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Las prórrogas presupuestarias y el año electoral explican que Aragón incumpliese en 2019 los objetivos de estabilidad y la regla de gasto a juicio de la interventora general

Las prórrogas presupuestarias y el año electoral explican que Aragón incumpliese en 2019 los objetivos de estabilidad y la regla de gasto a juicio de la interventora general
Ana Gómez ha comparecido en la Comisión de Hacienda y Administración Pública a petición del consejero del ramo, Carlos Pérez, para informar a la Cámara sobre los datos del cierre del ejercicio de 2019

Aragón incumplió en 2019 los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, según ha detallado la interventora general de la Comunidad autónoma, Ana Gómez, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Administración Pública a propuesta del consejero del ramo para informar sobre el cierre contable de ese ejercicio. 

 

En primer lugar, según ha detallado Gómez, la Comunidad se desvió siete décimas del objetivo de estabilidad financiera establecido en el -0,1 por ciento tras registrar un déficit de 293 millones de euros, un -0,8 por ciento redondeado del PIB regional, una cifra en la que aparecen descontados 86 millones de euros del IVA no percibido por Aragón en la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2017. Tampoco se ajustó a la regla de gasto, fijada en el 2,7 por ciento, puesto que se fue hasta los 4.650 millones de euros, esto es, un 4,4 por ciento. Donde sí cumplió fue en el apartado de la deuda pública, donde la Comunidad se ajustó al límite de endeudamiento previsto, (el 21,7 por ciento del PIB regional).

 

A juicio de la interventora, en esta ejecución del Presupuesto y el posterior cierre de las cuentas influyeron cuestiones como el “desajuste inicial” que supuso la prórroga de unos créditos autonómicos de 2018 que ya se habían demostrado “insuficientes” para afrontar los gastos de ese ejercicio, sobre todo en materia de personal, y que, además, “no cumplían con los requisitos de estabilidad presupuestaria para 2019” al tener un objetivo de déficit del 0,4 por ciento. A ello ha añadido “las incertidumbres” que generaron la prórroga del Presupuesto de la Administración del Estado, como la regulación de las entregas a cuenta, el importe no recibido por las comunidades autónomas en concepto de IVA o la posible relajación del objetivo de  déficit público que nunca se llegó a producir, así como “la significativa expansión del gasto” que conllevó que fuera un año electoral  en las administraciones estatal, autonómicas y locales y el “impacto muy importante” que supuso la implantación del nuevo plan de contabilidad pública en la región.   

 

Además, Gómez ha reconocido una “reducción considerable” de los ingresos, especialmente en los tributos cedidos, donde ha significado el “impacto” que supuso la modificación del impuesto de Sucesiones, que ha cifrado en una caída de la recaudación en cerca de cincuenta millones de euros. Cayeron así mismo los ingresos referidos a las transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos documentados, que ha achacado a “un enfriamiento de la economía” por la incertidumbre en la Administración del Estado y “la provisionalidad política” de ese año, que se reflejó en una reducción de la inversión en vivienda.

 

Óscar Galeano (PSOE) ha abundado en la idea de que el presupuesto estuvo muy condicionado por “la peculiaridad” de 2019 por cuestiones como la prórroga presupuestaria  y a inexistencia de “un gobierno estable” en Madrid, el “desfase” de los objetivos de estabilidad, el nuevo modelo de IVA, la rebaja en Sucesiones  

 

Carmen Susín (PP) ha lamentado que las cuentas de 2019 hayan sido “un lastre muy importante” para la capacidad de Aragón de hacer frente a las consecuencias de la pandemia y ha pedido a la interviniente no excusar la “nefasta gestión” del Gobierno aduciendo que fuera un año electoral. 

 

Desde Ciudadanos, José Luis Saz (Ciudadanos) ha señalado la necesidad de “adaptar” el sistema de financiación autonómica y de revisar la “disciplina del gasto” ante la evidencia de que Aragón, con sus ingresos, “no es capaz de atender sus gastos ordinarios”.   


Marta Prades (Podemos EQUO Aragón) ha recordado la propuesta de su grupo para haber presentado a tiempo unas cuentas para 2019 con cinco medidas “factibles” como la del cambio integral del modelo de depuración y el cambio del modelo sociosanitario.  

 

Para Carmen Martínez (CHA), ha reclamado “una nueva financiación autonómica” ante la demostración de “la insuficiencia de créditos” para acometer competencias encomendadas como la sanidad, la educación y los servicios sociales. 

 

Desde el PAR, su diputado Jesús Guerrero, ha resaltado la conveniencia del nuevo plan general de contabilidad al margen de las dificultades que ha supuesto y ha preguntado por la tendencia sobre los ingresos a raíz de la crisis derivada de la pandemia. 

 

Y por Izquierda Unida, Álvaro Sanz ha mostrado su preocupación por el “problema estructural” en materia de personal y por la “insuficiencia de recursos” detectada para cumplir con “un balance sostenible”, una situación a su juicio agravada por haber “mermado” la capacidad recaudatoria.

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