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Representantes de la Red ciudadana de apoyo a los refugiados han criticado, esta mañana, en la Comisión de Comparecencias, “la insuficiencia del programa “de acogida para los cerca de quinientos refugiados que existen en la Comunidad aragonesa realizado por como Cruz Roja, Cepaim, ACCEM y Apip-Acam, ya que su duración está limitada a dieciocho meses

Zaragoza, 30/10/2017.- La Comisión de Comparecencias ha comenzado esta mañana tratando el Protocolo de Acogida e Integración a las personas refugiadas. Para ello, Ana Asensio, miembro de Red ciudadana de apoyo para personas refugiadas, ha relatado diferentes situaciones en las que denuncian “amenazas y deficiencias” en el trato de estas personas refugiadas por parte de las entidades obligadas a cumplir el protocolo, en el que se encuentran inmersas un total de 472 personas en la Comunidad aragonesa.

En un primer momento, desde este colectivo han explicado que el protocolo depende del Ministerio de Empleo y Seguridad Social que ha externalizado la gestión de acogida dando las competencias, en la Comunidad aragonesa, a entidades como Cruz Roja, Cepaim, ACCEM y Apip-Acam. “Llegan pensando que su sufrimiento ha acabado pero en mucho casos se encuentran a merced de las autoridades que deciden qué dan y qué no dan”, ha aseverado Asensio quien, también, ha criticado “la insuficiencia del programa”, que tiene una duración de dieciocho meses. “Varias de las familias nos han pedido desesperadamente ayuda tras las amenazas de trabadores de estas entidades”, ha trasladado Asensio.

Por su parte, esta integrante ha ejemplificado alguna situación como que, a su llegada a la ciudad, las asociaciones animaron a los refugiados a “no salir a la calle para que no tuvieran problemas racistas” o que “ningún menor que está con Cruz Roja pudo ir al comedor escolar porque no pidieron las ayudas”.De esta forma, Asensio ha comentado que hay un niño refugiado que no ha recibido diferentes aparatos que necesita o que varios niños no disponen del material escolar necesario.

Por todo ello, estas intervinientes han solicitado al Gobierno de Aragón que “audite a cada una de las organizaciones, realicé auditorías externas sobre la aplicación de los protocolos, así como de la calidad de sus servicios y que, además, se controle el uso de las partidas presupuestarias. Por otro lado, reclaman que el Ejecutivo y los ayuntamientos “garanticen desde el momento de la llegada un contacto con los servicios sociales”.

Fernando Galve (PP) ha destacado que “es un drama humanitario que no estamos sabiendo resolver y casi el 50% son mujeres y niñas”. El proceso de acogida, según Galve, “no es fácil, es lento y complejo y el Gobierno de España canaliza estas políticas”. Además, este diputado ha instado al Gobierno de Aragón a que investigue “cómo se está llevando a cabo la atención a los refugiados”. “Las situaciones expuestas son para que el Ejecutivo asuma su responsabilidad y no eché balones fuera”, ha expuesto Galve.

La socialista Julia Vicente ha comentado que “hemos oído afirmaciones muy categóricas”. “No dudamos de lo que han expuesto, pero han afirmado que son muchas familias las que están recibiendo amenazas y han cuestionado a las entidades que lo gestionan”, ha añadido esta diputada. Por otro lado, Vicente ha destacado que “el Gobierno de Aragón y los ayuntamientos son proveedores de servicios” y ha estimado que “desde el Ejecutivo se está haciendo mucho, aunque seguro se pueda hacer más”.

La diputada de Podemos Itxaso Cabrera ha alabado el trabajo realizado por estas personas que ha calificado de “muy valiente”. “No hay que eludir responsabilidades, todas las organizaciones tenemos nuestra responsabilidad y culpa”, ha afirmado Cabrera quien, también, ha considerado que “hay que tomar parte y pasar a los abrazos reales”. Por su parte, esta parlamentaria les ha preguntado por cuáles son las respuestas que han obtenido de las instituciones.

Desde el PAR, la diputada Lucía Guillén ha destacado que más de ocho millones de personas han tenido que huir, mientras que “no todos lo que nos gustarían han llegado a Europa y a España”. Guillén ha comentado que desde su formación política se presentó una iniciativa sobre refugiados para “que se elaborase un protocolo para obtener las mejores condiciones posibles”, a lo que ha añadido que “siempre hemos dicho sí a los refugiados sin condiciones”.

Para Jesús Sanso (Ciudadanos), “dieciocho meses no son suficientes para conocer el idioma”. Asimismo, este diputado ha destacado que “sí que hay racismo en Europa, pero debe de combatirse con información y con educación en valores”. “Entre unos y otros se están pasando la responsabilidad” y, en este sentido, según este diputado, “el Departamento de Ciudadanía puede hacer algo, aunque sea una llamada a Ministerio cada día para dar a conocer los problemas reales”.

Carmen Martínez, Grupo Mixto-CHA, ha criticado la política de asilo que se está llevando por parte del Gobierno central con la que, en su opinión, “no vamos a ninguna parte”. Asimismo ha determinado que “la asignación de los refugiados con las entidades es un protocolo del Gobierno de España y es este Gobierno quién tiene la competencia”. “Recogemos todas las denuncias que han hecho y en la medida que sea posible corregiremos esta situación”, ha concluido.