La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario ha aprobado por unanimidad una moción del PP con un texto finalmente transaccionado por todos los grupos en el que se insta al Ejecutivo autonómico a que se dirija al Gobierno de España para que la modificación legislativa estatal en curso preserve el carácter “universal, público y gratuito” del servicio de registro
Todos los grupos parlamentarios han dado su respaldo esta mañana en la Comisión Institucional y de Desarrollo Autonómico a una moción del PP de texto transaccionado en el que se acuerda que las Cortes insten al Gobierno de Aragón a que se dirija al Ejecutivo central para que, antes del próximo treinta de junio, éste prorrogue la completa entrada en vigor de la Ley de Registro Civil o bien que adopte los cambios y trámites legislativos necesarios y urgentes para mantener los registros civiles y juzgados de paz como elemento de cohesión territorial.
La diputada del PP Mar Vaquero ha presentado ante el órgano sectorial el contenido de la moción, dimanante de una reciente interpelación a la consejera Mayte Pérez, en la que a lo largo de cinco puntos reivindicaba las figuras de los registros civiles y los juzgados de paz, reivindicaba que la reforma en materia registral contribuyera “a la lucha contra la despoblación” y pedía garantías para que el cambio de modelo sólo se produjese una vez implantadas las aplicaciones informáticas y la tecnología necesarias. Vaquero ha apuntado que para lograr “la modernización” de la Justicia es necesario dotarla “de los medios oportunos” y, “en Aragón, ha lamentado, sigue existiendo una importante brecha digital”. Una deficiencia que, como reconoció recientemente la consejera Mayte Pérez, no permite ahora mismo la implantación de las herramientas tecnológicas que exige la reforma legal del Registro Civil. Esta situación a juicio de Vaquero provocaría a partir de julio “un vaciamiento de competencias” de los juzgados de paz y, como consecuencia, “su desaparición”.
Darío Villagrasa (PSOE) ha realizado una enmienda in voce y ha pedido un receso para reorientar el sentido de la iniciativa de impulso tras recalcar “taxativa e inequívocamente” que, con la entrada en vigor de la Ley de Registro Civil, “ni los registros civiles ni los juzgados de paz se van a cerrar”. Ese movimiento ha sido secundado por Itxaso Cabrera (Podemos EQUO Aragón) y Carmen Martínez (CHA), quienes han mostrado sus dudas sobre las verdaderas intenciones de la moción y han asegurado que la nueva ley contempla que los consistorios locales puedan asistir en tareas registrales.
En cambio, Beatriz García (Ciudadanos) sí ha estimado que la modernización que entraña la reforma legal en cuestión amenaza la continuidad de los registros civiles y los juzgados de paz “porque el territorio no está preparado” y su desaparición sería “una catástrofe”.
Desde Vox en Aragón, el parlamentario David Arranz ha defendido el papel que juegan los juzgados de paz para la “cohesión territorial” y se ha mostrado partidario de un registro civil “público, universal, descentralizado y gratuito”.
Por último, el portavoz de IU, Álvaro Sanz, ha constatado su preocupación por el hecho de que el próximo treinta de junio Aragón no vaya a estar preparado para garantizar esa mejora de la informatización de los servicios y ha defendido incluir la opción de una nueva prórroga.
Tras el receso, el órgano sectorial ha aprobado por unanimidad (incluido el apoyo del diputado del PAR, Jesús Guerrero, que se ha personado en la sala únicamente para votar), un texto introductorio en el que se incluyen las opciones de la prórroga o las modificaciones legislativas para la Ley de Registro Civil y, mediante el añadido del primer punto, se manifiesta la necesidad de mantener los registros civiles y juzgados de paz. En una segunda votación diferente, los otros cuatro puntos de la moción han decaído por la ponderación del voto (artículo 138 del Reglamento de las Cortes) ante el empate surgido de los apoyos de PP, Ciudadanos, Vox en Aragón e IU y el rechazo de PSOE, Podemos EQUO Aragón, CHA y PAR.