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Durante su comparecencia, ante la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón, los afectados por la última oposición de auxiliares administrativos a la DGA han mostrado su indignación por las diferentes “irregularidades” del proceso opositor y han solicitado soluciones a los responsables del Ejecutivo aragonés

Zaragoza, 07/02/2017.- La situación de la última oposición de auxiliares administrativos a la DGA ha protagonizado la primera reunión de la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas del nuevo periodo de sesiones. Este colectivo de afectados ha informado sobre su actual escenario ante el silencio obtenido por parte de la Administración. Desde el colectivo han asegurado que sienten “impotencia y rabia” y que, hasta ahora, no han sido recibidos por el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno.

Los afectados han relatado el cronograma y los hechos ocurridos en el proceso selectivo al que se presentaron unas 5.000 personas, según los datos aportados por ellos mismos, y que “incluía un nivel mayor al anunciado”. De los resultados del primer ejercicio de oposición se publicaron 379 aprobados, personas que empezaron a preparar el siguiente ejercicio, “pero tras cuatro meses, en octubre, un nuevo criterio de corrección dejó fuera al 90% de ellos”, han detallado.

“Tras casi cuatro meses dedicados a un segundo examen, ilusionados por un trabajo indefinido nos dicen que tan solo aprueban 32 personas, desde ese momento nace este grupo formado por cientos de familias”, ha afirmado Yolanda Fernández, una de las afectadas, que también ha comentado que piensan que “es la pretensión de la Administración no cubrir las plazas, ya que la convocatoria no se realizó por motu propio sino por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón”.

Tras la comparecencia de los afectados, el diputado Fernando Galve, del Grupo Parlamentario Popular, ha asegurado que “todo este proceso del Gobierno de Aragón es un despropósito y una chapuza, un proceso que nace mal desde las bases”. Para Galve, los opositores “no saben lo que va a pasar, pese a su esfuerzo y dinero empleado”, ante lo que ha solicitado a la DGA que “lo solucione con legalidad y alguien asuma responsabilidades”.

Desde las filas del Grupo Socialista, Herminio Sancho ha definido la situación actual como “un callejón de salida”, que debe resolverse “legalmente y cuanto antes”, a lo que ha añadido que para el Gobierno de Aragón la salud de la función pública es uno de sus compromisos.

Marta Prades, por el Grupo Parlamentario de Podemos, ha lamentado el camino de este proceso y se ha dirigido a los afectados, que, en su opinión, “solo están defendiendo su puesto de trabajo, han seguido los pasos, han pagado su derecho de examen y la Administración les ha dejado colgados”, ha declarado.

Para Lucía Guillén, parlamentaria del Partido Aragonés, “los números cantan”, puesto que una prueba que resuelve 32 aprobados sobre unos 4.500 presentados “es algo inaudito y difícil de comprender”. “Algo se ha hecho mal cuando el 99% queda fuera en la primera prueba cuando hablamos de cientos de personas preparadas. Está en juego el futuro laboral de muchas personas”, ha concluido.

En el turno de palabra de Ciudadanos Aragón, Jesús Sansó ha recalcado que ha sentido “vergüenza y rabia” después de las explicaciones de los responsables. “Nadie asume la culpa por sus errores, que el tribunal en bloque renuncie es señal inequívoca de que las cosas se están haciendo mal”, ha manifestado.

Por parte del Grupo Parlamentario Mixto (CHA), Gregorio Briz ha afirmado que “el Tribunal tendría que haber seguido con el proceso”, a lo que ha indicado que “la realidad del Gobierno es sacar el mayor número de plazas posibles”, una situación que Briz estima que “si se enquista en los tribunales no llegaremos a soluciones” y que debe solucionarse con una Ley de Función Pública.