El portavoz y la presidenta de Madres y Padres para la absolución de los 6 de Zaragoza, Francisco Aijón y Pilar Vázquez, en su comparecencia ante la Comisión de Comparecencias Ciudadanas, han manifestado, además, que “es intolerable que en una democracia europea asistamos a un caso de abuso de poder”
El portavoz y la presidenta de Madres y Padres para la absolución de los 6 de Zaragoza, Francisco Aijón y Pilar Vázquez, durante su comparecencia ante la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos de la Cámara autonómica, han solicitado el apoyo de los grupos parlamentarios para “poner de su parte y revertir la injusta sentencia que pretende privar de la libertad a nuestros hijos por el único hecho, que está acreditado, de acudir a una manifestación”.
El portavoz de la asociación, Francisco Aijón, ha explicado que “si estamos aquí no es por el convencimiento emocional”, sino porque “no hay pruebas y la única vara de medir que recoge el juez son los atestados policiales y la veracidad que se les presume”. “Existen contradicciones en lo manifestado por los agentes y la labor del juez no es la de encajar un relato para justificar una sentencia porque, como ciudadano, uno se retrotrae a pensamientos que ya creíamos enterrados con la dictadura”, ha declarado.
De igual forma, la presidenta de Madres y Padres para la absolución de los 6 de Zaragoza, Pilar Vázquez, ha denunciado que “la sentencia ya venía pensada de casa”, ya que “la única prueba objetiva es la grabación de unas cámaras de seguridad donde no se reconoce a los procesados”. “Se atenta contra el artículo 20.1 de la Declaración universal de los Derechos Humanos, que reconoce que todo el mundo tiene derecho a la reunión pacífica”, ha defendido, al tiempo que ha sentenciado que “es intolerable que en una democracia europea asistamos a un caso de abuso de poder” y que “estamos orgullosos de que nuestros hijos sientan la necesidad de expresar sus ideas”.
Por último, Aijón ha demandado un “escrutinio mucho más escrupuloso con el fin de proteger el inviolable derecho de reunión” porque “la Constitución española y los organismos internacionales también lo apuntan y el Consejo de Europa se pronunció para modificar la Ley mordaza por su potencial represivo”. “Queremos que se evalúe el comportamiento policial por los poderes que les otorga la ley”, ha concluido.
El parlamentario socialista Óscar Galeano ha mostrado “empatía con su situación personal, donde no puede reinar sino el deseo de que esto pudiera ser una pesadilla”, pero “nos enfrentamos a hechos que son reales y que producen un desasosiego”. José Antonio Lagüéns (PP) ha reconocido que “aquí se puede hablar de todo, pero esta comparecencia va de un padre y una madre indignados porque no han tenido acceso a la tutela legal efectiva y a unas garantías judiciales”, y, en este sentido, ha apuntado, “deseamos que se produzca la revisión del caso”.
Elisa Sacacia (Ciudadanos) ha declarado que, desde su grupo, “creemos en la separación de poderes y en la independencia del poder judicial, por lo que nunca nos vamos a encontrar en la crítica de una sentencia judicial”. Además, ha añadido, “condenamos cualquier tipo de disturbio violento en nuestras calles”. Por parte de Podemos, su portavoz, Nacho Escartín, ha expuesto que “el origen de un caso como el de vuestra sentencia está en la Ley orgánica de Protección de Seguridad Ciudadana, aprobada en solitario por el PP, que ha supuesto un retroceso de libertades de expresión y manifestación”.
Carmen Martínez (CHA) ha asegurado que “todos hemos sido conocedores de esta sentencia y muchas veces hemos hablado de la percepción de los ciudadanos”, pero “en este caso no se trata de una percepción, sino de hechos, porque en la sentencia se habla de la baja calidad de las grabaciones y de que no permite el pleno reconocimiento de los implicados”. Santiago Morón (Vox) ha mostrado su respeto “por la posición como padres de querer defender a sus hijos”, pero “el derecho a la liberta de expresión y manifestación se nos intentó conculcar a mi partido a través de una convocatoria en redes sociales”. Por último, desde IU, Álvaro Sanz ha mostrado “solidaridad” y ha compartido la “preocupación por la situación de sus hijos, que es extrapolable a la que podríamos sufrir cualquiera” y por “el uso desmedido de la autoridad pública”.