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El Parlamento aragonés pide implementar un nuevo Plan Renove y un tipo reducido para la compra de vehículos poco contaminantes

El Parlamento aragonés pide implementar un nuevo Plan Renove y un tipo reducido para la compra de vehículos poco contaminantes
La iniciativa, que pide que la tributación sobre las emisiones regrese a los niveles anteriores al cambio del sistema de medición, ha sido presentada por Vox y aprobada por unanimidad en una sesión en la que también se ha rechazado una proposición no de ley de Ciudadanos para rebajar el precio de la ITV para los vehículos eléctricos

Las Cortes de Aragón han acordado esta tarde, con el voto a favor de todos los grupos, instar al Ejecutivo autonómico a solicitar al Gobierno de España un conjunto de medidas para apoyar al sector de la automoción. Un sector “fundamental”, en palabras de la diputada de Vox Marta Fernández, que ha sido la encargada de presentar la iniciativa este miércoles en la Comisión de Industria.

 

Fernández ha remarcado que la automoción está sufriendo especialmente las consecuencias de la pandemia, con una caída en las matriculaciones del 51% el pasado mes de enero. Y ha dado cuenta de la importancia del sector en Aragón, donde supone “el 6% del PIB de la Comunidad autónoma, el 30,4% del empleo industrial y el 35% de nuestras exportaciones”. En su iniciativa, Vox ha pedido implementar nuevamente el Plan Renove, incrementando las ayudas dadas en 2020. Un Plan que, con la modificación incluida en la enmienda presentada por los grupos que apoyan al Gobierno, deberá poder ser tramitado, indistintamente, por los concesionarios de vehículos, por el comprador y por entidades sin ánimo de lucro habilitadas para tal fin.

 

La proposición no de ley también busca modificar el artículo 70 de la Ley de Impuestos especiales, para que el gravamen sobre las emisiones vuelva al nivel establecido antes del cambio del sistema de medición, y demanda a la Unión Europea el establecimiento de un tipo reducido para la compra de vehículos de bajas o nulas emisiones de CO2.

 

El diputado del G.P. Socialista Sergio Ortiz ha dicho que su grupo “comparte el diagnóstico de la iniciativa”, aunque ha señalado la “incoherencia” de querer favorecer a los vehículos eléctricos y reducir “al mismo tiempo” la tributación de los vehículos más contaminantes. Juan Carlos Gracia Suso, del Partido Popular, ha destacado que el sector de la automoción “es fundamental para la generación de riqueza, de empleo y para la vertebración del territorio”, y ha considerado “esencial” ayudar al sector porque “ningún conductor, de vehículo de combustión o eléctrico, se libra de los hachazos impositivos del Gobierno”.

 

Desde el G.P. de Ciudadanos, su diputada Jara Bernués ha incidido en la necesidad de las ayudas a la compra de vehículos porque desde enero “su precio ha subido de media un 4%” por culpa de “la nueva medición de emisiones de vehículos”, y ha recordado que el cambio normativo tendrá “una repercusión importante” en todos los tramos del impuesto. El G.P. de Podemos Equo, con la intervención de su diputada Marta Prades, ha querido dejar claro que todas las acciones “deben ir destinadas a la descarbonización y el objetivo de cero emisiones en 2050”, y que son las propias patronales de la automoción las que quieren “una tributación que refleje criterios medioambientales”.

 

Isabel Lasobras, de Chunta Aragonesista, ha recordado que ya existe un Plan Estratégico para el sector en el periodo 2019-2025, y ha remarcado que el apoyo decidido al sector “dejará una deuda para las generaciones posteriores” por lo que “tendrá que ser muy claro en la lucha contra el cambio climático”. Para el G.P. Aragonés, a través de su portavoz Jesús Guerrero, el sector de la automoción es “muy importante no solo para el entorno de Zaragoza, sino para todas las comarcas de Aragón donde se generan miles de empleos indirectos”. El diputado del PAR ha recordado que el vicepresidente del Gobierno de Aragón Arturo Aliaga ha planteado “en repetidas ocasiones” este mismo diagnóstico en la Mesa de la Automoción.

 

ITV VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Por otra parte, la Comisión de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial de la Cámara autonómica ha rechazado esta tarde, con los votos en contra de PSOE, Podemos, CHA y PAR, una proposición no de ley de Ciudadanos para instar al Gobierno a “rebajar, al menos un treinta por ciento, el precio de la inspección técnica de vehículos para los vehículos cien por cien eléctricos en aras a fomentar el uso del vehículo eléctrico”.

 

El encargado de presentar la iniciativa ha sido la parlamentaria de Ciudadanos Jara Bernués, quien ha explicado que “la inspección es una parte importante para garantizar que los vehículos estén en óptimas condiciones de seguridad y en relación con las emisiones contaminantes”. En este sentido, Bernués ha añadido que “las tarifas de inspección deben ser establecidas por la Comunidad autónoma” y, por ello, ha solicitado “que se rebaje en, al menos un treinta por ciento, su precio para los vehículos eléctricos”.

 

Los grupos que componen el Gobierno han presentado una enmienda conjunta, que no ha sido aceptada por Bernués. En su defensa, la socialista Leticia Soria ha reconocido que “actualmente no existe una legislación específica para la inspección de vehículos eléctricos y quizás aplicar la misma normativa que para vehículos de gasolina y diésel no es lo más adecuado”. En representación de Podemos, Marta Prades ha argumentado que “en este proceso de transición ecológica también se debe avanzar hacia una movilidad sostenible” pero “la iniciativa, tal y como la plantean, puede tener unas consecuencias negativas para las estaciones concesionarias”.

 

La diputada de CHA Isabel Lasobras ha recordado que “hace un año se firmó la prórroga por diez años de la prestación de los servicios de ITV y se detalló que debían estar adaptadas a las necesidades de los vehículos electrónicos”. Jesús Guerrero (PAR) se ha dirigido a Bernués y ha manifestado que “tiene la oportunidad de buscar un titular o de intentar refrendar que, a pesar de que no existe una legislación vigente, sí existe la voluntad de que, cuando surja, se pueda aplicar lo que pide”.

 

Por parte del G. P. Popular, Juan Carlos Gracia ha defendido que “esta iniciativa podría haber sido un punto en un plan de movilidad sostenible” en el que, además, “se podrían haber regulado bonificaciones en función de las emisiones de CO2 de los vehículos”. Desde las filas de Vox, la diputada Marta Fernández ha expuesto que “todo tiene que tener una lógica y no tiene sentido pagar una cantidad por un servicio que realmente no se realiza”. “La función de la ITV es garantizar que se cumplen unas condiciones técnicas y medioambientales conforme a la normativa”, ha apuntado.

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