A lo largo de la mañana, además, ha decaído, con los votos en contra de PSOE, Podemos, CHA y PAR, y la abstención de IU, una proposición no de ley de Vox para mejorar la situación de numerosos consultorios médicos de la provincia de Teruel
La Comisión de Sanidad de las Cortes ha dado luz verde, con los votos a favor de todos sus miembros, a una proposición no de ley del PP para realizar un estudio, en un plazo máximo de seis meses, para la posible apertura de una UCI en el Hospital Ernest Lluch de Calatayud (Zaragoza) y la evaluación de las necesidades de este espacio en el servicio de urgencias y, en consecuencia, el comienzo de los trámites para su mejora y ampliación.
En la defensa de la iniciativa, Ana Marín (PP) ha hecho hincapié en que “un hospital es un edificio donde un paciente que está enfermo debe tener un mínimo de dignidad y las infraestructuras deben reunir los requisitos para que los profesionales que allí trabajan también la tengan”. “El Hospital de Calatayud es un hospital que atiende a muchas comarcas y que tiene treinta y cinco años, ha prestado el servicio muy bien, pero el paso del tiempo le ha hecho irse desgastando”, ha apuntado y, entre las deficiencias, ha destacado que “el edificio de urgencias no cumple con la accesibilidad establecida para los centros sanitarios” y “carece de UCI”.
Desde el cuatripartito han presentado una enmienda conjunta, que ha sido aceptada y transaccionada por el PP. Olvido Moratinos (PSOE) ha recordado que “en la anterior legislatura se renovó completamente el bloque oncológico y se mejoró la situación de los pacientes”. “Desde la oposición es fácil reivindicar las necesidades de los aragoneses, pero desde el Gobierno hay que priorizar y ajustar las necesidades para que sean una realidad”, ha añadido. Itxaso Cabrera, desde Podemos, ha defendido que la enmienda pretende que “se pueda realizar un estudio para valorar la posible apertura de la UCI y para evaluar las necesidades de espacio y las propuestas de mejora” porque “es mucho más oportuno actuar así” y “no acometer obras por acometer”.
Isabel Lasobras (CHA) ha recordado que “en la Diputación Provincial de Zaragoza se debatió y se aprobó por unanimidad una iniciativa similar en la que se instaba al Gobierno a acometer la ampliación y mejora de las urgencias y la incorporación de una UCI”. La diputada del PAR, Esther Peirat, ha reconocido que para su grupo parlamentario “la salud es fundamental y para preservar este derecho es importante contar con las infraestructuras necesarias”. “No vamos a dejar de insistir para que, a la mayor brevedad, se realicen las obras”, ha prometido.
Susana Gaspar (Ciudadanos) ha adelantado su voto favorable al texto de impulso porque “el Hospital Ernest Lluch necesita intervención y que se lleven a cabo las obras”, ya que “el diagnóstico global de todas las infraestructuras de nuestra Comunidad autónoma ya se realizó en la pasada legislatura”. En representación de Vox, Marta Fernández ha declarado que “hoy el centro cuenta con seiscientas personas y los servicios que presta son de gran valor”, ya que “atiende a más de cincuenta y cinco mil personas”, pero “es un hospital ubicado en el medio rural, una zona con población envejecida que requiere de más cuidados”. Álvaro Sanz (IU) ha asegurado que comparte “la necesidad” pero se debe “hacer un análisis de las infraestructuras que nos permita priorizar y planificar actuaciones a corto y a medio plazo”.
CONSULTORIOS MÉDICOS LOCALES DE ARAGÓN
A lo largo de la jornada, por otro lado, ha sido rechazada con los votos en contra de PSOE, Podemos, CHA y PAR, y la abstención de IU, una proposición no de ley de Vox dirigida a dar solución a la situación de los consultorios médicos de Teruel. Marta Fernández (Vox) ha manifestado que se trata de una iniciativa relativa a “las zonas de salud del sector de Teruel, formadas por municipios de menos de mil habitantes y con población envejecida, más proclive a necesitar atención sanitaria”. “En la provincia todavía hay consultorios que no tienen teléfono fijo, tampoco hay buena cobertura de teléfono e internet y, en los centros más pequeños, se suman las barreras arquitectónicas que deben ser superadas, en la mayoría de casos, por ancianos con movilidad reducida”, ha añadido.
El G. P. Popular ha presentado una enmienda, que ha sido explicada por el parlamentario Jesús Fuertes, quien ha defendido que la “proposición no de ley debería ir encaminada a hacer un análisis de infraestructuras, servicios, recursos humanos y técnicos, y establecer una financiación necesaria para los ayuntamientos de todo el territorio aragonés”.
Ana Arellano, en representación del PSOE, ha destacado la “importancia que tiene la Atención Primaria dentro del sistema sanitario” y ha explicado que “trescientos cuarenta y tres municipios aragoneses son beneficiarios de subvenciones destinadas a los consultorios médicos locales”. Susana Gaspar, por parte de Ciudadanos, ha hecho hincapié en que “durante la pandemia se han puesto en evidencia, de una manera descarnada, las deficiencias del sistema de salud en el medio rural”.
Desde Podemos, Itxaso Cabrera ha recordado que “Zaragoza tiene la misma población que el resto de Aragón” y, por lo tanto, “tenemos que tener una visión más amplia y hacer un recorrido por toda la geografía aragonesa”, al tiempo que ha afirmado que “en los próximos días se abrirá una ponencia especial en torno a asuntos de subvenciones”. La parlamentaria de CHA Isabel Lasobras ha incidido en que “Teruel es una de las zonas más despobladas de España, pero no es la única”. “Quiero dejar constancia de que el problema de la despoblación y el envejecimiento existe en todo Aragón y repercute en todos los servicios públicos”, ha aclarado.
Esther Peirat (PAR) ha afirmado que “seguiremos defendiendo a los consultorios médicos y a las farmacias que se implanten en nuestro medio rural porque son muy importantes para la lucha contra la despoblación y porque creemos que todos tenemos que tener los mismos servicios”. Por último, desde IU, Álvaro Sanz ha asegurado no saber “si esta propuesta se ajusta al debate concreto que da solución al problema de que los ayuntamientos deban asumir competencias que no les son propias”.