El Pleno de las Cortes ha tomado en consideración esta mañana, por unanimidad, un proyecto que, de acuerdo con su exposición de motivos, “pretende realizar una necesaria revisión de nuestro sistema de protección”, con aspectos como la definición del interés del menor
Zaragoza, 08/11/18.- La actualización de la ley de la infancia y la adolescencia de Aragón ha comenzado este jueves su trámite en la Cámara autonómica, después de salir adelante, por unanimidad, la toma en consideración del proyecto elaborado por el Ejecutivo. De esta forma, ahora será el turno de los procedimientos de participación ciudadana en la redacción de leyes que habilitó el actual Reglamento, las audiencias ciudadanas y la presentación de enmiendas.
Todos los grupos parlamentarios han respaldado la toma en consideración de un documento presentado en sesión plenaria por la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mª Victoria Broto. A partir de este momento, los diputados o los grupos parlamentarios dispondrán de un plazo de cinco días para proponer la audiencia de los agentes sociales, organizaciones y ciudadanos que pudiesen estar interesados en la regulación propuesta, con los requisitos establecidos en el artículo 163 del Reglamento de las Cortes de Aragón.
Una vez superado este apartado, la Mesa de las Cortes acordará la apertura de un plazo de quince días para la presentación de enmiendas al proyecto de ley, en el que se incluye la posibilidad de que estas propuestas sean de iniciativa ciudadana. En este sentido, todas las opciones abiertas para concretar la presencia del tejido social aragonés en este y en cualquier otro procedimiento están recogidos en el epígrafe PARTICIPA de la página web institucional.
En el debate de esta mañana, por parte de los grupos parlamentarios, han participado Carmen Martínez (Grupo Mixto), Desiré Pescador (Ciudadanos), Elena Allué (PAR), Itxaso Cabrera (Podemos), Pilimar Zamora (PSOE) y Ana Marín (PP), que han fijado sus posiciones en relación con el contenido.
De acuerdo con la exposición de motivos del texto, “la presente norma pretende realizar una necesaria revisión de nuestro sistema de protección a la infancia y la adolescencia que interactúa con las modificaciones en el ámbito estatal en relación con aquellas cuestiones afectadas por el carácter orgánico de la Ley 8/2015”. Además, se explica que “la ley opta por modificar exclusivamente los preceptos de la Ley 12/2001, de 2 de julio, cuyo contenido haya quedado desplazado por la legislación estatal de carácter orgánico y por incluir las novedades introducidas por la reforma que se quieren incorporar a nuestro acervo foral, especialmente aquellas que por su significación pueden considerarse claves en el sistema resultante”.