El director general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales ha comparecido ante la Comisión sectorial, a propuesta de la consejera del ramo, Mariví Broto, para abordar la aplicación de los fondos europeos para “fomentar la cohesión económica y social, mejorando la resiliencia”
El director general técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, José Antonio Jiménez, ha comparecido esta mañana ante la Comisión sectorial, a petición de la consejera del ramo, Mariví Broto, para dar cuenta de la aplicación de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, una herramienta que, como ha explicado Jiménez, sirve para “fomentar la cohesión económica y social mejorando la resiliencia, contribuir a la consecución de los objetivos climativos de la UE y alcanzar la transición digital”. Estos recursos económicos se destinarán a seis pilares fundamentales como son la transición ecológica, la transformación digital, el crecimiento inteligente, la cohesión social y territorial, salud y resiliencia económica, social e institucional y políticas para la próxima generación.
En cuanto a las líneas de ejecución de los fondos, José Antonio Jiménez ha detallado que seis son ejecutadas por las comunidades autónomas y las tres restantes el ministerio. Tal y como ha adelantado el director general, la asignación total alcanzada para los proyectos a ejecutar en Aragón asciende a 85,3 millones hasta 2023. Para la ejecución, Jiménez ha apuntado que “se han realizado distintas convocatorias de subvenciones para la modernización de centros residenciales y de menores”, pero “tenemos que resolver la agilidad de los procedimientos administrativos y simplificar el procedimiento de contratación para que podamos cumplir en plazos razonables”.
Para Pilimar Zamora, “los servicios sociales van a ser parte fundamental de este proceso de recuperación porque son la clave de la cohesión social, territorial y generan riqueza y empleo”. Para lograr este objetivo, Zamora ha solicitado “acometer las necesarias reformas que no deben quedarse en segundo plano porque van a ser clave”. La parlamentaria popular Marián Orós ha pedido conocer “en qué momento procesal se encuentran los fondos React-UE”, la participación de las entidades locales en los fondos MRR y cómo va a cumplir el Departamento de Derechos Sociales “con la ejecución de los fondos para este año”.
Beatriz García (Ciudadanos) ha destacado el papel fundamental desarrollado por los servicios sociales en la pandemia, por ello ha solicitado “valorar la vida independiente e incorporar la tecnología para dar respuesta a las necesidades de las personas”, así como “no dejar atrás los centros de menores”. Para Vanesa Carbonell (Podemos), “los fondos son un respiro y un hito histórico para Aragón que van a permitir poder salir de esta crisis mucho antes”. A su vez, Carbonell ha pedido conocer “cuántas entidades sociales sin ánimo de lucro se han presentado a estos proyectos”.
Carmen Martínez (CHA) ha solicitado “acudir a la contratación urgente porque en tres años no va a dar tiempo”, hecho que, según la parlamentaria, “puede merecer una revisión de la ley de contrataciones”. Desde Vox, David Arranz ha defendido “el Estado social, siempre buscando la inclusión de la mayoría de las personas en el empleo”. Además, Arranz ha mostrado su preocupación por “la opacidad” y por que “puedan destinarse fondos a cuestiones meramente ideológicas, como el cumplimiento de la agenda 2030”.