Ana Gómez ha comparecido esta mañana ante la Comisión de Hacienda de las Cortesa petición del PP, formación desde la que Carmen Susín ha incidido en que “Aragón es la comunidad más incumplidora" en este plazo medio
La interventora general de la Comunidad autónoma, Ana Gómez, en su comparecencia de esta mañana ante Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública, a petición del PP, ha defendido que “en julio todos los departamentos del Gobierno de Aragón, excepto uno, han cumplido con el indicador individualizado de pago a proveedores”. “El único que incumple es el de Educación, que tiene un conjunto de facturas de un volumen importante”, ha añadido.
En este sentido, la interventora ha detallado que “el período medio de pago de la Administración de la Comunidad está en 32,65 día en julio” y ha recordado que “en el ámbito de los organismos públicos se está haciendo un esfuerzo importante desde el mes de enero y los tiempos de pago están mejorando, aunque es cierto que hay algunas que tienen un volumen de negocio muy elevado, como el Salud”. “Si calculáramos nuestro indicador sin el Salud estaríamos en 25 días, pero la situación no es dramática y el problema está acotado y localizado”, ha expuesto.
No obstante, Gómez ha manifestado que “en mayo nuestra Comunidad, junto con la asturiana, son las dos que tienen los peores indicadores” y, en relación con el incumplimiento del pago a proveedores desde enero de 2020, la interventora lo ha atribuido a que “durante la pandemia se tenían recursos pero no gente que los gestionase”, igual que en el mes de julio de este año, “un mes de vacaciones”, en el que el período medio de pago se encuentra en 46 días. Asimismo, ha recordado que “de las 65 entidades que conforman nuestra Administración, trece son las que incumplen con el indicador, y de ellas hay algunas que tienen muy poco peso específico, como la Fundación Santa María de Albarracín”.
En última instancia, Ana Gómez ha asegurado que “los datos que vemos ahora son mucho más alentadores que en enero” y, entre las medidas implementadas, ha citado algunas como el “análisis del registro contable de facturas y depuración de los datos por parte de los gestores de los departamentos”, el “envío a los departamentos con carácter mensual su período medio de pago” o la introducción en la Ley de Simplificación de una “modificación para que algunas facturas pasen directamente a su pago porque es muy improbable que se produzcan errores”.
La parlamentaria del grupo proponente Carmen Susín ha incidido en que “Aragón es la comunidad más incumplidora en el plazo de pago a proveedores”. “En 2019 solo se cumplió con él los meses de septiembre y octubre, en 2021 solo cuatro meses, y en 2020 y 2022 ni un mes”, ha añadido, al tiempo que ha preguntado a Gómez “por qué en 2020 Aragón fue incapaz de afrontar sus pagos en tiempo y forma”.
Desde el PSOE, Óscar Galeano ha querido dejar claro que Aragón “no tiene ningún problema de liquidez ni de tesorería a día de hoy” y, también, ha recalcado “el esfuerzo acometido por Javier Lambán en 2016 que permitió a la comunidad ser autónoma en sus cuentas y en su capacidad de gestión”. Por Ciudadanos, José Luis Saz ha puesto de relieve que, a su juicio, “sí es un problema de liquidez y, si no lo es, páguese.” Además, ha recordado que el pago a proveedores “es una obligación frente a los ciudadanos y los empleados que han contratado con la Administración” y, asimismo, “un desequilibrio que hay que corregir”.
Desde Chunta, Carmen Martínez ha explicado que en las administraciones autonómicas “el trámite, la fiscalización y los procesos superan los días objetivos de un período medio”, pero “estamos mejor que a principio de año porque se ha hecho un análisis y se han buscado los datos objetivos para saber qué entorpece el procedimiento”. David Arranz (Vox) ha incidido en que “cada vez tenemos peores datos” porque los informes de la Cámara de Cuentas arrojan que “Aragón incumplió con el período medio de pago” en 2018, 2019, 2020 o algunos meses de 2021, ha detallado. Además, ha puesto de manifiesto que “es significativo que el Departamento de Educación sea uno de los grandes incumplidores”. Por su parte, Jesús Guerrero (PAR) ha resaltado la voluntad de “intentar analizar para rebajar el periodo medio de pago a proveedores” y “la tendencia positiva del mes de enero a julio en la que hay que seguir ahondando”.
ANTEPROYECTO DE LEY DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Además, la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública también ha debatido esta mañana una proposición no de ley presentada por Carmen Susín del Partido Popular sobre anteproyecto de ley de evaluación de las políticas públicas para examinar la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos en las administraciones públicas que ha decaído con el voto en contra de PSOE, CHA y PAR, tras no ser aceptada la enmienda propuesta por los grupos que sustentan al Gobierno.
Para defender la enmienda presentada, Óscar Galeano (PSOE) ha considerado “fundamental introducir un enfoque más transversal en la evaluación de la políticas públicas como la igualdad de género, el medio ambiente, la despoblación o los objetivos ODS”. Del mismo modo, para Carmen Martínez (CHA) resulta evidente “tener un enfoque transversal” puesto que “no solo hay que tener en cuenta el destino del dinero, sino el para qué”. Asimismo, Jesús Guerrero (PAR) ha destacado que “la evaluación es positiva porque forma parte de las prácticas de un buen gobierno”.
Desde los grupos no enmendantes, José Luis Saz (Cs) ha manifestado que, “cada vez que se pone en marcha un nuevo enfoque de cara la eficiencia de la Administración, lo que se hace es engordarla con la creación de nuevas comisiones u organismos”. David Arranz (Vox) ha puesto el foco en “los análisis que alertan de que no se gestionan bien los recursos públicos, algo inaceptable que no nos podemos permitir”.
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