Sindicatos, instituciones y expertos han planteado esta mañana sus propuestas al proyecto de Ley de Organización y Régimen Jurídico del sector público autonómico de Aragón y han incidido, igualmente, en la inclusión de “medidas de simplificación administrativa”
El Parlamento aragonés ha iniciado esta mañana el proceso de Audiencias legislativas del Proyecto de Ley de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico, en el que representantes de sindicatos e instituciones, como Comisiones Obreras, UGT y CSIF, así como expertos en Derecho, han analizado el nuevo texto normativo y han hecho hincapié en la “accesibilidad” y “usabilidad” que debe regir la Administración electrónica.
La secretaria de acción sindical de Comisiones Obreras de Aragón, Sonia García, ha sido la primera en tomar la palabra y ha declarado que, en el camino hacia la Administración electrónica, “hay que tener en cuenta las diferencias entre la población y establecer programas de formación, manuales, asesoramiento y acompañamiento” para poder acceder a ella “de manera ágil y sencilla”.
A continuación, la secretaria General de la Federación desempleados de Servicios Públicos Aragón-UGT Aragón, Alicia Hernández, ha explicado que “en las entidades de derecho público y en los consorcios se establece que el personal al servicio de estos podrá ser funcionario o laboral, pero desarrollan como excepción la contratación de personal propio”, y ha reclamado que “deberíamos tener un modelo contractual con las mismas condiciones y un mismo sistema de acceso”.
Por su parte, el presidente de la Unión Autonómica de Aragón de CSIF, José Luis Santafé, ha afirmado entender que “el desarrollo de la futura ley debe incluir medidas de simplificación administrativa para que los principios generales de proximidad a los ciudadanos y accesibilidad queden patentes y se dignifique la labor del funcionario público” para “salvaguardar la cooperación, colaboración y coordinación entre las administraciones”.
El presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, ha adelantado que su valoración del proyecto de Ley es “positiva” y ha recordado que “legislar es un arte que se basa en que las leyes deben ser necesarias, claras y estar bien estructuradas”. En cuanto a la norma, Peña ha destacado, como “punto fuerte”, la “enumeración de las entidades con personalidad jurídica en las que puede participar la Administración autonómica”.
El profesor de Derecho Administrativo José Luis Bermejo ha expuesto que “los márgenes que deja este proyecto de ley para el legislador aragonés son bastante estrechos”, pero que “existen deslices semánticos y oscuridades gramaticales”. No obstante, ha tranquilizado a los presentes y ha manifestado que “estas inconsistencias son la típica manifestación de un profesor que se acerca con mucha minuciosidad a un texto como este”, y ha reclamado el “principio de usabilidad de la Administración electrónica”.
En última instancia, el doctor en Derecho y auditor en sistemas de información certificada Ignacio Alamillo ha puesto el foco en la tecnología y el uso de los medios electrónicos. En este sentido, Alamillo ha hecho énfasis en la necesidad de que “se pudiera exigir que los medios de comunicación de las convocatorias para órganos colegiados se basaran en el servicio cualificado de entrega electrónica certificada”, que “goza de fehaciencia legal”. Además, ha defendido un “modelo de mayor descentralización” en materia de sedes electrónicas.
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