Actualidad

Nota de prensa

El director general de Presupuestos insiste en que Aragón “no tiene problemas de pago” y “ha mejorado sus finanzas públicas” con respecto al cierre de 2019

El director general de Presupuestos insiste en que Aragón “no tiene problemas de pago” y “ha mejorado sus finanzas públicas” con respecto al cierre de 2019
A lo largo de la mañana, además, ha sido rechazada, con los votos en contra de todos los grupos parlamentarios, excepto PP y Ciudadanos, una iniciativa del PP sobre la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para aclarar el contenido de las ayudas a empresas en la pandemia

El director general de Presupuestos, Financiación y Tesorería, Andrés Leal, en su comparecencia de esta mañana ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón, ha recordado que “el 2020 partió sin la modificación del objetivo de déficit de deuda y estabilidad financiera” y “a consecuencia de la pandemia, los objetivos de estabilidad no tenían cabida con la realidad”, pero “Aragón cerraría 2020 con un superávit en términos SEC y la Comunidad habría mejorado sus finanzas públicas respecto al cierre de 2019”. “Desde la entrada en vigor de las leyes de estabilidad presupuestaria, esta sería la primera vez que tenemos un superávit”, ha añadido.


De igual forma, el director general ha expuesto que “en 2020 los ingresos no financieros experimentaron un impulso superior a los gastos en casi seiscientos millones más con respecto al presupuesto de 2019”. “De este modo, el déficit presupuestario de ciento cincuenta millones de euros se reduce significativamente en 2020, se registra ahorro bruto positivo por primera vez en la última década, los gastos de capital crecen y logra incrementarse el esfuerzo inversor”, ha detallado.

 

Asimismo, Leal ha destacado “la contención del gasto corriente en Aragón” porque “es la tercera comunidad en la que menos ha crecido el gasto” y “su evolución es el resultado de las nuevas necesidades de personal sanitario y educativo, principalmente”. En este sentido, el responsable de Presupuestos ha hecho hincapié en el “claro contraste entre el déficit de la Administración central y el de las comunidades” y en la apuesta de la Administración General del Estado por “el mantenimiento del Estado del bienestar, fruto de la experiencia de la crisis anterior”.

 

De esta manera, Leal ha aclarado que “los fondos COVID son incondicionados, no tienen una finalidad, y han tratado de mantener el presupuesto de la Comunidad desde el primer día” porque “en marzo las previsiones de todos los organismos apuntaban a que las administraciones iban a tener una brutal caída de los ingresos”. Y, en última instancia, ha defendido que “no puede haber más transparencia en el presupuesto” y que “la Comunidad no tiene problemas de pago”.

 

Desde el grupo proponente, la diputada popular Carmen Susín ha asegurado que “hay muchas dudas y demasiadas sombras sobre las cuentas” y ha manifestado que “el Gobierno no debería exhibir el periodo medio de pago a proveedores con orgullo”. De igual forma, ha recriminado a Leal que, “siendo de las comunidades con las tasas más altas de mortalidad por COVID-19, una de las que más problemas ha tenido con el transporte sanitario y que no ha cumplido ni un solo mes con el periodo de pago a proveedores, presuman de haber tenido cincuenta y ocho millones de euros de superávit”.

 

El diputado del PSOE Óscar Galeano ha vaticinado que “el escenario que vamos a encontrarnos en los próximos meses no va a ser fácil”, pero “la respuesta de la Hacienda estatal española merece sobresaliente, al menos en la colaboración y en enfocar unas ayudas financieras de transferencias muy diferentes a las que se habían producido en otras ocasiones”. El diputado de Ciudadanos José Luis Saz ha declarado que “es un ejemplo de cómo la contabilidad puede no reflejar la realidad económica, como consecuencia de una serie de distorsiones”, ya que “aparecen unos ingresos dopados, unos incrementos de gasto no recurrente e inesperado y unas transferencias de la Administración General del Estado para paliarlos”.

 

Por parte de Podemos, Marta Prades ha expuesto que “a la hora de entender las explicaciones y las cifras es imprescindible hacerlo bajo el contexto en el que se ha desarrollado la actividad económica de la Comunidad”, y ha destacado que “el Congreso en 2020, por mayoría absoluta, decidiera suspender las reglas de gasto”.En representación de CHA, Carmen Martínez ha incidido en que “las cuentas que se diseñaron no tenían previsto lo que sucedió y subyace lo que ha ocurrido siempre desde que tenemos los informes de la Cámara de Cuentas sobre la cuenta general de la Comunidad, que falta suficiencia financiera para cumplir con las competencias que tiene encomendadas Aragón”.

 

David Arranz, desde Vox, ha manifestado que “no podemos obviar que el año ha sido atípico”, pero “los ingresos procedentes de transferencias estatales no han sido suficientes para corregir la caída libre que han experimentado los ingresos por impuestos y tasas”. Jesús Guerrero (PAR) ha señalado que “el hecho de que haya habido superávit es una buena noticia porque la situación era excepcional y ha sido un año complejo en su Departamento, igual que en el Gobierno” y, en este sentido, ha felicitado a Leal por “evitar un desastre a nivel económico”. El diputado de IU, Álvaro Sanz, ha explicado que “hablamos de un presupuesto difícilmente comparable con el de cualquier otro ejercicio, por las realidades a las que ha tenido que dar cuenta”. “Las circunstancias mandan y estamos ante el presupuesto que más tiempo ha estado en vigor”, ha apuntado.

 

CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE POLÍTICA FISCAL Y FINANCIERA

A lo largo de la mañana, además, ha decaído, con el único apoyo de Ciudadanos, una proposición no de ley del G. P. Popular sobre la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para aclarar el contenido del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. En su defensa, Carmen Susín (PP) ha expuesto que “el objetivo es instar al Gobierno a que aclare el contenido del Real Decreto-ley, atendiendo especialmente a la complejidad de la gestión y a los sectores que quedan excluidos”. “A pesar de las modificaciones incluidas el viernes en el Real decreto los criterios se han impuesto sin diálogo con la Comunidad y dejan fuera a sectores gravemente afectados por la crisis”.

 

Óscar Galeano (PSOE) ha recordado que “se ha modificado el Real Decreto, se han ampliado las causas y se han añadido empresas que no hayan presentado beneficios en 2019”. “Aun votando que no, me quedan ganas de ver un encuentro interterritorial en un asunto como este”, ha concluido. José Luis Saz (Ciudadanos) se ha mostrado favorable al texto de impulso, aunque, tal y como ha señalado, “creemos que la convocatoria del Consejo Interterritorial retrasaría el objetivo de la proposición no de ley y la norma se está desarrollando en el Congreso”, pero “estamos a favor del diálogo”.

 

Marta Prades (Podemos) ha señalado que “el objetivo del Real Decreto es poner en marcha medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19” y “no tiene nada que ver con las funciones del Consejo Interterritorial”. Carmen Martínez (CHA) ha adelantado su voto negativo porque “la pretensión de esta iniciativa no es convocar al Consejo Interterritorial para aclarar el contenido del Decreto”, sino “hacer ruido ante cualquier cuestión que plantee un Gobierno que no es el suyo”.

 

David Arranz (Vox) ha asegurado que “las ayudas se han aprobado tarde y se han desarrollado mal. “El valor de Aragón para el Gobierno social comunista es de ciento cuarenta millones de euros, pero ha gastado cincuenta y tres millones de euros en rescatar a la empresa venezolana chavista Plus Ultra”. Jesús Guerrero (PAR) ha puesto en valor “la importancia que tiene luchar en esta pandemia” y ha explicado que “en Aragón se están haciendo los deberes y se deben implantar cuanto antes las acciones que vengan del Gobierno central”. Desde IU, Álvaro Sanz ha defendido que “diferimos en muchas cosas y también en la interpretación del objetivo de la iniciativa, porque es un debate propio de negación de una salida social a la crisis, que es la que se ha elegido por el Gobierno”.

Notas de prensa relacionadas: