Ana Cristina Sainz (PP), que había solicitado su comparecencia, duda de que la tasa se reduzca al 8% al identificar “solo 571 plazas” para el proceso de estabilización, y denuncia que haya despidos de interinos
El director general de Función Pública y Calidad de los Servicios, Esteban del Ruste, ha comparecido esta mañana, a petición del PP, en la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública para informar del grado de cumplimiento de la Ley sobre las medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. De esta forma, del Ruste ha apuntado que en Aragón “se han hechos los deberes”. “Tenemos 462 convocatorias en marcha, teniendo en cuenta los procesos de 2018 y 2019 con 2.549 plazas”, ha explicado.
En este sentido, ha argumentado que si se hubiera partido de cero “no hubiéramos tenido problema en ofertar más de 4.000 plazas”. Sin embargo, “la mayoría de las plazas que cuentan con los requisitos ya estaban apuntadas en convocatorias anteriores con la ley vigente en la mano”, ha sentenciado. Por tanto, “no se estabilizarán 571 plazas, sino miles”, ha incidido. Además, ha expuesto que en el segundo semestre se abordarán “103 plazas de discapacidad” y “1.134 que estaban pendientes de 2019, 2020 y 2021”.
El director general también ha anunciado que se ha solicitado dotar de 14 plazas más para la gestión de las convocatorias y se ha pedido “un procedimiento de simplificación” para las convocatorias de selección en Aragón. Así, se trabajaría con “un modelo más rápido y más objetivo”, ha añadido. En esta línea, del Ruste ha explicado que los seleccionados tendrán que realizar un curso selectivo de formación y la nota se incluirá a la nota de la oposición.
La diputada popular Ana Cristina Sainz, quien había pedido la intervención del director general, ha apuntado que Aragón cuenta con “6.664 trabajadores temporales” y ha reclamado que “solo se han convocado 571 plazas”, por lo que ha dudado de que la tasa de temporalidad “se reduzca al 8%”. Además, ha denunciado la ausencia de “transparencia” en el procedimiento y ha acusado de que "la realidad es que se están despidiendo interinos y la mayoría son mujeres”.
Desde el PSOE, Óscar Galeano ha señalado que, de la herencia que toma el Gobierno de Javier Lambán, “hemos tratado, junto con el Gobierno central, de recomponer la situación” y establecer una administración pública que “tiene que cumplir unas premisas de modernidad, suficiencia de recursos y eficiencia para un servicio público de calidad”. José Luis Saz, de Ciudadanos, ha expuesto que “la concurrencia de culpa de todas las administraciones públicas nos ha traído a esta situación” y con la ley 20/2021 “se intenta dar solución y determinar unos compromisos”. Así, ha preguntado sobre los interinos de larga duración sin poder estabilizarse y sobre el derecho a indemnización en estos casos.
Marta de Santos (Podemos) ha puesto en valor “el trabajo ingente y complejo, desarrollado en medio de una pandemia” y ha afirmado que existe un “intento de ocultar de dónde veníamos” porque el PP fue “el peor Gobierno para la función pública, ya que se redujeron más de medio millón de empleados públicos en España”. Desde CHA, Carmen Martínez ha manifestado que el número o porcentaje de interinidad “es más elevado de lo deseado, pero al menos se sacan los procesos selectivos en el tiempo que se marcan”. Asimismo, Martínez también ha preguntado cuántas plazas estaban convocadas antes de la ley 20/2021 porque “si no hubiese estado en marcha, se podrían haber incorporado los procesos de estabilización”.
David Arranz (Vox) ha puesto el foco en “la alarmante tasa de temporalidad en la administración aragonesa”, que lleva una década “alimentando a la bestia de lo temporal en el empleo público”. Además, ha subrayado que la oferta presentada por Del Ruste es “insuficiente para la estabilización”.
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