Noelia Carbó ha incidido también en su comparecencia en la constitución de la Fundación Tutelar de Aragón para “dar una mejor respuesta a los retos”, y la representante del grupo proponente, Marian Orós, le ha preguntado “cuántos trabajadores sociales se encargan de hacer el seguimiento de las personas tuteladas en la actualidad”
La directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Noelia Carbó, ha manifestado que “es el momento de implantar un cambio de modelo que permita una respuesta más ágil y eficaz para abordar las necesidades de las personas con capacidades modificadas", en su comparecencia esta mañana ante la Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales de las Cortes de Aragón, a instancia del G. P. Popular.
A lo largo de su intervención, además, ha explicado que la nueva tendencia reguladora “ha traído consigo un importante cambio de paradigma que busca fomentar la independencia y voluntad de la persona por encima de otras cosas”, con la idea de “sustituir el régimen tutelar por uno similar a la curatela para atender a las nuevas necesidades sociales”. En este sentido, ha detallado que las nuevas líneas de trabajo implican “abordar la sensibilización social y profesional y la prevención de abusos, reflexionar sobre nuestro modelo de intervención, constituir nuestra Fundación Tutelar de Aragón” y “dar una mejor respuesta a los retos sin perder el carácter eminentemente público que tenemos”.
No obstante, Carbó ha reconocido que “la sobrecarga de trabajo es mucha”, pero “hemos puesto al día las rendiciones de cuentas anuales y finales” y “se ha hecho un gran esfuerzo con otras administraciones, sobre todo con Justicia y con la Agencia Tributaria”. También, mediante una orden, “en 2019 se estableció la colaboración de los Departamentos de Hacienda y Ciudadanía en el ámbito fiscal de personas con capacidad judicial modificada para llevar a cabo las cuentas de las personas tuteladas”, por primera vez se cuenta con una educadora social, que “se ocupa de buscar opciones de formación y empleo”, y “se ha apostado por el desarrollo de una herramienta electrónica de gestión para firmar órdenes económicas electrónicamente”.
En última instancia, la responsable del IASS ha hecho hincapié en que “la protección de las personas con capacidades modificadas es un asunto que nos atañe a todos”. “Desde el Gobierno de Aragón se atiende a más de mil doscientas personas. En el área de atención personal, intentamos dar cobertura a todas las actividades básicas de los tutelados, gestionar su salud y procesos de hospitalización, control de medicación o dar cobertura al vestido, pero también les asistimos en la gestión de patrimonio y gastos e ingresos”, ha concluido.
Desde el grupo proponente, la parlamentaria Marian Orós ha manifestado que la Fundación Tutelar de Aragón “ha tenido varias modificaciones desde su creación, en 1998”, y ha preguntado a la directora gerente “cuántas personas están ahora bajo la tutela directa del Gobierno de Aragón y cuántos trabajadores sociales se encargan de hacer el seguimiento” porque “hemos recibido quejas por situaciones complejas”.
La socialista Pilimar Zamora ha calificado el tema como “complejo”, pero “de gran relevancia, tanto para las personas que están en esta situación como para la Administración que cumple con la función de velar por personas que, en ocasiones, son muy vulnerables”. La parlamentaria de Ciudadanos Loreto Camañes ha declarado que “jurídicamente ha habido un avance muy importante en los derechos para las personas con discapacidad porque dejan de ser sustituidas en la toma de decisiones”.
Vanesa Carbonell (Podemos) ha indicado que “la tutela es un tema invisible dentro de las funciones del Departamento” y ha apuntado que “este Gobierno progresista debe priorizar las políticas que posicionan a la persona en el centro”. Carmen Martínez, por parte de CHA, ha incidido en el “cambio de modelo” y ha preguntado a Carbó “si en la Fundación pueden intervenir personas externas a la Administración”, ya que su grupo considera que “la colaboración público-privada no es la mejor opción”.
David Arranz, en representación de Vox, ha expuesto que su grupo parlamentario apuesta “por una sociedad moralmente sana que sepa velar y defender a sus miembros más débiles”. Esther Peirat (PAR) ha argumentado que el asunto tratado “tiene gran relevancia jurídica”. De esta manera, ha asegurado que su grupo “ve adecuada la creación de la Fundación como un nuevo instrumento para fomentar la voluntad de las personas por encima de otras cosas”. Álvaro Sanz, desde IU, ha puesto el foco sobre “la fórmula por la que se opta para superar las debilidades y problemas del servicio” y ha preguntado a la directora gerente “cuáles son los problemas de gestión que arroja el actual modelo, más allá del horario”.