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La partida presupuestaria del Departamento de Ciudadanía asciende a cerca de quinientos millones de euros y se centra en la “defensa de los más vulnerables”

La partida presupuestaria del Departamento de Ciudadanía asciende a cerca de quinientos millones de euros y se centra en la “defensa de los más vulnerables”
La consejera Mariví Broto ha comparecido ante la Comisión de Hacienda para exponer los presupuestos de Ciudadanía, que ponen el foco en el fomento de “la corresponsabilidad en el ámbito familiar” y en el “desarrollo de servicios de cuidado tanto en el propio domicilio como en otros entornos”

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de las Cortes, Mariví Broto, en su comparecencia de esta mañana ante la Comisión de Hacienda de las Cortes para exponer la partida presupuestaria destinada a su Departamento en el próximo año, ha defendido que se tratan de unos presupuestos “responsables, prudentes, rigurosos y comprometidos con los más vulnerables, que apuestan por el equilibrio económico”.


De esta manera, Broto ha explicado que las cuentas del Departamento ascienden a 478 millones de euros y “plasman el compromiso del Gobierno con los derechos de las personas que más apoyo necesitan”. “Además, se incluyen cuarenta y cuatro millones procedentes de los fondos europeos, treinta y un millones dirigidos al nuevo modelo de cuidados, a la adaptación tecnológica del IASS, a la atención domiciliaria o a los complejos residenciales de Valdefierro y Ateca”, ha añadido.


La responsable de Ciudadanía ha destacado la “decidida acción del Gobierno en materia de protección a las familias”, y ha asegurado que “elaboramos el plan de acción para la igualdad y la no discriminación 2023-2024” y “vamos a continuar con el impulso de las subvenciones para la conciliación de la vida familiar, laboral y social”. En este sentido, la consejera ha anunciado que fomentará “la corresponsabilidad en el ámbito familiar” y se desarrollarán “servicios de cuidado tanto en el propio domicilio como en otros entornos”.


A su vez, Mariví Broto ha recordado que “la media de ejecución de las cuentas del Departamento siempre ha estado por encima del 92% porque los aragoneses lo necesitan” y, en relación con los fondos europeos, ha declarado que “ha habido un antes y un después, han supuesto una forma diferente de encarar la crisis y hemos tenido la oportunidad de ejecutar obras y equipamientos importantes”, así como de “desarrollar el nuevo modelo de cuidados”.


En última instancia, la consejera ha hecho hincapié en la atención a los consumidores y usuarios, porque “supone la defensa de los derechos de los ciudadanos frente a los servicios públicos básicos”, y ha anunciado que “en fechas próximas se resolverá la convocatoria de subvenciones para prevenir la institucionalización de personas mayores mediante cuidados de larga duración”.


Pilimar Zamora, de PSOE, ha defendido que el proyecto de ley "demuestra el compromiso del Gobierno de Aragón con los servicios sociales con ese aumento de un 7% del presupuesto con respecto a 2022" y "hace de la protección social una prioridad". La diputada de PP Marián Orós ha lamentado que "el presupuesto más expansivo de la historia de Aragón sea una decepción porque juega al empate y al mantenimiento" de las partidas. Orós ha calificado de "falsa la senda de crecimiento" del IASS "porque en 2020 se recortó en diez millones".


Loreto Camañes, de Ciudadanos, ha llamado a poner encima de la mesa durante la tramitación presupuestaria "el escenario de pobreza que hay en la Comunidad son uno de cada cinco aragoneses en riesgo". Por último, ha preguntado "si los ocho millones de la prestación aragonesa son suficientes". Por parte de Podemos, la diputada Vanesa Carbonell ha insistido en que las de 2023 son unas cuentas "realistas y con unos ingresos y gastos coherentes" y ha instado a "comprobar el beneficio que supondrá la anunciada bajada del IRPF".


La diputada de CHA Carmen Martínez ha puesto en valor que "se hayan mejorado las prestaciones económicas para las personas dependientes" y ha aclarado que "si se están gestionando más millones es porque ha habido voluntad política". David Arranz (Vox) ha puesto el foco en la “importancia del control a las ayudas y prestaciones públicas”, ya que “se deben adaptar a las cuestiones de mayor necesidad”. Además, ha preguntado “qué criterio se ha seguido para determinar la dotación de la prestación aragonesa complementaria al IMV”.


Desde el PAR, Esther Peirat ha defendido que “se trata de unos presupuestos complejos” que deben ir encaminados a “la mejora de los derechos de los ciudadanos, la atención y protección de los más vulnerables” y a “estar a la altura de lo que demanda la sociedad aragonesa”. Por último, el portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha denunciado que "no comparte el modelo de derechos sociales porque no avanza en la mejora sustancial de estos" y ha acusado al Gobierno de "no cumplir los pactos que están escritos en la ley de presupuestos".

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