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El presidente de la Cámara de Cuentas considera “preocupantes” los 71 millones de euros de expedientes de reconocimientos extrajudiciales de los ayuntamientos

El presidente de la Cámara de Cuentas considera “preocupantes” los 71 millones de euros de expedientes de reconocimientos extrajudiciales de los ayuntamientos
Alfonso Peña y Rosa Montolío, consejera de la institución, han lamentado el uso “habitual” de esta “vía de escape del sistema para dar salida a algunas averías” durante la presentación del informa de fiscalización de este instrumento en las entidades locales aragonesas en 2018

El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Alfonso Peña, ha considerado “preocupantes” los 71 millones que las entidades locales aragonesas gestionaron a través de expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito en el ejercicio de 2018. El máximo responsable del órgano auditor ha comparecido esta mañana para presentar el informe de fiscalización en esta materia realizado por la institución de auditoría pública de la Comunidad.

Peña ha definido estos expedientes como la “vía de escape del sistema para dar salida a algunas averías que se producen en la gestión y su funcionamiento”. “Es un procedimiento tan poco regulado y flexible que cabe todo, se regularizan obligaciones irregulares por varios motivos, las que no tienen contrato que dé cobertura legal o no tienen partida, las obligaciones han sido informadas desfavorablemente por la intervención local o para cuando se ha omitido siendo preceptiva”, ha detallado ante la Ponencia.

El presidente del órgano auditor ha lamentado que “el marco favorezca para que se pueda utilizar esta figura para casi todo”. “Hay una arista a la que deberíamos dedicarle más tiempo: la situación del principal ayuntamiento de la Comunidad”. “Tiene el dudoso honor de estar en el ranking de tramitadores vía extrajudicial, con otros como Burgos o Marbella”, ha añadido en este sentido. Rosa Montolio, consejera de la institución, ha informado de que “a pesar de ser excepcional, se ha convertido en un instrumento habitual en los ayuntamientos”. “Hay algunos con unos índices muy altos. Todas superan el 3% de las obligaciones reconocidas netas”, ha señalado.

De acuerdo con los datos expuestos en el informe y en la comparecencia, en el ejercicio de 2018, las 27 entidades locales aragonesas auditadas tramitaron 1.679 expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, por un importe total de 71 millones de euros. De ellos, el 75% corresponde al Ayuntamiento de Zaragoza, por importe de 53 millones de euros, mientras que los ayuntamientos de Monzón, Andorra y María de Huerva no tramitaron ninguno.  Con relación a la capital aragonesa, que como han explicado agrupa tres de cada cuatro de estos expedientes, los reconocimientos fueron 1.189, por un importe de 53,2 millones de euros, que representa el 7% del total de las obligaciones reconocidas en dicho ejercicio, que ascendieron a 714 millones de euros.

Para Óscar Galeano, representante socialista en la Ponencia y encargado de posicionar al PSOE, “es importante no usar el dinero de todos los ciudadanos de forma discrecional y estar sometido a control”. Ana Cristina Sainz, encargada de dar voz al PP, ha recordado que “la tramitación de estos expedientes tiene consecuencias también para el tercero ya que tarda en cobrar”. “Cuando los empresarios y las pymes tardan en cobrar, no tienen liquidez y es como quitarles el oxígeno”, ha lamentado. El diputado de Ciudadanos José Luis Saz ha calificado estos expedientes como “una manifestación de mala conducta y desvío de los caminos ya trazados en la normativa”, por lo que ha pedido soluciones y más control para ello.

“Se está haciendo un mal uso de forma prácticamente extendida en todos los ayuntamientos y, especialmente, en el Ayuntamiento de Zaragoza”, ha arrancado su intervención Nacho Escartín. Este portavoz ha hecho suyas las recomendaciones de la Cámara, apostando por “una más adecuada imputación temporal de los gastos”. Por parte de Vox, Marta Fernández ha considerado que “la práctica que vemos hoy debería ser residual si las cosas se hacen correctamente”. “Coincidimos en que deben ser excepcionales porque su abuso supone un incumplimiento de le ley inadmisible. Es dinero público fuera de todos los controles”, ha criticado.

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