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La Plataforma por unas Residencias Públicas en Aragón defiende que “el cuidado de nuestros mayores debe ser un servicio público y no un negocio”

La Plataforma por unas Residencias Públicas en Aragón defiende que “el cuidado de nuestros mayores debe ser un servicio público y no un negocio”
Juan Pablo García y José Luis Cabello, representantes de la Plataforma, han exigido al Gobierno de Aragón resolver “las condiciones inadecuadas y degradantes” de muchas personas y han reivindicado las residencias de mayores como “servicio público esencial”

Los representantes de la Plataforma por unas Residencias Públicas en Aragón, Juan Pablo García y José Luis Cabello, durante su comparecencia esta mañana ante la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos humanos, han defendido que “el cuidado de nuestros mayores debe ser un servicio público y no un negocio”, a la vez que han reclamado con urgencia que el Gobierno de Aragón revuelva “las condiciones inadecuadas y degradantes en las que se encuentran muchas personas”.

 

En su comparecencia, Juan Pablo García ha explicado que “la alta institucionalización” del modelo de servicios sociales de la Comunidad es “uno de los problemas de raíz” y ha realizado varias solicitudes, como “avanzar en la transición a un modelo de derechos individuales” o reforzar “la atención domiciliaria de calidad”, entre otras. Para ello, ha pedido que “se elabore un calendario con los objetivos principales de estas reformas urgentes para cumplirlo en un máximo de 6 meses”.

 

Por último, García ha puesto de manifiesto que se han detectado ausencias como el “déficit de puestos de trabajo o condiciones laborales insuficientes”. Además ha criticado “la falta de transparencia” y ha solicitado “realizar una auditoría sobre lo ocurrido en los centros durante la pandemia”. A su vez, también ha incidido en el difícil acceso a la información, para lo que ha aportado como solución la creación de una página web donde se recoja el contenido, de forma accesible y adaptada.

 

Desde el G. P Socialista, Ana Arellano ha agradecido el trabajo desempeñado por los profesionales del sector y ha detallado algunas de las condiciones recogidas en el dictamen que “deberían regir el nuevo modelo residencial”, como, por ejemplo, “actualizar el marco normativo” y, además, “avanzar en un modelo centrado en la persona, con mejores condiciones laborales” para los profesionales.

 

El parlamentario popular José Antonio Lagüéns ha puesto el foco en “la colaboración público-privada” y en “la inspección y el control de esas gestiones indirectas de los servicios”. Además, ha recordado que “la Ley de Dependencia tiene graves problemas de financiación y hay que intentar mejorarla”.  Elisa Sacacia (Ciudadanos) ha apuntado a “una atención centrada en el mayor”, cuya prioridad sea “la calidad del servicio prestado”. Sacacia ha incidido en la necesidad de implementar “indicadores sobre calidad que permitan evaluar actuaciones y servicios”.

 

Para Nacho Escartín (Podemos), el principal cambio es “lo público, porque cuida a todo el mundo por igual” y ha solicitado “la teleasistencia como derecho subjetivo, más horas de atención a la ayuda a domicilio y más prestaciones económicas”.  Carmen Martínez (Chunta) ha incidido en “avanzar desde la escucha activa”, con una atención “centrada en las personas”, sin olvidar que “las residencias no son hospitales geriátricos, son centros de convivencia y tienen que seguir siéndolo”.

 

En representación de Vox, Santiago Morón se ha sumado al reconocimiento a la labor realizada por el personal de las residencias y ha destacado que “lo importante no es la titularidad, sino que la gestión esté supervisada”. Jesús Guerrero (PAR) ha puesto en valor “la importancia del cuidado y la atención de nuestros mayores” y también ha pedido “corregir las problemáticas de este sector” a través del  “marco normativo y el sistema de financiación”.

 

Para Álvaro Sanz (IU) es “una preocupación compartida” y ha defendido “la gestión pública para responder a las situaciones con urgencia, para llegar al conjunto del territorio y para evitar que se haga negocio con derechos fundamentales”. A su vez, ha solicitado “avanzar hacia la mejora de las condiciones laborales y en la modificación del decreto de ratios”.

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