Ana Gómez ha comparecido esta mañana en la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública a solicitud de Podemos y PAR para explicar las consecuencias de la Orden HAP/2068/2018 que regula la prolongación de las cuentas de 2018 al presente ejercicio
Zaragoza, 25/02/2019.- Infraestructuras y subvenciones serán las materias afectadas por las restricciones que lleva aparejadas la prórroga de las cuentas autonómicas, según ha explicado esta mañana en la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública la interventora general del Gobierno de Aragón, Ana Gómez, que ha comparecido en sede parlamentaria a petición de Podemos y PAR, que reclamaban su presencia para detallar los efectos de la Orden HAP/2068/2018 que regula la prórroga presupuestaria.
El carácter anual de los créditos que amparan esos gastos los lleva a agotar su vigencia con la finalización de cada presupuesto. Esa es la razón que, según ha detallado Gómez, hay detrás de esa indisponibilidad que incluye a los capítulos seis, siete y cuatro del presupuesto y que, sin embargo, no afecta a los compromisos de gastos plurianuales ni a los créditos que garantizan la financiación de las comarcas y de las entidades del sector público.
La incertidumbre “en dosis muy elevadas” llegaría, en su caso y según la interventora, por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y por el sistema de financiación autonómica. “Aún no sabemos las condiciones en las que se han prorrogado los PGE y desconozco si se va a poder ejecutar el FITE, ni si recuperaremos el duodécimo mes del IVA desde que se restringió a once”, ha reconocido.
Gómez ha querido tranquilizar a todos los grupos asegurando que la Orden tampoco compromete los créditos “ampliables”, que amparan gastos preceptivos y referidos, entre otros, al Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), renta básica, protección a las víctimas de violencia de género, créditos destinados a financiar la Universidad, comedor material curricular y transporte escolar. Además, la Orden, según ha explicado, garantiza con carácter residual la disposición de créditos que financian el “funcionamiento” de los servicios públicos y la atención de las “necesidades colectivas”, que Gómez ha interpretado que “incluyen la sanidad, la educación, la justicia y los servicios sociales”. Para disponer de ellos, eso sí, Gómez ha remarcado que los centros gestores que consideren que necesitan crédito para su ejecución deben justificar su finalidad de gasto público y que son “indispensables” para el funcionamiento ordinario de los servicios.
Otros apartados que se libran del bloqueo son los créditos no condicionados a proyectos concretos como los que se refieren a los de personal, los gastos financieros y de amortización de la deuda, el fondo de contingencia, obligación exigida por la Ley de Estabilidad de Aragón, según ha recordado la interventora.Igualmente ha considerado disponibles “los gastos con financiación afectada de la UE” y ha mencionado específicamente las subvenciones tramitadas anticipadamente como las del fomento del empleo y la agricultura.
Héctor Vicente, diputado de Podemos, primero de los grupos solicitantes de la comparecencia, ha destacado que el mecanismo de prórroga “penaliza” a los gobiernos que no pueden sacar adelante un presupuesto porque “les bloquea esa pequeña parte con la que cuentan para impulsar sus políticas”. En el caso de la DGA, para Vicente se ha debido a la intención de “marcar distancias con Podemos” no queriendo aprobar los cinco puntos que planteó la formación morada. En su opinión, el escenario que plantea la prórroga puede servirle al consejero Gimeno de “gatera” por la que sacar adelante algunos proyectos “eludiendo el control de las Cortes” o permitirle hacer frente a los objetivos de estabilidad. “Una vez que no tuviera que preocuparse del gasto social podría dedicarse a amortizar deuda, sería la forma de introducir recortes de forma oculta”, ha lamentado. Entre tanto, a su juicio, las inversiones que anuncia la DGA sólo suponen “mover papeles”. “Están vendiendo humo porque, quintando los plurianuales, está todo paralizado”.
Desde las filas del PAR, el otro grupo solicitante de la comparecencia, Elena Allué ha señalado la “inquietud” que genera la prórroga presupuestaria, una situación que en su opinión es consecuencia de la “falta de interés” de los partidos de la izquierda en contar con unos presupuestos. “Sigue habiendo familias que lo pasan mal y tampoco es el mejor escenario de tranquilidad, no resulta proclive a la inversión porque, además, se suma la falta de unos Presupuestos Generales del Estado y de unas cuentas para Zaragoza”, ha lamentado. Y ha comparado esta orden con la de 2017, “esa en la que Hacienda advirtió con un 'powerpoint' de las consecuencias desastrosas que traería para la renta social, el IAI, la dependencia o las becas comedor”, ha recordado. En su turno de réplica, tras escuchar a la interventora, Allué le ha plantado que, si pese a la prórroga, se puede hacer frente a los principales compromisos de gasto, “o nos mienten ahora o lo hicieron entonces”.
Para Antonio Suárez (PP), el responsable de que no haya unos presupuestos para 2019 es Lambán por hacer caso a su consejero Fernando Gimeno, que es “un fulero” que nada en la “inseguridad jurídica” y "le encanta mezclarlo todo”. “Le ha convencido de que ya no necesitan a Podemos y sacan una orden interpretando la prórroga y luego dice que hará lo que le dé la gana”, ha criticado. En su opinión, van a dejar “un marrón” al siguiente Gobierno y no podrán impulsar nuevas inversiones sin crédito porque para ello necesitarían un anteproyecto de presupuesto “que sólo está en la cabeza de Gimeno”, ha lamentado antes de rematar su intervención obteniendo de la interventora la afirmación de que no ha sido requerida para elaborar ningún informe sobre los efectos de la orden.
Por parte del PSOE, Alfredo Sancho ha confiado en que esta sea la última comparecencia de la interventora porque “ha quedado todo claro”, después de una convocatoria “un tanto inquisitorial” que sólo busca “respuestas políticas”. “No hay manera de que este asunto se zanje porque buscan sembrar dudas sobre la actuación de Gimeno y éste no va a hacer nada que no pueda legalmente”, ha criticado. Sancho ha hecho un repaso de los distintos grados de afección de la prórroga comentados por Gómez según los capítulos del presupuesto y respecto a la comparación realizada por los grupos de la oposición con la orden de 2017, ha remarcado las diferencias que bajo su criterio existen respecto a la planificación y la situación del Estado central de entonces y las de ahora.
En cuanto a Ciudadanos, su representante en la Comisión, Javier Martínez, ha alertado de que la actitud del Gobierno “anunciando cosas que no se pueden pagar” supone “echar más leña al fuego” y “un ejercicio de egoísmo sin precedentes”, lo que está generando una “bomba de relojería” para 2019. “Lambán ha sido el caballero andante de las políticas sociales que se ha rodeado de juglares y trovadores sometidos (en referencia a CHA) y engañados (a Podemos) y ahora que no puede continuar la fiesta esconde la partitura que es el presupuesto”, ha descrito. Martínez ha preguntado directamente a Gómez si las cuentas llegarán para pagar a los funcionarios. “No llegó el año pasado con modificaciones por sesenta y cuatro millones y ahora menos”, ha apuntado.
Por último, Gregorio Briz (Grupo Mixto/CHA) ha destacado la “incertidumbre” comentada por la interventora por no poder contar con unos Presupuestos Generales del Estado y ha reprochado la actitud de aquellos partidos que, en su opinión, los impidieron acudiendo a la manifestación de Madrid y a los que también les falta tiempo siempre para votar con el objetivo de reducir impuestos. Pese a ello, también ha querido hacer autocrítica recordando que este presupuesto autonómico prorrogado “es hijo” del firmado por Podemos, PSOE, CHA e IU y que la “incapacidad” mostrada por todos ellos para firmar uno nuevo “nos impide marcar las prioridades que desde la izquierda consideramos esenciales”, ha reconocido.