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El órgano rector de las Cortes ha calificado esta mañana más de cien nuevos documentos, entre los que destaca una proposición de ley de reforma de la denominación de la Ley 12/2002, de Creación de la Comarca de La Ribagorza, así como seis proposiciones no de ley y cinco solicitudes de comparecencia de miembros del Gobierno

El órgano rector de las Cortes de Aragón ha calificado, en su reunión de esta mañana, un total de ciento diez nuevos documentos, entre los que destaca la proposición de ley de reforma de la denominación de la Ley 12/2002, de Creación de la Comarca de La Ribagorza, presentada por los GG.PP. Socialista, Popular, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía (Cs), Podemos Equo Aragón, Chunta Aragonesista, Aragonés y A.P. Izquierda Unida (G.P. Mixto).

De igual forma, se han tramitado seis proposiciones no de ley de PSOE, el cuatripartito de forma conjunta, Ciudadanos y PP. De esta manera, desde el PSOE se ha dado luz verde a una iniciativa sobre “el cumplimiento de la Constitución”, y desde todos los grupos que integran el Gobierno otra en relación con “el Día Internacional contra las violencias machistas”.

Por su parte, desde el PP se han calificado dos textos de impulso sobre “el pago de las ayudas económicas solicitadas al amparo de los Decretos-Ley 6/2022 y 7/2022 del Gobierno de Aragón”, y sobre la “intención del Gobierno de España de rebajar las penas del delito de sedición”, y desde Ciudadanos otros dos en torno a “la eficiencia de la administración” y “los derechos humanos en Qatar”.

Asimismo, la Mesa ha tramitado cinco solicitudes de comparecencia de miembros del Gobierno ante pleno y comisión. Así, se han calificado las solicitudes de comparecencia de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, al objeto de abordar “el contenido del Informe del Justicia de Aragón respecto a la sanidad pública en el medio rural”, a propuesta de PP y Vox, de la consejera de Ciencia, Maru Díaz, para tratar la “Estrategia Aragonesa de Inteligencia Artificial”, y del titular de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, para informar sobre “las repercusiones del proyecto de línea de Muy Alta Tensión privada que cruza Aragón, denominado PFot-807 AC, desde el término municipal de Ojos Negros (Teruel) y sus infraestructuras de evacuación en las provincias de Teruel, Castellón y Valencia”.

A su vez, la alta instancia parlamentaria ha dado luz verde a cuatro interpelaciones dirigidas a los responsables de Ciudadanía, Agricultura y Ciencia sobre cuestiones como “la política general en materia de transparencia”, la “protección y conservación del suelo” y los “planes complementarios con comunidades autónomas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, y a trece preguntas para respuesta oral para los titulares de los departamentos de Presidencia, Sanidad, Agricultura, Ciencia y Ciudadanía, y al vicepresidente aragonés, en relación con “las partidas de justicia en los Presupuestos Generales del Estado”, los “problemas eléctricos que se han sucedido en la Sección Genética del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, y las consecuencias de los mismos”, los “derechos históricos en la PAC” o las “reivindicaciones de la Fundación ADISLAF”.

En última instancia, el órgano rector ha calificado el de D. Daniel Peña Jordana de acuerdo con el art. 307 del RCA que regula el derecho de petición, relativo a las “incidencias que arrojan los defectos de fabricación de determinados vehículos del Grupo PSA”, así como sesenta y dos solicitudes de información y documentación y quejas por falta de respuesta de los parlamentarios populares Ana Marín, Pilar Gayán, Cristina Sainz, Fernando Ledesma, Marian Orós, Antonio Romero, Juan Carlos Gracia, Mar Vaquero, Carmen Susín y Pilar Cortés; Beatriz García, desde Ciudadanos, y Álvaro Sanz, en representación de IU.