La proposición no de ley, que ha sido defendida por Izquierda Unida, pide la redacción, elaboración y publicación en seis meses de las instrucciones de elaboración, transformación y venta local de productos agroalimentarios
La Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley de iniciativa ciudadana para impulsar el desarrollo de la Ley de Venta Local de Productos Agroalimentarios de Aragón aprobada en 2017. La iniciativa fue registrada por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos y asumida por la agrupación parlamentaria Izquierda Unida, cuyo portavoz ha sido el encargado de defenderla ante la Comisión. Es la cuarta iniciativa ciudadana aprobada en esta X Legislatura en las Cortes de Aragón.
La proposición no de ley insta al Gobierno de Aragón a redactar, aprobar y publicar en el plazo de seis meses unas instrucciones y directrices claras de flexibilidad en la elaboración, transformación y venta local de cada uno de los productos autorizados para su venta directa de acuerdo con la Ley y, posteriormente, se les comunique a los productores e inspectores veterinarios para su aplicación práctica.
El portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha hecho hincapié en que “comparte” con la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos “la preocupación por la falta de avances en la aplicación y el desarrollo de la Ley de Venta Local” aprobada hace casi cinco años. Sanz ha lamentado que la ley “no tiene muchos avances significativos ni un presupuesto asignado” y ha defendido que el Gobierno de Aragón “debe asumir su compromiso para que los consumidores se relacionen directamente con los vendedores y generen riqueza en el territorio”.
El diputado socialista Enrique Pueyo ha asegurado que el Gobierno “es consciente de la dificultad que tiene la implantación de la ley en el territorio” y ha explicado que “en la web se encuentra toda la información sobre su aplicación y para que los productores interesados se puedan informar”. Por parte de PP, Antonio Romero ha destacado que la ley “supone una mejora de la rentabilidad de las explotaciones y de las empresas agroalimentarias” y permite “ofrecer a los consumidores productos de cercanía”.
Ramiro Domínguez, de Ciudadanos, la ha calificado como una ley “básica y necesaria” porque “si esta ley estuviera actualizada, el sello de venta directa da garantía” a personas “que va apurada con un jornal en un municipio”. El diputado de Podemos Nacho Escartín ha celebrado el “buen trabajo” que realizó hace cinco años la ponencia de esta ley porque “sirve para aumentar el valor añadido de las producciones”.
Desde CHA, Joaquín Palacín ha subrayado que “la pandemia ha derivado hacia modelos más sostenibles” y ha incidido en la necesidad de “cambiar el modelo agroalimentario para apoyar al pequeño productos y al sector agroganadero familiar”. Santiago Morón (Vox) ha defendido que "la ley ofrece un valor añadido por su calidad alimentaria" y ha mostrado su "preocupación" por que "la entrada de productos de terceros países provoca la pérdida de competitividad de los españoles". El diputado del PAR Jesús Guerrero ha señalado que “hay criterios, como el sanitario, para los que necesitan darse los pasos de forma correcta” y ha añadido que “se ha avanzado en la guía de buenas prácticas”.
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