El director general de Energía y Minas ha descartado establecer una moratoria para la implantación de nuevos proyectos en su comparecencia a petición del PP, que, de boca de su diputado Juan Carlos Gracia, ha puesto sobre la mesa su "gran procupación" por la instalación de parques eólicos y fotovoltaicos y ha criticado la falta de transparencia del Gobierno de Aragón
Sergio Breto Asensio, director general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, ha explicado esta mañana las principales líneas de actuación de su departamento relativas a las energías renovables. En una comparecencia solicitada por el PP, Breto ha afirmado que hay un “enorme volumen de proyectos en tramitación” que supondrán la generación de hasta 12.000 MW, pero que es difícil saber “si todos saldrán adelante, ni dónde lo harán”.
El alto cargo del Ejecutivo autonómico ha expresado que le gustaría actualizar el actual Plan Energético de Aragón, porque “hay un problema de velocidades, pero las cosas hay que hacerlas bien”. “El sector no está indefenso”, ha continuado, “porque con la liberalización se ha desarrollado una amplia normativa que hay que respetar”.
Bretos ha detallado que Aragón genera el 120% de la energía que necesita, y que sería deseable un cambio normativo para que el coste del KW sea más barato “allí donde se genera”, pero ha advertido de que éste es un objetivo “a largo plazo en el que hay que seguir trabajando”.
“En Aragón hay recursos de calidad, porque tenemos viento, tenemos sol y tenemos territorio”, ha dicho Bretos, porque “es algo a lo que tenemos que poderle sacar un valor añadido, buscando la convivencia de las grandes instalaciones energéticas con los pequeños recursos que se puedan implantar en el territorio”, y ha puesto como ejemplo “las comunidades de autoconsumo que ya se están desarrollando”.
El diputado del G.P. Popular, Juan Carlos Gracia, que había solicitado la comparecencia, ha dicho que la instalacion de los parques eólicos y fotovoltaicos “preocupa mucho” a la sociedad aragonesa y ha criticado la falta de transparencia del Gobierno de Aragón respecto a la instalación de proyectos en la Comunidad. “Las cifras que se manejan en el sector son una barbaridad, pero nos preocupa la hoja de ruta del Gobierno”, ha dicho Gracia, “porque no la conoce nadie, hay una notable falta de transparencia”.
“Los alcaldes de los municipios se encuentran perdidos”, ha añadido el diputado popular, que ha afeado al responsable del Gobierno su “miedo a comparecer ante esta Cámara a petición propia”. Gracia ha dicho que “falta transparencia a la hora de valorar los pros y los contras, habría que haberlo explicado a la sociedad aragonesa, y aún no han presentado el plan energético 2021-2030”. El parlamentario popular ha terminado su intervención mostrando su preocupación por la “barra libre” que existe en Aragón, “que aprovechan empresas de Cataluña para llevarse fuera la energía producida aquí”.
Desde el G.P. Socialista, Leticia Soria ha lamentado que, con Aragón liderando el sector de las renovables, “algunos grupos se preocupan más por los problemas que por las soluciones”, y se ha mostrado segura de conseguir “un equilibrio para combinar el paisaje con los proyectos de energías limpias”. Soria ha indicado que deben establecerse dos límites para este tipo de instalaciones: el cumplimiento de la legalidad, que en Aragón se hace “de forma escrupulosa” a través del INAGA, y tener en cuenta la opinión del territorio “instando a una escucha activa de lo que opinan los habitantes de los municipios afectados”.
Jara Bernués, diputada de Ciudadanos, ha pedido “coherencia” al Gobierno de Aragón “cuando hay mociones de rechazo impulsadas por el PSOE” en las comarcas afectadas por proyectos de líneas de muy alta tensión. También se ha preguntado la opinión del Departamento en un momento en el que la Unión Europea “se plantea reabrir minas” por la crisis de suministros y la falta de materias primas.
Marta Prades, de Podemos, ha manifestado que su grupo no ve la eficiencia energética “en las grandes autopistas eléctricas” donde se pierde el 10% de la energía en transporte y distribución. Prades ha afirmado que hay que tener en cuenta a los habitantes del territorio y que “no se pueden poner en marcha los 12.000 MW previstos hasta 2030 con un Plan energético que está caducado”.
Desde Chunta Aragonesista, Isabel Lasobras se ha preguntado cómo, dónde y para qué se debe gestionar los nuevos proyectos de energías renovables en Aragón, y ha insistido en que “es necesario hablar de planificación y del modelo, ahí está el debate” porque “hay que hacer protagonistas a los habitantes del medio rural” y se está pidiendo “a gritos” desde las plataformas en defensa del territorio, desde órganos sectoriales y también desde algunos parlamentos.
Por parte de Vox, su diputada Marta Fernández ha remarcado “el claro liderazgo a nivel nacional de Aragón” en energías renovables, con incrementos superiores al 58% en 2020, y ha criticado que “se sacó pecho por el cierre de la Central Térmica de Andorra”, que hoy sería “indispensable” para abaratar el precio de la luz.
El diputado del PAR Jesús Guerrero ha afirmado que Aragón tiene “un potencial enorme para aprovechar los recursos endógenos de cara a las energía renovables”, y ha destacado la apuesta del Gobierno de Aragón “de forma responsable y ordenada, y en el marco de sus competencias, para favorecer e impulsar lo que nos marca Europa”.
Álvaro Sanz, representante de Izquierda Unida, ha dicho que la intervención del director general “ha arrojado más dudas todavía, porque habla de demasiadas prisas, demasiada presión en el sector”, y ha afirmado que los nuevos proyectos "se están instalando sin rigor y sin criterio” y que estas cuestiones “no se abordan con la suficiente luz e información”.
BLOCKCHAIN Y ENERGÍAS RENOVABLES
A lo largo de la mañana ha decaído, con los votos en contra de PSOE, Podemos, CHA y PAR, y la abstención de Vox, una proposición no de ley de la parlamentaria de Ciudadanos Jara Bernués dirigida a la creación de un registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica haciendo uso de la tecnología blockchain que, en palabras de la representante del grupo proponente, “logra acelerar los procesos de certificación de energía renovable porque se obtiene un mayor grado de trazabilidad”.
Leticia Soria, por parte del PSOE, ha reconocido que “esta proposición no de ley podríamos compartirla en el fondo porque pretende más transparencia y seguridad”, pero “no supone nada adicional, sino que genera más trámites y más burocracia”. El popular Juan Carlos Gracia ha adelantado su voto a favor de la iniciativa porque se trata de “una tecnología que no necesita intermediarios y no se puede modificar, que ya se está empezando a utilizar en contratos, sanidad, seguridad, turismo y en las energías renovables para agilizar transacciones entre agentes”.
La parlamentaria de Podemos Marta Prades ha incidido en que “debemos avanzar hacia la descarbonización, pero también hacia la concienciación ciudadana” y “el hecho de conocer el origen de la energía que consumimos también puede ayudar en ello”, ha añadido. Isabel Lasobras, desde CHA, ha argumentado que “en países como Estados Unidos o Australia ya se piden certificados de consumo de energía verde” y ha vaticinado que “en el futuro, dado el alto nivel de seguridad que ofrece esta tecnología, se podría crear un mercado global de certificados de energías renovables”.
Desde las filas de Vox, Marta Fernández ha manifestado que “no tenemos ninguna duda de que tenemos posibilidades para ser firmes defensores del uso de energías renovables” y ha recalcado que “apostamos por una energía barata porque si no es imposible el crecimiento económico. Jesús Guerrero (PAR) ha defendido que comparte “el fondo de la iniciativa, pero no la forma” y ha expuesto que, “en el campo de la energía, la tecnología blockchain puede servir para certificar la trazabilidad del nivel energético”.