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El proyecto de ley de apoyo a las familias de Aragón recibe las aportaciones de más de veinte colectivos en las Audiencias Legislativas

El proyecto de ley de apoyo a las familias de Aragón recibe las aportaciones de más de veinte colectivos en las Audiencias Legislativas
Representantes de asociaciones, fundaciones y colegios profesionales han intervenido ante la Comisión de Ciudadanía del Parlamento aragonés para exponer sus aportaciones a este texto legislativo relativas al apoyo a la maternidad, los cuidados, la conciliación o el acceso a los servicios públicos

El Parlamento aragonés ha celebrado esta mañana una sesión de audiencias legislativas relativas al proyecto de ley de apoyo a las familias de Aragón con la intervención de representantes de veintidós colectivos, fundaciones y colegios profesionales, que han abordado cuestiones como el concepto de familia, el apoyo a la maternidad y los cuidados o la conciliación y acceso a los servicios públicos.  

 

En esta primera sesión, la presidenta de ASEM Aragón, Cristina Fuster, ha abierto la ronda de intervenciones y ha manifestado que “las familias son el pilar en el que se apoyan la mayoría de personas con una enfermedad neuromuscular”, al tiempo que ha defendido que “nuestra sociedad requiere que las políticas públicas que se apliquen en torno a esta institución sean efectivas”. 

 

A continuación, la presidenta de REDMADRE, María Pilar Lahuerta, ha subrayado que “el proyecto de ley no solo no da pasos adelante, sino que retrocede todavía más”, ya que “la vigente ley, promulgada en 2014, contiene un apartado de políticas públicas de apoyo a la maternidad, en el que se reconoce el derecho a la información y el asesoramiento, que debería haberse traducido en puntos de asistencia y atención a la mujer embarazada”. Por su parte, el profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Zaragoza Pablo García Ruiz ha asegurado que “el proyecto de ley reconoce muchas necesidades de las familias y trata de establecer medidas”, pero “corre el riesgo de quedarse en un catálogo de buenas intenciones”, pues se requiere “un poco más de coordinación, ya que la ley es muy amplia”. 

 

Desde Madres Solteras por Elección (MSPE), Natalia García, ha hecho hincapié en la necesidad de “adoptar medidas para igualarnos al resto de colectivos” porque “la corresponsabilidad no existe y nos acarrea diferentes penalizaciones en acceso a las ayudas o en el IRPF”. La vocal del Colegio Profesional de Psicología, Begoña Álvarez, por su parte, ha calificado de forma positiva la aparición del término “apego” en el proyecto de ley porque “aporta al niño y a todas las personas seguridad”. De igual forma, ha hecho hincapié en el “empoderamiento de la familia como sujeto activo”. La secretaria de Igualdad y Política Social de CCOO, Sonia García, ha declarado que “en el preámbulo se debería dar una mayor importancia a la accesibilidad y a la cercanía de servicios públicos que respondan a las necesidades de cuidados”, y “tendría que recogerse que es un deber de la Administración promover la conciliación”. 

 

De igual forma, Elena Aguirre, asesora jurídica de la Oficina de Información y Denuncias de SOS Racismo, ha puesto de relieve que en el texto “no se menciona a las familias extranjeras” y, además, “no queda claro si la ley se aplicaría a familias con miembros que no tengan residencia legal en Aragón” puesto que “para empadronarse no es necesario”. Los representantes de la Asociación Ilógica, Lorena Giménez y Alejandro Romeo, han afirmado que “se debería de hablar de las familias en las que sus progenitores o tutores tienen alguna discapacidad, puesto que no cuentan con recursos o apoyos” y esta situación “no está reconocida por la ley”. La directora de Centros de Atades, Cynta Cayetano, ha expuesto que “las necesidades de apoyo que tiene el colectivo de personas con discapacidad intelectual suponen un importante coste de oportunidad para las familias pues lo desarrollan de forma no retribuida” y, por otro lado, ha resaltado que “es necesario promover un reparto equitativo de las responsabilidades entre hombres y mujeres y, para ello, es imprescindible el desarrollo de la cartera actual de servicios”. 

 

A su vez, la presidenta de AMASOL, Patricia Durán, junto a la coordinadora general de la Fundación, Rosa María Sebastián, ha considerado esencial “un análisis especializado de la situación, características y particularidades del colectivo de familias monoparentales pues engloba realidades sociales muy distintas”. Asimismo, el representante de la Asociación de Familias Numerosas de Aragón 3 y más, Alejandro López-Blanco, ha puesto de relieve que “si esta ley no se traduce luego en la obligatoriedad de establecer criterios de renta per cápita, las condiciones de las familias y medidas reales, no servirá para nada” y, además, ha pedido en su intervención "ayudas fijas a las asociaciones que trabajan en el apoyo a las familias". En representación de ADCARA, la coordinadora del Servicio de Orientación y Mediación Familiar de la DGA, Rosa Mª Simo, ha incidido en que la nueva ley “recoja la prevención como un elemento transversal en el que trabajar desde todos los ámbitos”.  

 

Por otro lado, la directora autonómica de Cepaim, Pilar Bernardó, ha destacado que “el proyecto de ley no da una definición del concepto de familia y se da un paso diferente al hablar de personas con capacidad de engendrar, en vez de mujeres embarazadas”.  La presidenta de la Asociación Somos Más, mujeres sobrevivientes de la violencia machista, Natalia Morlas, ha reivindicado que “en los casos de violencia de género no cabe mediación posible” y argumenta que “los jueces y juezas tienen que tener un diagnóstico con perspectiva de género”. El responsable del Área de Migraciones de UGT Aragón, Antonio Ranera, ha afirmado que “no se puede hablar de las familias en Aragón si no se aborda desde una perspectiva intercultural” porque “una de cada cuatro familias tiene algún familiar de origen extranjero en su seno”.   

 

Posteriormente, la representante del Espacio Derechos Sociales de Zaragoza, Gloria Belén Mayayo, han manifestado que “el texto del proyecto de ley es un conjunto de buenas intenciones, pero necesitamos medidas concretas y modificar algunas leyes existentes en nuestra Comunidad”. Los representantes del Observatorio Aragonés de Familia, Pablo Redondo y Gloria Labarta, por su parte, han asegurado que “la ley supone una serie de avances en el reconocimiento de las necesidades sociales de las familias actuales” y han hecho hincapié en “el reto de las dificultades de conciliación”. A su vez, la coordinadora de Unicef Aragón, Lorena Fernández, ha manifestado que “la ley de apoyo a las familias es una oportunidad para afrontar y potenciar los diferentes ámbitos que afectan a la infancia en el ámbito familiar” y ha solicitado “garantizar el incremento de la protección social de todos los hogares con unas bases mínimas y esenciales”. 

 

Por su parte, el director general de CEOE Aragón, Jesús Arnau, ha explicado que “hay familias, especialmente las numerosas, que para cuidar a sus hijos crean puestos de trabajo y con sus ingresos pagan sus impuestos, generan un puesto de trabajo y no se lo pueden deducir”. Además, ha añadido que “si queremos una ley de familia hace falta impacto económico con medidas para que sea una realidad y estén apoyadas”. Del mismo modo, el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Luis Zubieta, ha destacado la conveniencia de “materializar las necesidades de las familias aragonesas teniendo presente la realidad territorial” con una norma que “constituya un plan de acción general y sectorial de forma que quede garantizada la atención integral a las familias”. 

 

Como representante de CERMI Aragón, Santiago Villanueva ha expuesto que “las familias con discapacidad intelectual tenemos necesidades de apoyo” porque “solo el 11% de las familias recibe ayudas de la administración pública y hay muy pocas políticas sociales dirigidas a padres, madres y hermanos”. En último lugar, desde CEPYME Aragón, José María Fuster ha incidido en que “las pymes familiares son el motor de la economía aragonesa y tienen dificultades muy específicas” y, por ello, ha solicitado medidas como “la profesionalización de las compañías, la implantación de protocolos familiares, el patrimonio familiar y medidas fiscales”. 

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