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La Comisión de Hacienda solicita la inclusión de las comarcas aragonesas limítrofes con Soria y Teruel como beneficiarias de las ayudas estatales de finalidad regional

La Comisión de Hacienda solicita la inclusión de las comarcas aragonesas limítrofes con Soria y Teruel como beneficiarias de las ayudas estatales de finalidad regional
A lo largo de la mañana, a su vez, ha decaído una proposición no de ley de Ciudadanos sobre la referencia a la declaración conjunta en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas, con los votos en contra de PSOE, Podemos, CHA, PAR e IU

La Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley del PP para instar al Gobierno de Aragón a solicitar al Ejecutivo central la designación, como beneficiarias de las ayudas establecidas en las directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional para el  periodo 2022-2027, a  las comarcas aragonesas limítrofes con las provincias de Soria y Teruel, cuya densidad de población sea inferior a 12,5 habitantes/km2.

 

En la defensa de la iniciativa, la representante del grupo proponente, Carmen Susín, ha recordado que “la Comisión europea aprobó el texto definitivo acerca de las directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional e incluyó las provincias de Cuenca, Soria y Teruel” como beneficiarias de dichas ayudas. No obstante, ha asegurado, “en Aragón y, concretamente, en Zaragoza, hay varias comarcas pegadas a Soria y Teruel que son susceptibles de beneficiarse de estas ayudas”.

 

Desde los grupos que sustentan al Gobierno se ha presentado una enmienda conjunta, que ha sido aceptada y transaccionada por Susín. Óscar Galeano (PSOE) ha presentado, además, una enmienda in voce, y ha incidido en que “si hay algo que ha demostrado reiteradamente este Gobierno es la voluntad de hacer frente común ante este tema tan grave, que es la sangría de la despoblación”. Marta Prades (Podemos) ha recordado que “los gobiernos de Aragón, Castilla y León y Castilla la Mancha hicieron un frente común y, desde ahí, debemos alegrarnos y felicitarnos por el trabajo realizado”, al tiempo que ha manifestado que “hay que aprovechar la posibilidad de que se puedan incluir las zonas contiguas”.

 

Carmen Martínez (CHA) ha calificado el debate como “interesante” porque “uno de los mayores problemas estructurales que tiene Aragón es el de la despoblación, y hay que seguir implantando políticas públicas para seguir mejorando esta situación”. Jesús Guerrero (PAR) ha reconocido compartir “el fondo de la iniciativa” porque “hablar de despoblación muchas veces es hablar de un problema importante que viene desde hace muchos años” y “al que todos queremos dar solución”.

 

José Luis Saz (Ciudadanos) ha hecho hincapié en que “estamos hablando de uno de los temas más relevantes, especialmente en Aragón” porque “la despoblación nos golpea de forma cruel” y “es una oportunidad que la Unión Europea haya puesto en marcha una serie de directrices” para contrarrestarla. David Arranz (Vox) ha defendido que se trata de “una iniciativa muy favorable” porque “defiende el medio rural, la vertebración del territorio y la lucha contra la despoblación” y “abre la posibilidad de que zonas contiguas se beneficien de estas ayudas”. Álvaro Sanz (IU) ha afirmado que se trata de “un debate interesante que no es nuevo” y ha puesto el foco en la “necesidad de que Europa se haga eco de los problemas que tenemos en todo el territorio”.

 

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

A lo largo de la mañana también se ha debatido una iniciativa de Ciudadanos sobre la referencia a la declaración conjunta en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas, que ha sido rechazada con los votos en contra de PSOE, Podemos, CHA, PAR e IU. El diputado de Ciudadanos José Luis Saz, en la exposición de la iniciativa, ha incidido en que “la Unión Europea pone en marcha un programa especial de recuperación económica, social y sanitaria” con los objetivos de “sostener la pérdida de calidad de vida que se ha producido como consecuencia del virus, sentar las bases para unos cambios estructurales y lograr una modernidad de determinados enfoques de la vida diaria”.

 

Óscar Galeano (PSOE) ha abierto el turno de intervención del resto de grupos parlamentarios y ha manifestado que “cuando uno ve, años atrás, documentos de expertos en torno a este debate de tributación conjunta, el desincentivo aparece en los documentos” y, de hecho, “hay países de nuestro entorno europeo que han profundizado en este debate con unas determinadas conclusiones”. Carmen Susín, en representación del PP, ha afirmado que “el discurso feminista aquí no cabe y se desdice con los datos”. “Según la ministra Montero fue una errata, pero el tema sigue en el plan y de este Gobierno ya no nos creemos nada”, ha apuntado.

 

Desde las filas de Podemos, Marta Prades ha expuesto que “la Airef, que es de donde emana este impulso que el Gobierno incluyó y rectificó, puso el foco en un problema estructural, que es el sesgo de género, que ha perjudicado a la mujer porque tiene un sueldo más bajo, una pensión más baja y accede a trabajos menos cualificados”. Carmen Martínez (CHA) ha reconocido que “merece la pena entrar en el debate, pero sería más necesario hacer un debate conjunto sobre las modificaciones que hay que hacer en nuestro sistema fiscal”.

 

David Arranz (VOX) ha defendido que “la errata es la fiscalidad que nos imponen” y ha explicado que “en el informe de evaluación del gasto público 2019 se analizan, entre otros beneficios fiscales, la recaudación por tributación conjunta, en la que los beneficiados son más de cuatro millones de personas”. Jesús Guerrero (PAR) ha adelantado su voto negativo porque, a pesar de “compartir el fondo de la iniciativa”, “se ha anunciado, por parte de la Ministra de Economía que había habido un error de transcripción” y “el objeto de la propuesta carecería de sentido”. Por último, Sanz, desde IU, ha reconocido que “nunca se había hablado de esta cuestión desde que se deroga la obligatoriedad de hacer la declaración conjunta”.

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