A lo largo de la mañana, la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales de las Cortes ha debatido también una proposición no de ley del G. P. Popular sobre el nuevo sistema de tarificación de la factura de la electricidad, que ha decaído por la regla del voto ponderado
El director gerente del Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), Adrián Gimeno, en su comparecencia esta mañana ante la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales de las Cortes, ha expuesto que “este verano se van a poder realizar, con ciertas restricciones, actividades de verano” para jóvenes, como colonias urbanas, campos de voluntariado o acampadas. “Se trata de ocio educativo, que tiene como finalidad fomentar el crecimiento personal y el desarrollo de la identidad de los niños y niñas en un período de cambio constante”, ha apuntado.
De igual forma, Gimeno ha incidido en que estas actividades “rompen con la rutina diaria del colectivo infanto-juvenil”, constituyen “un eje más de las estrategias para favorecer la conciliación familiar” y adquieren un papel clave en la “dinamización territorial a través de un importante impacto económico”. A su vez, ha recordado que “en 2020 hubo que hacer grandes restricciones para intentar contener el virus y este fue uno de los sectores más afectados”, ya que se basa en “el grupo y el contacto” y “se nos hizo muy difícil encontrar un equilibrio”.
De esta manera, el responsable del IAJ ha señalado que el verano pasado “se realizaron tan solo sesenta y cuatro actividades, la cifra más baja desde que tenemos estadísticas oficiales”, pero “la situación hoy es bien distinta, tenemos la experiencia de un año de gestión y la referencia de los centros escolares”. En este sentido, ha manifestado que a principio de año “fijamos los pasos a seguir”, entre los que ha destacado la “publicación, en varios momentos, de la normativa en función de los datos epidemiológicos”, la “creación de la Mesa del ocio y del tiempo libre para poder adecuar las medidas”, la “publicación, a principios de junio, de nuestros propios protocolos de actuación para garantizar una mejor gestión de posibles casos” y “la creación de grupos estables de convivencia y pernocta de hasta veinte participantes”.
En última instancia, ha defendido la necesidad de “reforzar la labor inspectora, que desde esta semana va a recorrer nuestro territorio”, al tiempo que ha puesto en valor a “las empresas y entidades que organizan este tipo de actividades”, que velan para “poder dar las mejores condiciones”, y ha argumentado que “si hubiéramos regulado en enero hubiéramos sido demasiado restrictivos”.
Pilimar Zamora, desde el PSOE, ha destacado como “una buena noticia” que “los menores de edad en Aragón tengan este verano la oportunidad de participar en cualquier tipo de actividad”, sobre todo, “después de un año que ha sido difícil para todos, pero en el que los jóvenes se han llevado la peor parte”. La parlamentaria popular Marian Orós ha declarado que “el ocio y el tiempo libre es fundamental para nuestros jóvenes porque, además de ser una actividad educativa, es clave para su desarrollo personal”. No obstante, ha recriminado a Gimeno que “no debería haber apurado los tiempos hasta el extremo”.
Desde las filas de Ciudadanos, Loreto Camañes ha explicado que “este año ha existido un mayor número de solicitudes para este tipo de actividades y muchos niños y jóvenes se han quedado sin plaza”, al tiempo que ha preguntado a Gimeno si “se ha estudiado la posibilidad de aumentar el número de participantes si mejora la situación sanitaria”. La parlamentaria de Podemos Vanesa Carbonell ha argumentado que “ahora los datos epidemiológicos son buenos, pero no podemos bajar la guardia”. “Vemos como algo positivo que los menores puedan relacionarse y disfrutar con las colonias y campamentos y que las familias puedan conciliar su vida laboral y personal”, ha añadido.
Carmen Martínez, en representación de CHA, ha recordado que “el verano del 2020 fue un torrente de sensaciones contrarias” y, en este sentido, ha calificado como un “acierto” la “cautela que se impuso por parte del IAJ, porque no entorpeció más la situación y la presión asistencial de los hospitales”. El diputado de Vox David Arranz ha hecho hincapié en la necesidad de “potenciar la participación de los jóvenes en la vida económica, social o cultural de nuestra Comunidad”, aunque “es una cuestión muy compleja y transversal que requiere de la coordinación de diversas administraciones y entidades”.
Esther Peirat, por parte del PAR, ha coincidido en la valoración del ocio educativo como “una actividad esencial y complementaria a la educación escolar” que “permite a los jóvenes y niños desplegar su personalidad”. Asimismo, ha puesto en valor el hecho de que “generan dinamismo y riqueza en el territorio, algo que no se nos debe olvidar”. El portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha manifestado que “los campus y colonias son una experiencia de ocio educativo formidable” y “es positivo que podamos afrontar los meses de asueto en mejores condiciones que el año pasado, especialmente para el colectivo infanto-juvenil”.
NUEVO SISTEMA DE TARIFICACIÓN DE LA FACTURA DE LA ELECTRICIDAD
La Comisión sectorial también ha debatido esta mañana una proposición no de ley del Partido Popular que ha decaído por la regla del voto ponderado, tras un empate entre los grupos en la votación. La iniciativa, que pide instar al Ejecutivo a establecer una línea de ayudas directas para compensar la subida del recibo a los colectivos vulnerables, ha contado con dos enmiendas, una del cuatripartito que no ha sido aceptada y otra, de IU, que sí ha sido transaccionada.
La parlamentaria popular Marian Orós, en defensa de la iniciativa, ha explicado que “el recibo está desbocado y existe un grave problema con la nueva tarifa aprobada”, por lo que ha solicitado “establecer medidas específicas para los vulnerables en un momento crítico” con la puesta en marcha de “una línea de ayudas y la adaptación del bono social eléctrico para que llegue a todas las familias”.
A continuación, desde el PSOE, Pilimar Zamora ha explicado que “el problema es el precio de la luz, no la nueva tarificación” y ha apostado por “avanzar en un modelo socialmente sostenible con medidas estructurales” para permitir minimizar el impacto en la factura. La diputada de Ciudadanos Loreto Camañes ha destacado que la electricidad es “un bien básico y fundamental para todas las familias y hogares” y que este nuevo sistema de tarificación “va a suponer un incremento en la factura”.
Vanesa Carbonell (Podemos) ha expuesto que la luz es “un bien indispensable” y como solución al problema de su alto precio ha pedido “una reforma del sector con una nacionalización” para evitar el oligopolio. Para Carmen Martínez, por parte de CHA, la clave es “bajar el precio del kilovatio” porque el problema es que “el sector eléctrico está en manos del sector privado”.
David Arranz (Vox) ha destacado que la factura de la luz “ha subido un 45%” y que con ello, “no se está favoreciendo a la población vulnerable”. Esther Peirat, desde el Partido Aragonés, ha recordado que “las personas más vulnerables de nuestra sociedad son susceptibles de acogerse no solo al bono social eléctrico, sino también al energético”. Para Álvaro Sanz (IU) se trata de “un problema estructural provocado por un oligopolio energético” y que la luz “no sube por la nueva tarificación sube por el incremento del precio del kilovatio”.