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Nueve agentes sociales participan en el trámite audiencias legislativas del proyecto de ley sobre el uso de perros de asistencia para personas con discapacidad

Nueve agentes sociales participan en el trámite audiencias legislativas del proyecto de ley sobre el uso de perros de asistencia para personas con discapacidad
La Universidad de Zaragoza, fundaciones, asociaciones, colegios profesionales y expertos han expuesto sus aportaciones a la futura ley en las Cortes de Aragón

El proyecto de ley sobre el uso de los perros de asistencia para las personas con discapacidad continúa con su tramitación parlamentaria con la celebración de sus audiencias legislativas, en las que expertos y entidades han presentado sus aportaciones a la ley, que reconoce la necesidad de la asistencia animal en el acceso a los entornos y ofrece definiciones más inclusivas, que permiten cubrir a todo tipo de casos de discapacidad.

 

El primero en intervenir ha sido Raúl Hueso, en representación de Espacio ITACA, que ha demandado no hablar de “uso” sino de “acompañamiento”. En esta línea, ha alertado de que el actual proyecto de ley es como “un contrato de esclavitud para los perros de asistencia” porque no hay nada en el texto que ayude a “reconducir los tiempos de descanso o de vacaciones" y son “seres sintientes”.

 

El presidente de CANEM (Perros de alerta médica), Francisco Javier Martín, ha criticado que el proyecto de ley exija que los centros de adiestramiento estén registrados como explotación ganadera. “Nuestros perros de asistencia no pueden vivir en una jaula, porque trabajan en ciudades”, ha denunciado. También ha reclamado que los centros estén reconocidos oficialmente en Aragón, “de lo contrario”, ha dich,o “nuestro centro, que es referente en Europa, tendrá que trasladarse a otra región”. La gerente, Lidia Nicuesa -acompañada por su perro “Cini”, adiestrado para alertar de episodios de hipoglucemia por diabetes-, ha afirmado que los 234 perros adiestrados por CANEM “se quedan fuera de esta ley porque CANEM está en pleno centro de la ciudad”, y ha pedido que no se siga esperando a la buena voluntad de las personas, porque “el día que te encuentras con un ‘no’ a que tu perro te acompañe, necesitas que la ley te ampare”. 

 

Desde el Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Zaragoza, la secretaria de la Junta de Gobierno, Natalia Arnal, ha requerido la aclaración de las “condiciones técnicas, sanitarias y sociales” que se les va a exigir a los centros de adiestramiento y “un control exhaustivo” de enfermedades transferibles a personas con un “certificado anual firmado por un veterinario colegiado”. Además, ha echado en falta la definición de conceptos como “perro de asistencia jubilado” o “incapacidad temporal”. La representante del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza, Gloria Fernández-Velilla, ha dicho que “sería interesante definir el concepto de enfermedad susceptible de ayuda mediante perro de asistencia”, porque el riesgo “no está en la enfermedad en sí misma”, sino en que ésta se manifieste de tal manera que produzca una pérdida de consciencia, “lo que puede ocurrir con la diabetes y con otras muchas patologías”.  

 

La representante de Cermi Aragón, Leticia Dionisio, ha explicado que en la Ley sobre el uso de los perros de asistencia para las personas con discapacidad “tendría que estar todo perfectamente regulado” y ha afirmado que se ha “he encontrado con problemas de acceso a centros de salud, a restaurantes o al transporte público”. Seguidamente, el director de Secretariado de Accesibilidad y Diversidad de la Universidad de Zaragoza, Fernando Latorre, ha apuntado, “por poner un pero”, la necesidad de que la ley refleje “un protocolo de coordinación entre centros” para que los perros asistentes accedan al aula “como cualquier estudiante”.

 

Desde Amnistía Animal, su presidenta Carla Allueva ha señalado que “viene a ser la nota discordante” porque “los perros de acompañamiento sufren una doble separación porque nacen en la Fundación, son separados genéticamente, están en una familia de acogida y se lo retiran al año para hacer el adiestramiento”. Allueva ha afirmado que “cuando termina su vida laboral, a los 9 o 10 años, el perro vuelve a la Fundación donde se le da de nuevo en adopción”. Supone, ha dicho, “una forma de explotación que está bien vista por la sociedad, pero existen otras alternativas que son necesarias porque son seres sintientes y hay que evolucionar hacia otra parte”. 

 

La presidenta de la Asociación aragonesa de Epilepsia, Ana Millán, ha explicado que a las personas con epilepsia “cuando les dan convulsiones a veces tienen accidentes graves, que pueden desembocar en roturas de mandíbula o incluso en la muerte, y los perros siempre podrían ayudar”. Por último, el adjunto a la Secretaría de Comunicación de la Asociación No Sin Mi Perro Guía, José Antonio Astasio, ha expuesto por videoconferencia que el objetivo de la asociación es conseguir que “cualquier inadmisión a personas ciegas acompañadas por su perro asistente” en cualquier espacio público, de acceso libre, “sea delito de discriminación por motivo de discapacidad”. Además, ha apuntado que ya ha hecho llegar “veintiún propuestas de mejora a la Cámara, incluso en modalidad de posible enmienda”.

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