El director general de Tributos, Francisco Pozuelo, ha esgrimido la “previsión prudente” del Gobierno de Aragón para explicar los porcentajes superiores al cien por cien en el grado de ejecución de los presupuestos de 2018 en materia impositiva, motivo de la comparecencia en la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública solicitada por el PP
Zaragoza, 25/03/2019.- Los “magníficos” datos sobre el grado de ejecución de los presupuestos de 2018 en materia de impuestos se deben a la “prudencia” del Departamento, la labor de la gestión tributaria y la buena marcha de la economía “y no a una subida de impuestos”. Así lo ha asegurado el director general de Tributos del Gobierno de Aragón, Francisco Pozuelo, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública respondiendo a una petición del PP para explicar que había detrás de esas cifras de ejecución.
Pozuelo ha descartado que esos cumplimientos, en la mayoría de los casos por encima del cien por cien de las previsiones, vengan motivados por un incremento impositivo. Y para ello ha hecho un repaso de diversas iniciativas legislativas de la presente legislatura como la batería de beneficios fiscales, la rebaja del impuesto de Sucesiones, la reforma de la fiducia y la supresión de impuestos medioambientales, que o no han llegado a tener efecto en el ejercicio de 2018 o, en todo caso, supondrán una rebaja de la recaudación, que en el caso de Sucesiones ha estimado que supondrá una pérdida de cuarenta millones de euros al año.
En Sucesiones, el director general ha explicado que para 2018 no se tuvo en cuenta el dato récord de recaudación de más de doscientos millones de euros porque se debió a la labor de inspección, “algo que no se repite todos los años. En cuanto a las transmisiones patrimoniales, Pozuelo ha justificado haber superado el cien por cien de la previsión en el aumento de un doce por ciento de las ventas de viviendas usadas y en un catorce por ciento en la recaudación. Sobre el impuesto de actos jurídicos documentados, el aumento del treinta y cinco por ciento en el dinero recaudado se ha debido por el incremento en un ocho por ciento de los préstamos hipotecarios y el aumento de operaciones de promoción inmobiliaria.
En cuanto a las previsiones, Pozuelo ha estimado que Aragón experimentará un “notable incremento” de los ingresos que recibe del Estado “una vez acabe la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y que ha llegado a cifrar en ciento cincuenta millones de euros, de los que treinta pueden venir por la integración de los hidrocarburos en el tipo estatal que supondrá pasar de los veinticuatro euros por mil litros actuales a los cuarenta y ocho euros.
El diputado del PP Antonio Suárez ha denunciado que detrás de las notables cifras del grado de ejecución de los presupuestos en materia de impuestos, sobre todo los cedidos por el Estado, está “el colchón de Gimeno”, fabricado con una previsión de ingresos “a la baja”, con la que el Gobierno de Aragón ha ocultado “una subida fiscal a las clases medias”. Una previsión, que Suárez ha achacado a las trampas del consejero de Hacienda y no a la “prudencia” esgrimida por el director general. Para ello, ha hecho un repaso de los derechos reconocidos en 2017, las cantidades presupuestadas y las finalmente logradas, en Sucesiones, tasas, sanciones. Un aumento de la recaudación “a consecuencia del crecimiento y de la subida impositiva” para la que no ha encontrado el sentido “si luego se han dejado de ejecutar ciento veintiséis millones de euros en política social”, ha reprochado.
El socialista Alfredo Sancho ha manifestado la “enorme satisfacción” del Departamento por el cumplimiento presupuestario, ya que su objetivo “siempre fue hacer una previsión realista de la recaudación, que ahora se consolida”. Una estrategia que ha confrontado con la practicada por el anterior Gobierno PP-PAR sobre la que ha esgrimido un el informe de la Cámara de Cuentas en el que se constató que se recaudaron 173 millones menos de los previstos.
Desde Podemos, Héctor Vicente ha constatado tanto la reducción de la recaudación asociada al impuesto de Sucesiones, cuyo impacto será “muy doloroso” en los próximos ejercicios, como que la infravaloración de los tributos cedidos ha sido “deliberada” para contar con “un margen de maniobra” que ha contribuido a la “discrecionalidad” y la “falta de transparencia”.
La diputada del PAR Elena Allué ha criticado que la región se haya situado “a la cabeza” de las autonomías en las que más impuestos se pagan, lo que implica que “Lambán mintió a los aragoneses cuando dijo que la recuperación de los servicios vendría por la recuperación económica y no por la subida de impuestos”. Una mayor recaudación que, a su juicio, “no ha servido para mejorar la calidad de vida de los aragoneses”.
Javier Martínez, de Ciudadanos, ha señalado que, durante la presente legislatura, los aragoneses pagan seiscientos ochenta millones de euros más, una subida impositiva que “se podía haber evitado, si se hubiese hecho una gestión más eficiente”. En esa línea, ha destacado la rebaja de Sucesiones acordada con su formación, para la que nunca se contempló “poner en peligro” la prestación de los servicios públicos.
Por último, para Gregorio Briz la solicitud de comparecencia ha sido la “traca final de la subida impositiva”, “obsesión del PP”, pero algo “necesario” para cumplir la regla de gasto y mejorar los servicios públicos. Briz ha destacado la conveniencia de la “prudencia financiera” practicada y se ha reafirmado en la propuesta de subir los impuestos “a los que más tienen” para redistribuir la riqueza.