El director general de Desarrollo Estatutario y Programas Europeos ha comparecido esta tarde ante la Comisión sectorial del Parlamento aragonés, a propuesta de la diputada de Ciudadanos Beatriz García, quien ha denunciado que “todavía no hemos adaptado el Derecho Foral a la nueva realidad, pese a que numerosos colectivos y el propio Justicia lo han pedido”
El director general de Desarrollo Estatutario y Programas Europeos, Luis Estaún, en su comparecencia esta tarde ante la Comisión sectorial de las Cortes, a propuesta de Ciudadanos, ha asegurado que “la mayor parte de las personas que se van a ver afectadas por la Ley 8/21 son gente mayor o aquellos con un deficiencia adquirida a lo largo del tiempo”, por ello “necesitamos saber adaptar esa legislación al Derecho Foral” y “tenemos que facilitar que la red familiar pueda actuar con instrumentos ágiles y adaptados a las necesidades de estas personas”.
En este sentido, Estaún, además, ha advertido de que “se trata de una materia tan delicada y sensible que la adaptación conviene hacerla con mucha cautela y teniendo en cuenta los errores que se han cometido en otras legislaciones civiles”. “Estamos pasando de un modelo ‘prêt-à-porter’ a una sastrería a medida de cada uno en la que se insiste en confiar en los operadores jurídicos y en los profesionales del derecho que pueden facilitar la solución de problemas mundanos”, ha añadido.
De igual forma, el director general, continuando con la metáfora, ha incidido en la “necesidad de contar con mayores apoyos, medios y formación para llevar a cabo los trajes a medida que cada persona necesita”, ya que “un mal uso o una mala aplicación de esta ley se puede convertir en un mal arma”.
Asimismo, Estaún ha detallado que desde su Dirección General se optó por “encargar a la Comisión de Derecho Civil aragonesa la elaboración de un informe en el que se indicaba si era necesario o no cambiar el Código Civil aragonés”, pues, en palabras del director general, “nuestro Derecho foral estaba más encauzado hacia la filosofía de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006”.
La diputada de grupo proponente Beatriz García ha apuntado que la Ley 8/21 “fue una verdadera revolución porque se dejó de hablar de discapacidad y se pasó a hablar de la necesidad de apoyos puntuales” pero “aquí todavía no hemos adaptado el Derecho Foral a la nueva realidad, pese a que numerosos colectivos y el propio Justicia lo han pedido”.
El diputado socialista Fernando Sabés ha defendido la actuación del Gobierno de Aragón en este asunto porque, "aunque se podría haber hecho más rápido, se está haciendo bien y es mejor hacerlo así que pecar de rapidez y urgencias". Desde PP, Fernando Ledesma ha lamentado que "Aragón va tarde para revisar las medidas de incapacidad" y ha acusado a la Dirección General de "haber hecho dejación de funciones y no haya tomado la bandera que siempre ha tomado" para adaptar la norma.
La diputada de Podemos Itxaso Cabrera ha pedido que "a la hora de reformar del Derecho Foral se aborde el principio de respeto a la autonomía de las personas con discapacidad" y que "prime la calidad a la velocidad". En opinión de Carmen Martínez, de CHA, la convención de Nueva York fue "un revulsivo para las personas con discapacidad porque se reconoció su capacidad jurídica plena" y ha celebrado que "el plazo de resolución esté en un horizonte cercano".
Desde Vox, David Arranz ha señalado que la Comunidad "está obligada a adaptar el tratado internacional de 2006 a su legislación interna" y ha recalcado que está obligación "provoca un cambio enorme de paradigma porque se busca mayor respeto a la voluntad de las personas con discapacidad". Esther Peirat (PAR) ha recordado que la Ley 8/21 "causó un revuelo importante en los juzgados" y ha insistido en que "es un tema que se debe resolver a la mayor brevedad posible", por lo que se ha mostrado satisfecha de que "el Gobierno asegure que no les va a llegar más de un año".
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