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La directora general de Justicia destaca que el 97,2% de las demandas contra cláusulas suelo se ganan sin coste alguno para el afectado

La directora general de Justicia destaca que el 97,2% de las demandas contra cláusulas suelo se ganan sin coste alguno para el afectado
María Ángeles Júlvez ha detallado que actualmente entran en los juzgados 150 demandas al mes por claúsulas abusivas de entidades bancarias, un volumen “asumible” tras la “tromba de demandas” que obligó a un refuerzo de los juzgados entre 2017 y 2020

La directora general de Justicia, María Ángeles Júlvez, ha detallado esta mañana en la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón cómo se han resuelto hasta la fecha los procedimientos judiciales iniciados por las denominadas “cláusulas suelo”.  Júlvez, que ha comparecido por petición de la consejera de Presidencia Mayte Pérez, ha explicado que desde 2017 se han presentado en Aragón 15.000 demandas, de las que la gran mayoría (el 97,2%) han sido resueltas favorablemente para los demandantes.  

 

Júlvez ha detallado que a 1 de enero de este año estaban resueltas el 87,9% de las demandas y que ahora mismo solo quedan “unas 700” por resolver. La responsable del Departamento ha afirmado que desde 2017 los juzgados aragoneses han dictado más de 10.000 sentencias sobre cláusulas abusivas, siendo Aragón la tercera comunidad que porcentualemente ha dictado más resoluciones de España. “Es el número de sentencias que dictarían 25 jueces en diez años”, ha destacado. 

 

“Cada demanda que se ha resuelto rondaba los 8.000 euros por familia” ha detallado Júlvez, lo que ha supuesto que los procedimientos judiciales iniciados en Aragón han permitido la “vuelta a la economía” de más de 120 millones de euros. La directora general de Justicia ha agradecido el “enorme esfuerzo” del personal del Departamento, que tuvo que crear un juzgado especial en Zaragoza y oficinas de trabajo en Huesca y Teruel por el “aluvión de demandas”. Júlvez ha destacado que en varios trimestres de 2020 la tasa de resolución de los juzgados aragoneses  — superior al 340%—  fue “la más alta de toda España”. 

 

El diputado socialista Darío Villagrasa ha afirmado que las claúsulas suelo produjeron “un problema social que ha llevado a la indefensión y al sufrimiento a miles de familias”, y ha valorado positivamente la “sensibilidad” mostrada por la Dirección General de Justicia para “resolver los problemas de los ciudadanos y amparar a quien estaba en una situación más vulnerable”. Villagrasa ha destacado que ante una situación “difícil” el Gobierno de Aragón “ha estado a la altura”. 

 

Desde el G.P. Popular, su portavoz Fernando Ledesma se ha mostrado satisfecho por el plan presentado por el Consejo General del Poder Judicial para abordar el problema y su ejecución en  Aragón, aunque ha calificado como “fracaso del sistema” que en las cláusulas suelo no haya funcionado el instrumento de la mediación. Ledesma ha comparado la dotación de medios que realizó el Gobierno de Aragón con la actual reducción de “tres jueces de guardia a uno” en los juzgados de Ejea de los Caballeros, Tarazona y La Almunia de Doña Godina. 

 

Beatriz García, del G.P. Ciudadanos, ha recordado que la posibilidad de llegar a un procedimiento extrajudicial llevó a los “acuerdos trampa” o de novación, en los que los afectados renunciaban a continuar con las demandas en los juzgados. García ha recalcado que en marzo de este año estos acuerdos fueron anulados por el TJUE a instancias de un juzgado de Zaragoza. La diputada ha advertido de que “quizás nos hayamos precipitado” en cerrar los juzgados especiales que hasta ahora se encargaban de las cláusulas suelo, porque se prevé un gran número de demandas por esta nueva sentencia europea. 

 

Itxaso Cabrera, de Podemos Equo, ha asegurado que “fortalecer la justicia debe ser una de las funciones de un gobierno progresista” y ha detallado que según ADICAE, hasta 40.000 familias aragonesas podrían estar afectadas por las cláusulas suelo. Cabrera ha estimado que en Aragón las entidades bancarias deberán devolver a los usuarios entre "4.000 y 7.000 millones de euros" de los que 800 corresponderían a afectados en Aragón.

 

Chunta Aragonesista, mediante su portavoz Carmen Martínez, ha calificado como “quebradero de cabeza” la situación creada por las cláusulas suelo a la ciudadanía. La diputada también ha asegurado que “afortunadamente se ha dado respuesta a las legítimas demandas de los ciudadanos”. 

 

David Arranz, del G.P. Vox en Aragón, ha recordado que la justicia “debe amparar a los ciudadanos cuando están en situación de indefensión”, especialmente ante los “claros abusos” producidos por las entidades bancarias. También ha señalado que este apoyo a la Justicia debe seguirse con el "respeto" a la independencia judicial. 

 

Desde el G.P. Aragonés, la diputada Esther Peirat ha dicho que la sentencia de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea –que declaró abusivas estas cláusulas- ha supuesto un reto para los juzgados españoles, ante el gran número de demandas que provocó y el “riesgo de colapso” del sistema judicial. Una situación que, ha destacado, se ha resuelto "satisfactoriamente" en Aragón. 

 

El representante de Izquierda Unida Álvaro Sanz ha señalado que el "conflicto" de las cláusulas "sigue vivo”, y ha calificado como “atraco” y “estafa” estas prácticas de las entidades bancarias. Sanz ha añadido que el plan urdido por el CGPJ, de dotación de personal y medios materiales, es un claro ejemplo de cómo hay que dar solución a los problemas de la ciudadanía “fortaleciendo los servicios públicos”.

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