El órgano sectorial ha rechazado como consecuencia del voto en contra de PSOE, Podemos, CHA y PAR estas dos proposiciones no de ley, que se han debatido tras la comparecencia del director general de Protección de Consumidores y Usuarios, Pablo Martínez
La Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales ha debatido dos iniciativas presentadas por Ciudadanos y PP que no han encontrado el apoyo suficiente en el resto de los grupos para salir adelante. En primer lugar, el grupo popular ha solicitado en su proposición no de ley que se inste al Gobierno de Aragón a “publicar los órdenes del día de los Consejos de Gobierno y los documentos que integran el expediente que el órgano competente haya elevado al Consejo de Gobierno y haya servido para fundamentar tal decisión”. La iniciativa ha sido rechazada con los votos en contra de PSOE, Podemos, CHA y PAR y los votos a favor de PP, Cs y Vox.
La diputada del PP Marián Orós ha asegurado que su iniciativa tiene como objetivo "que el Gobierno de Aragón sea más riguroso y transparente porque hay mucho por mejorar". Además, ha denunciado que ha presentado "a lo largo de 2020 varias iniciativas de transparencia que han sido rechazadas" y ha pedido "más medidas para la dación de cuentas". La diputada socialista Lorena Canales ha confirmado que el Gobierno de Aragón “cumple con la actualización diaria” y publica “las actas de las reuniones, así como la convocatoria y el orden del día”.
Loreto Camañes, diputada de Ciudadanos, ha recordado que “la transparencia es una obligación legal desde 2015” y ha insistido en que su grupo “apoyará todas las medidas que la mejoren”. Desde Podemos, la diputada Vanesa Carbonell ha justificado su voto en contra asegurando que “no aporta nada nuevo” porque “se cumplen todos los requisitos legales y la documentación que establece la ley”.
Carmen Martínez, diputada de CHA, ha recordado que “la Ley de Transparencia de 2015 gozó de la unanimidad absoluta a la hora de su aprobación y que recibió muchas enmiendas que mejoraron el texto y lo pusieron a la vanguardia de la transparencia”. El diputado de Vox David Arranz ha defendido que su grupo "entiende una Administración pública que haga partícipes e informe con veracidad y transparencia a los ciudadanos porque es una obligación legal adquirida". La diputada Esther Peirat del PAR ha asegurado que para su grupo la transparencia es "fundamental" y ha explicado que "la publicación de los órdenes del día del Consejo de Gobierno aparece regulada en la Ley de Transparencia".
RECHAZADA TAMBIÉN LA INICIATIVA DE CIUDADANOS
Por su parte, Ciudadanos ha presentado una proposición no de ley para que el Ejecutivo autonómico instase al Gobierno de España a recuperar la asignación económica por hijo o menor no discapacitado a cargo de la Seguridad Social, así como a establecer una prestación de 1.200 euros anuales por hijo o menor a cargo con carácter general, subir el umbral de ingresos para familias monoparentales y promover un incremento progresivo de este límite de ingresos. La parlamentaria Loreto Camañes ha solicitado el apoyo del resto para atajar el problema de la pobreza infantil que ha estimado afecta a unos dos millones de niños en España. “El Ingreso Mínimo Vital sigue sin estar implementado y el Gobierno eliminó la prestación por hijo a cargo”, ha argumentado.
La medida de impulso ha recibido una enmienda de sustitución presentada por los cuatro grupos del acuerdo de gobierno para “modificar las cuantías y mejorar así la prestación”, pero no ha sido aceptada por la proponente. Pilimar Zamora (PSOE) ha defendido que la prestación no ha sido eliminada “sino integrada” en el IMV, una prestación que ha calificado de “histórica” de un Gobierno “valiente”. Vanesa Carbonell (Podemos EQUO Aragón) ha recordado que la Comunidad no tiene competencia en la materia y que la prestación, incluida en el IMV, ha recibido de su grupo en el Congreso ya doce enmiendas para su mejora. Carmen Martínez (CHA) ha defendido la necesidad de reordenar las prestaciones existentes, pero dentro del IMV y ha pedido “no utilizar las desigualdades estructurales” para pedir mil doscientos euros por hijo a cargo con carácter general. Esther Peirat (PAR) ha reconocido que la transición de una ley a otra “no está siendo fácil” y ha pedido la aceptación de la enmienda para poder mejorar la cobertura de la prestación.
Por su parte, Álvaro Sanz (IU) ha rechazado que se pueda “usar la pobreza” para justificar “subidas lineales para todos” y por ello ha propuesto in voce suprimir el carácter general de la asignación de los 1.200 euros y enfocarlo a las rentas de 12.424 euros y concretar la asignación para hijo o menor a cargo sólo para quienes no accedan al IMV.
Camañes sólo ha aceptado la concreción de esa prestación de 1.200 euros, así como la votación por separado de ese segundo punto en el que IU ha votado a favor junto a PP, Ciudadanos y Vox frente a la mayoría del cuatripartito, mientras que en el resto de puntos agrupados sólo se han sumado favorablemente PP, Ciudadanos y Vox.
Por el resto de grupos no enmendantes, Marian Orós (PP) ha apoyado la iniciativa para “reparar las grietas” del IMV y evitar que quienes estén en una pobreza relativa y reciben ahora un “ingreso de subsistencia” caigan de lleno en ella. Y David Arranz (Vox en Aragón) ha defendido “con contundencia” la lucha contra la pobreza y ha considerado que hasta ahora el IMV se ha visto “desbordado e impotente” para atender las demandas, “la mitad de las cuales han sido rechazadas en Aragón”, ha recordado.