Juan Ignacio Coll ha remarcado que Aragón cuenta con “treinta y nueve casos” desde la implantación de la Ley, de los cuales “quince" se han aprobado, y ha destacado que en Teruel y Barbastro “no hay solicitudes”
El director general de Transformación Digital, Innovación y Derechos de los Usuarios, Juan Ignacio Coll, ha comparecido esta mañana, a demanda de la consejera de Sanidad, ante la Comisión sectorial de las Cortes para informar sobre la puesta en marcha en Aragón de la Ley de regulación de la eutanasia. En esta línea, ha asegurado que la normativa, “promulgada prácticamente dos años”, trae “un nuevo derecho” en el ámbito de la autonomía del paciente e incluye una nueva prestación “de ayuda a morir”.
El compareciente ha remarcado que existía “una demanda social” previa y que la prestación para la ayuda a morir ha requerido de cambios organizativos, “sobre todo formación de los profesionales”, con apoyo a los equipos existenciales. “Ha supuesto un gran esfuerzo, pero una vez más, los profesionales sanitarios han estado a la altura”, ha subrayado.
La regulación de esta Ley ha necesitado de la constitución de la Comisión de Garantías y Evaluación, quienes trabajan en la transparencia con la elaboración y publicación de una memoria anual donde explicita los pasos que van dando. En este sentido, el director general ha expuesto el procedimiento a seguir de la Comisión para aprobar o rechazar las solicitudes. Así bien, Aragón cuenta con “treinta nueve solicitudes” desde la implementación de la Ley y, de estas, “quince han llegado a término”, además de “diez prestaciones de ayuda a morir”, ha expuesto. Asimismo, ha destacado que en el sector de Teruel y Barbastro “no hay peticiones”.
Coll ha apuntado la “normalización” sobre “papel decisor” de los pacientes en los tratamientos. En este sentido, ha defendido que es una “ley garantista” ya que el afectado toma la decisión “de forma libre”. Es decir, a los pacientes que no estén “en plenas facultades” no se les aprobará sus solicitudes, a no ser que lo hayan dejado reflejado en sus testamentos vitales.
Lorena Canales (PSOE) ha expuesto que “desde hace cerca de dos años disponemos de una nueva prestación en el sistema aragonés de salud”. “Una vez más fue el PSOE quien recogió el guante de muchos colectivos que llevaban años de lucha y nos sentimos tremendamente orgullosos de colaborar en la construcción de una sociedad mejor”, ha añadido. La parlamentaria popular Ana Marín ha incidido en que “la ayuda a morir está ya en la cartera de servicios de nuestro sistema sanitario” pero “hay muchas otras cuestiones que también son muy importantes y no lo están”, como “la ortodoncia de los niños o la atención temprana hasta los dieciocho años”.
Susana Gaspar (Ciudadanos) ha mostrado su disconformidad con que “no haya acudido a comparecer la responsable de Sanidad en la última Comisión” del ramo y, en relación con el objeto de la intervención del director general, la diputada ha hecho hincapié en la importancia de “fomentar el documento de voluntades anticipadas”. Itxaso Cabrera (Podemos) ha asegurado que “las leyes progresistas, como puede ser la de protección para el final de nuestras vidas, han venido para quedarse porque así lo solicitaba un 80% de la población”. “En España la sombra de la Iglesia católica ha retrasado la aprobación de esta ley hasta 2021”, ha concluido.
Isabel Lasobras, por parte de CHA, ha recordado que “desde marzo de 2021 se permite ayudar a morir a una persona cuya salud se ha deteriorado de forma irreversible” y ha destacado que se trata de una norma “necesaria, que responde a una necesidad social y sirve para avanzar en libertades”. El portavoz sectorial de Vox, Santiago Morón, ha declarado que su grupo parlamentario “defiende el derecho a la vida sin excepción desde la concepción hasta la muerte natural” y, en este sentido, ha afirmado que la ley de la eutanasia “no responde a una demanda social relevante”. Esther Peirat, en representación del PAR, ha manifestado que se trata de un tema “especial y difícil, a pesar de estar legislado”, y que “implica cambios en la gestión de servicios”. De igual forma, ha preguntado al director general “cómo están las unidades paliativas en nuestra Comunidad”.
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