La directora general de Patrimonio Cultural, en su intervención ante el órgano sectorial del Parlamento aragonés, ha expuesto, además, que “en los conjuntos históricos se priorizará la instalación de comunidades energéticas, aunque queda por determinar la distancia mínima entre el centro de producción y el consumidor”
La directora general de Patrimonio Cultural, Marisancho Menjón, en su comparecencia de esta mañana ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Parlamento aragonés, a petición del consejero del ramo, Felipe Faci, ha insistido en que “el objetivo de la eficiencia energética va más allá de la mera instalación de placas solares”, pues “hay que tener en cuenta la rápida evolución tecnológica que está teniendo este sector”.
En este sentido, ha explicado que “ahora existen vidrios solares, que tienen un menor impacto visual” y “si en algo existe un acuerdo unánime es en el hecho de que sean fácilmente desmontables, es decir, que cuando termine su vida útil no hayan causado ningún daño al inmueble sobre el que se han instalado”.
De igual forma, Menjón ha hecho hincapié en que “no es un asunto sencillo porque la diversidad de situaciones es enorme y confluyen diferentes áreas normativas, intervienen varias administraciones y existe una complejidad técnica porque cada bien cultural tiene unos valores distintos”, pero “había que hacer un esfuerzo por establecer unas directrices básicas y unas líneas rojas y para ello el Gobierno de Aragón planteó una propuesta de actuación” que presentaba un “equilibrio entre los objetivos de transición ecológica y la protección de los bienes culturales”.
Asimismo, la directora general ha explicado que se ha redactado un documento informativo y de aplicación nacional que servirá "de base para autorizar o no la instalación de energías renovables en bienes culturales". Y ha defendido que “en los conjuntos históricos se priorizará la instalación de comunidades energéticas, aunque queda por determinar la distancia mínima entre el centro de producción y el consumidor”, mientras que en los edificios BIC “no se permitirá la instalación de paneles solares, aunque podrán ser autorizables de manera excepcional”.
En última instancia, Marisancho Menjón ha destacado que “uno de los criterios más importantes en la implantación de medidas de ahorro energético en bienes de interés cultural es la afección visual”. “Hay que tener en cuenta la afección visual a pie de calle, respecto del entorno y desde puntos esenciales”, ha concluido.
El parlamentario socialista Ignacio Urquizu ha puesto en valor “el trabajo de compaginar la modernización de los bienes BIC en temas de sostenibilidad” a través del diálogo entre administraciones. En este sentido, ha apuntado que “tenemos un desafío importante en esta materia, que es la simplificación administrativa”. Fernando Ledesma (PP) ha solicitado que el documento elaborado por Aragón para la implantación de renovables “esté accesible” dado que el problema “afecta a muchos municipios y necesitan conocer esos criterios” y ya “vamos tarde”.
El diputado Carlos Trullén, de Ciudadanos, ha afirmado que Aragón “es líder en energías renovables y patrimonio cultural” y, por ello, ha incidido en la necesidad de “encontrar un equilibrio para el desarrollo de ambos” y en la coordinación entre los distintos departamentos implicados. Nacho Escartín (Podemos) ha destacado la importancia de que “exista una coherencia en todo el Estado y que se llegue a un acuerdo” para la implantación de estas energías en bienes protegidos y, además, ha añadido que es “un buen momento para que nos planteemos en estas Cortes si hay que mejorar” la normativa del Patrimonio Cultural aragonés.
Desde Chunta, Isabel Lasobras ha defendido “el modelo de las comunidades energéticas y el autoconsumo” porque puede ser “el más adecuado en el medio rural y es el que no afectaría al patrimonio histórico-artístico de Aragón”. Así, Lasobras ha propuesto “la transposición de las directivas de Unión Europea para impulsar las instalaciones y simplificar los trámites burocráticos”. David Arranz (Vox) ha puesto en relieve que, “hasta la fecha, el Gobierno de Lambán no se ha planteado ninguna modificación de la Ley de Patrimonio Cultural aragonés ni de los criterios que permitan la implantación de energías renovables” para hacer frente al incremento exponencial del precio de la luz.
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