El órgano rector ha aprobado nueve de los diez puntos de la iniciativa de Ciudadanos, que ha incorporado parte de la enmienda de PSOE, Podemos, CHA y PAR para analizar la situación de los municipios de menos de 3.000 habitantes y que se encuentran en zonas despobladas
La Comisión de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda ha aprobado el impulso de un estudio de necesidades en rehabilitación de vivienda de titularidad pública para 2023 en municipios de menos de 3.000 habitantes y en zonas afectadas por la despoblación. La iniciativa presentada por Ciudadanos ha incorporado parte de la enmienda registrada por PSOE, Podemos, CHA y PAR y ha sido apoyada de forma unánime a excepción de Podemos, que se ha abstenido en tres puntos.
El texto incluye impulsar a través del Plan Aragonés de Vivienda actuaciones específicas para promover la adquisición, construcción o rehabilitación de viviendas colaborativas y destinadas a vivienda habitual y convocar una mesa de trabajo para “estudiar las posibles modificaciones de la Ley Urbanística de Aragón para municipios de menos de 500 habitantes”. Además, también se propone crear una oficina para gestionar todas las viviendas disponibles en el territorio y realizar un plan para potenciar las comunidades energéticas.
Por último, se insta a promover bonificaciones fiscales para las personas que decidan adquirir o alquilar su vivienda habitual e incentivos fiscales para los promotores que promuevan vivienda en municipios de menos de 3.000 habitantes y en zonas despobladas. Podemos se ha abstenido en estos dos puntos y en el que se proponía crear un Plan de Ahorro de Vivienda Rural.
El diputado Carlos Ortas, encargado de defender la iniciativa, ha comenzado su intervención reivindicando que “todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada”. Además, ha denunciado que “los municipios más pequeños tienen la problemática de que hay gente que quiere vivir en ellos pero no pueden porque no hay vivienda disponible” y ha defendido que “esta situación debería tratarse como un problema de estado”.
PSOE, Podemos, CHA y PAR han presentado una enmienda a la iniciativa que, según ha explicado Joaquín Palacín (CHA), encargado de defenderla, busca "ajustarla a un marco temporal y adecuarla a la realidad". Se ha mostrado a favor de muchos de los puntos del texto, pero ha explicado que "en lugar de pedir una dotación presupuestaria, se aboga por pedir un estudio para conocer las necesidades".
El diputado socialista Fernando Sabés ha insistido en que "el gran fracaso es que esas viviendas del medio rural se conviertan en una ruina" y ha instado a "acometer bonificaciones e incentivos a núcleos de menos de 3.000 habitantes para que todos puedan jugar en las mismas condiciones". Marta Prades, de Podemos, ha explicado que no está de acuerdo en las partes del texto "que reflejan las políticas neoliberales y fiscales de Cs" porque ahora se está tramitando una ley que "precisamente contempla estudiar bonificaciones".
Desde el PP, Joaquín Juste ha recordado que "para vivir en los pueblos se necesitan servicios, trabajo y vivienda" y ha lamentado que ve "con desolación que se ha hablado mucho de este problema pero nada se mueve y se están perdiendo oportunidades". Por último, Santiago Morón (Vox) ha explicado que su grupo considera que "sería una obligación que hubiera grandes consensos a nivel nacional para evitar las desigualdades que hay entre los habitantes" en esta materia y ha pedido que "se tome en serio la despoblación.
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