El presidente del órgano fiscalizador, Alfonso Peña, destaca que se han realizado ciencuenta informes de fiscalización de las IX y X Legislaturas, que incluyen 1.263 recomendaciones
La ponencia de Relaciones con la Cámara de Cuentas ha escuchado, en su reunión de esta mañana, el análisis del presidente de este órgano de consulta sobre los informes de fiscalización de la IX y X Legislaturas, en relación con las recomendaciones formuladas por la Cámara de Cuentas y las resoluciones aprobadas por las Cortes de Aragón.
El presidente de la Cámara de Cuentas, Alfonso Peña, ha remarcado que es un informe que contiene una valoración “del nivel de implantación de las recomendaciones que ha realizado la Cámara de Cuentas”, que permite analizar “si nuestros informes son determinantes para implementar mejoras en el sector público”, y saber más “sobre la eficacia de nuestro trabajo”. Peña ha señalado que la Cámara de Cuentas “también tiene un amplio margen de mejora”.
Alfonso Peña ha dicho que el distinto nivel de implementación de las recomendaciones, con notables diferencias en distintos ayuntamientos, es consecuencia de que “no se ha terminado de cerrar un sistema de fiscalización eficiente del sector público aragonés”. El responsable del órgano fiscalizador ha hablado de un patrón con estas recomendaciones, en el que “cuando son concretas, precisas y se dirigen a las personas que pueden implementarlas”, los resultados que se obtienen “son mucho mejores”.
También ha advertido sobre la situación del Ayuntamiento de Caspe (Zaragoza), que no ha colaborado en la elaboración del informe de seguimiento ni ha rellenado los formularios. Peña ha dicho que las circunstancias en las que se tuvo que hacer la fiscalización de este ayuntamiento “fue accidentada y difícil”, y que en el momento de la fiscalización el puesto de secretaría de intervención estaba desempeñado por un funcionario propio del consistorio con un nombramiento accidental y sin titulación nacional.
Según el presidente de la Cámara de Cuentas, “tenemos que encontrar una herramienta para hacer el seguimiento, que no suponga darle vueltas cada diez años”. Peña ha recordado que “hacemos menos recomendaciones” para dar a entender que esas son “las más importantes”, y que deben redactarse “de forma clara y concisa, sin obviedades, aspirando a que sean convincentes”. Por último, ha destacado que "es el momento” de que en Aragón se resuelva “definitivamente y de una vez por todas” el problema de tratamiento masivo de los datos y la implantación del expediente electrónico.
Desde las filas del PSOE, Óscar Galeano ha reconocido la evolución de los informes. “Se ha pasado de informes más generales a otros más exhaustivos y concretos para saber qué se recomienda”, ha explicado. Sin embargo, ha sentenciado que “llegado a este punto positivo, hay que trabajar en los problemas estructurales, que persisten, para se vean solucionados”. Por su parte, la diputada popular Ana Cristina Sainz ha incidido en dos casos presentados en el informe. Ha mostrado su interés en por qué “el Ayuntamiento de Caspe no ha cumplimentado el informe sobre el nivel de adaptación de las sugerencias de la Cámara en el consistorio” y ha reconocido “la alta aplicación, por encima de la media, de las recomendaciones en la Universidad de Zaragoza”.
En representación de Ciudadanos, José Luis Saz ha reconocido que “los datos reflejan que la Cámara ha demostrado su credibilidad”. Así bien, “las administraciones están siguiendo sus recomendaciones en más de dos tercios”. No obstante, “debemos llegar al 100%”, ha añadido. Marta Prades (Podemos) ha felicitado la labor del órgano desde sus inicios. Así, ha reconocido que “Aragón ha ganado en transparencia y ha permitido poner sobre la mesa cuestiones económicas y fiscales que había que abarcar”.
De igual forma, Carmen Martínez, de CHA, ha apuntado la mejora en las administraciones gracias a la colaboración con este órgano. En esta línea, ha argumentado que esa evolución también es el resultado de “la combinación de las recomendaciones y las propuestas de resolución de los grupos parlamentarios”. Desde Vox, Marta Fernández ha explicado que “desde 2010 se han realizado 50 informes desde la Cámara”. En este sentido, ha incidido en que “la aplicación de las recomendaciones presentadas por el órgano en la administración pública es relativamente alta, ya que es del 68%”. Por último, Álvaro Sanz ha recordado la importancia del “trabajo de la fiscalización, la necesidad de escuchar y presentar propuestas”. Así, también ha calificado de “positiva” la evaluación del informe, pero que “tenemos trabajo por hacer en el ámbito comarcal”.