases de la contratación.

 

Por último, Aguado ha detallado que durante el primer estado de alarma la Administración autonómica realizó 449 contratos de emergencia por un valor estimado de 57,5 millones de euros, de los que 15,5 millones correspondieron a los diferentes departamentos, 41 millones fueron los empleados por los organismos autónomos incluido el Salud y las corporaciones públicas hicieron uso de 923.000 euros.

 

Por parte de los grupos, el socialista Óscar Galeano ha defendido la labor de la Administración para la adquisición de material de protección ante un mercado “tensionado” que provocó un aumento especulativo de los precios, así como el recurso de la contratación de emergencia. Además, ha asegurado que la ley de simplificación no traerá una merma en la seguridad jurídica.

 

Por su lado, la popular Ana Cristina Sainz ha estimado que la Administración “no debe gastar más, sino mejor” para lograr “la máxima rentabilidad social” de los contratos públicos, y ha apuntado cuestiones como la coordinación entre departamentos, la profesionalización de la contratación, así como “los retrasos, carencias y deficiencias” que presenta Aragón en la administración electrónica.

 

José Luis Saz (Ciudadanos) ha apostado por “la simplificación” y la “modernización” de la Administración mediante la licitación electrónica y por ello ha preguntado por el momento para un sistema integral pleno de contratación pública, el uso del 'blockchain' y la puesta en marcha de una unidad específica para la licitación. 

 

Mientras tanto, Marta Prades (Podemos EQUO Aragón) ha considerado que la pandemia ha dejado clara la necesidad de unos servicios publicos “fuertes”. Se ha mostrado de acuerdo en la “priorización” de los contratos de suministro durante el estado de alarma y ha pedido una valoración sobre las herramientas utilizadas con el teletrabajo. 

 

Por parte de CHA, Carmen Martínez ha destacado el paso dado con la implantación del sistema dinámico de adquisición, sobre el que ha preguntado por el grado de aceptación en los entes locales y si existe capacidad para ampliarla a más productos. Además, ha pedido más detalle sobre las cláusulas medioambientales.  

 

David Arranz (Vox en Aragón) ha mostrado su preocupación por el hecho de que la DGA esté “maquillando” los datos del paro en la Comunidad con un uso “excesivo” de la contratación pública, que ha cifrado en 14.100 personas, especialmente interinos. También ha preguntado por la compra centralizada. 

 

Desde el PAR, Jesús Guerrero se ha interesado por el proceso de digitalización del Departamento, para el que ha propuesto el uso de la tecnología 'blockchain' y ha pedido una estimación de la eficacia que para la contratación puede suponer la ley de simplificación de la Administración. 

 

Por último, Álvaro Sanz (IU) ha preguntado por el cuándo y el cómo del proyecto de ley de uso estratégico de la contratación pública y ha aludido a la participación de la pequeña y mediana empresa en la provisión directa y al enfoque social de la contratación en los pliegos.

 

 

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