El director general de Innovación y Formación Profesional, Antonio Martínez, ha comparecido en el órgano sectorial a petición del consejero Felipe Faci para exponer los datos de esta iniciativa, que ha alcanzado a más de un sesenta por ciento del alumnado de la región
El sistema de banco de libros ha beneficiado en su primer año de implantación a más de cincuenta mil familias, un sesenta y tres por ciento del total, según ha asegurado esta mañana el director general de Innovación y Formación Profesional, Antonio Martínez, durante su comparecencia en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte a petición del consejero Felipe Faci.
La iniciativa, dotada con una inversión pública de 3,2 millones de euros, más los dos millones de euros en los que están valorados los más de diez mil lotes de libros reincorporados por los becados y la cesión de las familias usuarias, junto a la convergencia de otras fórmulas de banco de libros, ha permitido que las familias beneficiadas, tanto de alumnos de Primaria y Secundaria de centros públicos como de diecisiete centros concertados adheridos, hayan accedido al material escolar del curso por un coste inferior al diez por ciento de su valor de mercado. Martínez ha recordado que este proyecto nació respondiendo a una realidad social tras la pérdida de la gratuidad de los libros y la iniciativa puesta en marcha por algunas familias a través de diversas ampas y ayuntamientos para crear un banco de libros. “El banco de libros contribuye a la equidad y la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa, permite un uso eficiente de los recursos, fomenta el consumo responsable y garantiza una educación basada en la igualdad que legitima la educación inclusiva”, ha enumerado.
El director general ha explicado que el sistema, alimentado por la compra de libros y diverso material curricular por parte del Gobierno de Aragón y una pequeña aportación de las familias participantes, ha sido gestionado a través de la puesta en marcha de una aplicación informática común para todos los centros que ha recibido más de tres mil quinientas consultas. Esta herramienta ha enviado más de siete mil correos electrónicos explicativos y ha buscado generar una “alianza” entre ampas, centros educativos, asociaciones y libreros de proximidad.
Martínez ha detallado, además que, en su primer año de vida, la carga organizativa del banco de libros ha correspondido en un cincuenta por ciento a los centros docentes, mientras que del treinta por ciento se han encargado las ampas y el veinte por ciento restante ha quedado en manos de los libreros.
La comparecencia del alto cargo del Ejecutivo aragonés trae causa de la propuesta realizada por su consejero Felipe Faci y pretende servir fundamentalmente para informar sobre el funcionamiento del nuevo sistema de banco de libros, proyecto puesto en marcha el pasado mes de septiembre y que pretende suponer un importante ahorro económico para los padres en material escolar.
Para Ignacio Urquizu (PSOE), el banco de libros refleja la notable “capacidad transformadora” del Ejecutivo en materia educativa con el manejo del BOA para impulsar una medida que “está dentro del ADN socialista” porque contribuye a la redistribución y la igualdad de oportunidades. La diputada del PP Pilar Cortés ha señalado la importancia de favorecer con ella a las librerías de proximidad y le ha preguntado al compareciente por el grado de satisfacción en función de los diferentes entes gestores.
Por parte de Ciudadanos, Carlos Trullén ha mostrado su satisfacción por el “alivio fundamental” que el banco de libros supone para las familias que encamina al sistema hacia la igualdad de oportunidades y la gratuidad. La diputada de Podemos EQUO Aragón, Erika Sanz, ha reivindicado el papel que al principio desempeñaron las familias en la puesta en marcha de este servicio “cuando la Administración dejó de hacer lo que era su obligación” y se ha felicitado por una política que “corrige desigualdades”.
En el caso de CHA, Isabel Lasobras ha apuntado el fomento de la “igualdad de condiciones” que supone el banco de libros en materia educativa “porque evita las desigualdades desde edades tempranas”. Además, ha propuesto una colaboración más estrecha entre centros de diferentes municipios. David Arranz, parlamentario de Vox en Aragón, ha felicitado a Martínez por su exposición y por los valores que lleva asociados esta medida, como las enseñanzas de compra responsable, sostenibilidad, reciclaje y reutilización de los materiales.
Desde el PAR, Esther Peirat ha destacado el carácter “solidario y social” de esta iniciativa que contribuye a “enriquecer” el sistema educativo y el ejemplo de colaboración que ha supuesto por el “marcado proceso consultivo” desarrollado en su implantación con Ampas y asociaciones. Por último, Álvaro Sanz (IU) también se ha felicitado por esta iniciativa que contribuye “a avanzar hacia la gratuidad del sistema”, pero ha mostrado su preocupación por la “sobrecarga” de trabajo que puede estar suponiendo para algunos centros gestores y ha planteado cuestiones como el intercambio de materiales, el acceso a las becas y los criterios de cuándo es utilizable o no el material devuelto.
PROFESORES DE RELIGIÓN
La Comisión también ha debatido esta mañana una propuesta del PP para “elaborar un estudio donde se cuantifiquen las consecuencias” que la “reducción de horario pudiera tener en el colectivo de docentes que imparten la asignatura de Religión en la Comunidad”, así como “proponer las medidas necesarias para la restitución de las condiciones laborales de los docentes de la asignatura de Religión”. El texto, expuesto por Pilar Cortés –que ha asegurado que “el colectivo solo pide seguridad y estabilidad”–, no ha salido adelante al recibir el único apoyo de Vox, mientras que el resto de fuerzas han votado en contra.
Desde este bloque del no a la iniciativa, el socialista Ignacio Urquizu ha recordado que “hay una cuestión judicial al respecto”, mientras que Carlos Trullén (Ciudadanos) ha considerado que “la solución no pasa por restituir las condiciones laborales e inventarse algo que no existe”. Por su parte, la diputada de Podemos Erika Sanz ha considerado que “la religión debe salir de las aulas” y Lasobras (CHA) ha pedido “educación laica, pública y de calidad”. Peirat (PAR) ha recordado que “el tema está judicializado” y “no se puede obviar”, mientras que, por parte de IU, Sanz ha apostado por “separar en las aulas la fe de la razón”. Arranz (Vox), en la defensa de su apoyo, ha pedido “la libertad de los padres para educar a sus hijos”.