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La Comisión de Ciudadanía insta al Gobierno aragonés a elaborar un estudio sobre personas con inteligencia límite en Aragón

La Comisión de Ciudadanía insta al Gobierno aragonés a elaborar un estudio sobre personas con inteligencia límite en Aragón
La proposición no de ley presentada por el Partido Popular ha sido aprobada por unanimidad tras la aceptación de una enmienda presentada por PSOE, Podemos, CHA y PAR que modifica el plazo de presentación

La Comisión de Ciudadanía y Derechos Sociales ha solicitado al Gobierno de Aragón que presente un estudio sobre las personas con inteligencia límite en Aragón. El órgano sectorial ha aprobado esta mañana la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios asistentes. Esta iniciativa, ha contado con una enmienda presentada por parte de los cuatro grupos que sustentan al Gobierno, que ha sido aceptada por el Partido Popular.

 

La diputada popular Marián Orós, encargada de exponer la iniciativa, ha recordado que “se llegó a un acuerdo de que el Gobierno realizaría este estudio que sirviera como base para poder empezar a trabajar con este grupo de personas”, pero que no se ha llegado a presentar tras más de 24 meses. Asimismo, ha informado de que “hay una estimación de que las personas con inteligencia límite está rondando el 10% de la población aragonesa” y que este informe sería “muy útil” para trabajar con estas personas.

 

A continuación, los cuatro grupos que integran al Gobierno (PSOE, Podemos, CHA y PAR), han presentado una enmienda, que ha sido aceptada. En primer lugar, la representante socialista Lorena Canales ha afirmado que “las familias necesitan una respuesta, pero esta ha de ser eficaz”, por lo que piden que se retrase “hasta que se ponga en marcha el instrumento evaluador Baremi que permita valorar el número de personas que se engloban en este grupo en Aragón”.

 

Por su parte, Vanesa Carbonell (Podemos) ha expuesto que el estudio “no se pudo realizar, en primer lugar, por la pandemia, y posteriormente por el Real Decreto que modifica el reconocimiento de nivel de discapacidad”, que entrara en vigor en abril de este año, y que “provoca que las comunidades tengan que ajustar los baremos para evaluar a las personas con discapacidad”. Carmen Martínez, de CHA, ha recordado que desde el Gobierno “seguimos manteniendo el interés de que se haga este estudio”, pero ha duda sobre si “en el plazo de un mes se podría hacer de forma satisfactoria”.

 

En última instancia, Loreto Camañes, de Ciudadanos, ha recordado que estas personas, “sin tener reconocida esa discapacidad intelectual, tienen un coeficiente intelectual que está por debajo de lo que la OMS determina como normalidad” y ha valorado que “este estudio, si hubiese llegado habría sido una herramienta muy importante para conocer todos esos niveles

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