Tras su comparecencia telemática en la Comisión Institucional, la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales ha respondido a cuatro preguntas formuladas por Partido Popular y Ciudadanos sobre la gestión del Covid-19 por parte de su Departamento
La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, ha respondido, tras su intervención en la Comisión Institucional, a las cuatro preguntas que se le han formulado por parte de Partido Popular y Ciudadanos, todas ellas relacionadas con la gestión de su Departamento en la crisis sanitaria del Covid-19.
La diputada popular Mar Vaquero se ha dirigido a la consejera para preguntar “sobre el pago del IVA que el Gobierno de España adeuda a los municipios aragoneses”. En concreto, la diputada ha pedido que el presidente de Aragón, Javier Lambán, le recuerde a Pedro Sánchez “que adeuda el pago del IVA del 2017” y ha manifestado que espera que la DGA “reclame lo que es de los aragoneses” porque los ayuntamientos “van a tener que afrontar tareas impropias de sus funciones”.
Por su parte, la consejera ha asegurado que el Gobierno autonómico “se ha posicionado en contra de que no se devuelva ese IVA a la Comunidad” y ha defendido que “lo que es de cada Administración debe dejarse en manos de esa administración porque todos los recursos van a ser insuficientes” en esta crisis sanitaria.
La segunda pregunta que ha formulado Vaquero a la consejera ha estado relacionada con “las primeras medidas que tomó el Gobierno autonómico para afrontar el coronavirus tras ser informado de la gravedad de la pandemia”. En este sentido, Vaquero ha lamentado que “si se empezó a trabajar en el protocolo de actuación el 23 de enero, no se tomaran medidas efectivas para afrontar la crisis hasta mucho después”. Además, ha pedido que “se empiece a actuar ya ante la posible recaída de octubre”.
En su respuesta, la consejera Pérez ha explicado que el primer protocolo entre el Gobierno de España y las comunidades se hizo el 23 de enero y que, desde entonces, ha habido reuniones diarias del Ejecutivo autonómico. “Le aseguro que técnicamente de manera sanitaria y política se actuó cuando vimos que la situación era importante. Nos lo tomamos en serio”, ha concluido.
Por último, la diputada popular ha preguntado sobre “la posible confiscación por parte del Gobierno de España del remanente de los ayuntamientos”. Sobre esta cuestión, Vaquero ha lamentado que “el Gobierno no haya salido a negarlo de manera tajante” y ha solicitado que a los ayuntamientos “se les garantice que van a poder usar sus remanentes”.
La consejera Mayte Pérez ha remitido a la diputada del PP al Real Decreto del 17 de marzo de medidas urgentes para hacer frente al impacto del Covid-19 porque “en él aparece el destino del superávit de 2019 de las entidades”. “Esa es la única referencia y no supone una amenaza de confiscación por parte del Estado, sino todo lo contrario”, ha concluido.
La diputada de Ciudadanos Beatriz García ha sido la última en preguntar a la consejera Pérez sobre su gestión en esta crisis sanitaria: “¿Se está en disposición de seguir proveyendo de entrega de material de protección individual a los abogados aragoneses que prestan el servicio de guardia de asistencia al detenido y servicio de guardia de violencia de género?”. García ha lamentado que “con las entregas que se han hecho hasta la fecha la seguridad no está garantizada” y ha solicitado que se solucione esta situación.
Pérez ha explicado que la intención del Gobierno de Aragón es “seguir proveyendo del material que garantice su seguridad”. Además, ha añadido que “los problemas de suministro no han sido de voluntad política, sino de precariedad” y que espera que “una vez superadas las dificultades se puedan extender esos niveles de protección a todos los colectivos que se exponen a situaciones de riesgo en esta epidemia”.