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La Mesa de las Cortes califica el decreto ley que establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para la suspensión de fiestas populares durante el mes de septiembre

La Mesa de las Cortes califica el decreto ley que establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para la suspensión de fiestas populares durante el mes de septiembre
El órgano rector de las Cortes ha admitido a trámite esta mañana sesenta y cinco documentos, entre los que destacan las solicitudes de comparecencia del vicepresidente del Gobierno y de los consejeros de Sanidad, Agricultura y Ciencia, así como la solicitud de ampliación del plazo de enmiendas al proyecto de ley de regulación del IMAR

El órgano rector de las Cortes de Aragón ha calificado, en su reunión de esta mañana, un total de sesenta y cinco nuevos documentos, entre los que destaca el decreto ley 5/2021, de 1 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la ley 3/2020, de 3 de diciembre, por la que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón, para la suspensión de fiestas, verbenas y otros eventos populares durante el mes de septiembre. Además, se ha solicitado por parte de la agrupación parlamentaria Izquierda Unida la ampliación del plazo de enmiendas al proyecto de ley de regulación del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR).

 

De igual forma, se han tramitado veintitrés solicitudes de comparecencia de miembros y directores generales del Gobierno y de los agentes sociales aragoneses ante pleno y comisiones. Así, se ha diligenciado la solicitud de comparecencia del vicepresidente del Gobierno y responsable de Industria, a petición propia, a fin de informar sobre la escasez de semiconductores y el alza de precios de los fletes marítimos. A su vez, también se han atendido las solicitudes de comparecencia de los consejeros de Sanidad, Agricultura y Ciencia, acerca de “la evolución de la situación epidemiológica y de la campaña de vacunación frente a COVID-19”, “el cese o dimisión del Director Gerente de la empresa pública SARGA” y “el estado actual del despliegue de Banda Ancha en Aragón”, respectivamente.

 

También se han tramitado las solicitudes de comparecencia de los directores generales de Ordenación del Territorio, Turismo, Economía, Planificación y Desarrollo Económico, Trabajo, Gobierno Abierto e Innovación Social, Igualdad y Familias, Protección de consumidores y usuarios, Administración Electrónica y Sociedad de la Información, Investigación e Innovación y el de Universidades, así como la del gerente del Instituto Aragonés de Empleo y la de la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM).

 

Asimismo, la alta instancia parlamentaria ha dado salida a diez proposiciones no de ley de todos los grupos políticos. De esta manera, el cuatripartito ha visto tramitada una iniciativa sobre “la Agencia Espacial Española”; y, desde el PP, seis textos de impulso acerca de “la propuesta del Gobierno de España de imponer un pago a los usuarios de la red de autovías”, “la reprobación del Ministro de Consumo”, “la ejecución de un Plan de ayudas directas y fomento al sector de los emprendedores y autónomos”, “la creación de una Unidad Satélite de Radioterapia en Teruel” o “la ampliación de la UCI Neonatal del Hospital Materno Infantil de Zaragoza”. Desde Ciudadanos, se ha calificado una proposición destinada al “operativo forestal de prevención y extinción de incendios”; y desde Vox, un texto de impulso sobre “medidas para mejorar la seguridad en el ámbito rural” y otro de Izquierda Unida sobre “el descarte de la presa en el río Bergantes”.

 

En última instancia, la Mesa ha tramitado tres interpelaciones de Ciudadanos formuladas a los consejeros de Economía, Industria y Vertebración, así como seis preguntas para respuesta oral de Ciudadanos y Vox dirigidas a los responsables de Educación, Economía, Agricultura e Industria, y cinco solicitudes de información y documentación firmadas por la parlamentaria popular Ana Marín y los diputados de Ciudadanos Javier Martínez y Susana Gaspar.

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