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Las Cortes reclaman que el Gobierno central preste apoyo y cobertura legal en la instalación de videocámaras de seguridad en los municipios que lo soliciten

Las Cortes reclaman que el Gobierno central preste apoyo y cobertura legal en la instalación de videocámaras de seguridad en los municipios que lo soliciten
La iniciativa, presentada por el parlamentario popular José Antonio Lagüéns, ha contado con una enmienda de los grupos que integran el Gobierno, que ha sido aceptada y transaccionada, y, finalmente, ha obtenido el apoyo de todo el arco parlamentario

La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley del PP dirigida a instar al Gobierno a “apoyar a los municipios aragoneses a través de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y a colaborar en la tramitación ante la Delegación del Gobierno dando cobertura legal en la instalación de videocámaras de seguridad en aquellos municipios que lo soliciten”.

 

La iniciativa ha sido presentada por el diputado del PP José Antonio Lagüéns, quien ha reclamado una “mejora de la seguridad ciudadana en el medio rural”, puesto que “en España el incremento de la criminalidad ha sido del cinco por ciento, pero en Aragón se ha incrementado en más de un trece por ciento” y “el Justicia advierte en su informe que la situación va a ir a peor”.

 

Los grupos que sostienen al Gobierno han presentado una enmienda de forma conjunta, que ha sido aceptada y transaccionada por Lagüéns. El diputado socialista Darío Villagrasa ha incidido en que “el trabajo del Gobierno de Aragón ha permitido que los municipios instalen cámaras de video-vigilancia en los municipios”, al tiempo que ha manifestado que “a todos nos preocupa la seguridad en el medio rural y queremos dotar de servicios a nuestros vecinos”. Itxaso Cabrera, por parte de Podemos, ha señalado que “las cámaras de seguridad contribuyen a desplazar la delincuencia, pero en ningún caso son la solución absoluta a los problemas de seguridad”, y ha defendido que “Aragón es una de las comunidades más seguras de España”.

 

Carmen Martínez (CHA) ha reconocido que “las cámaras de video-vigilancia tienen que venir acompañadas de más políticas públicas y medidas”, especialmente en “épocas de crisis, cuando más afloran los amigos de lo ajeno”. Jesús Guerrero (PAR) ha incidido en que “la instalación de videocámaras en las poblaciones y en el entorno más rural sirven para disuadir delitos” y ha explicado que “muchos pueblos y ciudades de Aragón las están implementando”.

 

David Arranz, desde Vox, ha asegurado que su grupo parlamentario “defiende el medio rural”, y ha afirmado que “la seguridad es una necesidad básica para toda persona y comunidad” y que “hace falta mucho más que cámaras de seguridad”. Beatriz García, en representación de Ciudadanos, ha expuesto que “en muchas ocasiones se habla de las cámaras como un complemento para aquellos pequeños municipios que carecen de policía local”, ya que “tienen un efecto disuasorio, pero también punitivo”, aunque ha mostrado preocupación por “la falta de asesoramiento técnico y jurídico”.

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