Los educadores sociales Carlos Gallego y Guillermo Esteban han intervenido esta mañana en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas para denunciar la “precariedad” de los trabajadores y pedir el cese de la "externalización" del servicio para garantizar la calidad
La Comisión de Comparecencias Ciudadanas ha acogido esta mañana la participación de Carlos Gallego y Guillermo Esteban, del Comité de Trabajadores del FAIM, para informar sobre la necesidad de elaborar un convenio autonómico de reforma juvenil y protección de menores. En este sentido, Esteban ha defendido que el acuerdo pondría fin a la “externalización” del servicio para garantizar la calidad y “proteger” a los jóvenes y los trabajadores. Así, desde FAIM han demandado que las empresas “se sienten” a pactar con los educadores sociales.
El convenio "mejoraría" las condiciones laborales y “dignificaría” la profesión de los educadores sociales, ha argumentado Esteban. En esta línea, ha insistido en el papel del educador social como “trabajadores esenciales con deficiencia de recursos”. “No es justo que se nos condene a la precariedad”, ha sentenciado. Por ello, ha justificado que la administración tenga "problemas" para conseguir ocupar las plazas vacantes en los concursos.
Por su parte, Gallego ha subrayado que el sector “agoniza”. “Cobramos 1.300 euros brutos cuando es un trabajo que requiere de un título universitario y una alta carga emocional, psicológica y de trabajo", ha explicado. “No podemos más, estamos indefensos”, ha explotado, con la vocación “no se come”, ha añadido.
La socialista Carmen Sahún ha asegurado que en Aragón “se antepone siempre la calidad del servicio frente a criterios puramente economicistas”, pero que la Administración no está legitimada para “interferir en la negociación de los convenios porque se incumpliría una ley y se atentaría a la autonomía negociadora de las partes”. José Antonio Lagüéns (PP) ha puesto de relieve que “se está produciendo una privatización de este servicio” porque parece que garantizar los derechos y la dignidad salarial “es una relación jurídico-privada, según reconoció la consejera”. “Hay una fuga de profesionales y problemas para cubrir vacantes, pero el Gobierno de Aragón tiene la obligación de buscar solución”, ha explicado.
Desde Ciudadanos, Elisa Sacacia ha defendido “un convenio necesario que dignifique su trabajo de una vez”, pero para ello es necesario que la consejera “ponga sobre la mesa más dinero”. Así, ha solicitado al Gobierno de Aragón que se comprometa a “asumir este convenio para mejorar este servicio público esencial”. Vanesa Carbonell (Podemos) ha indicado que es “un sector muy feminizado con graves problemas de conciliación” y, respecto al establecimiento de un nuevo convenio en Aragón, ha señalado que se trata de “una reclamación justa porque el estatal es demasiado sencillo y siempre es necesario adaptarse a las circunstancias concretas del territorio”.
Carmen Martínez (CHA) ha expuesto que el convenio estatal es “insuficiente para todos los territorios” y que la Administración “tendría que tomar parte para ser más incisivos en las cláusulas de los contratos”. Además, ha asegurado que “harán llegar sus reivindicaciones” a la consejera del ramo. Álvaro Sanz (IU) ha afirmado que los pliegos en servicios públicos “se hacen de espaldas a una dignidad laboral necesaria para cumplir con unos servicios de calidad” y que, muchas veces, “ni siquiera se clarifica el número de profesionales por categoría”, una situación que ha calificado de “indecente”.